Roma, 23 Feb (Notimex).- Italia está comprometida a respetar derechos humanos en la aplicación de sus normas contra ilegales, declaró hoy el canciller Giulio Terzi luego que el país fue condenado por la Corte europea de Derechos Humanos por su política contra la inmigración ilegal.
“Estamos comprometidos a realizar en la medida más puntual y respetuosa posible las acciones de control (de inmigrantes)”, declaró Terzi a la prensa.
Descartó, sin embargo, comentar el veredicto de la Corte europea de Derechos Humanos que este jueves condenó por unanimidad a Roma, por la política contra la inmigración ilegal (aún vigente) aprobada por el precedente gobierno de Silvio Berlusconi.
En particular la Corte se refirió al llamado “caso Hirsi”, que involucró a 24 personas que en 2009 fueron expulsadas a Libia con consecuente violación del artículo tres de la Convención sobre Derechos Humanos, que es el que se refiere a los tratos degradantes y a la tortura.
Asimismo, la Corte estableció que Italia violó el veto a las expulsiones colectivas y el derecho de las víctimas de presentar impugnación ante los tribunales italianos.
Roma fue condenada además a pagar 15 mil euros, más gastos a 22 de las víctimas.
El caso Hirsi se verificó el 6 de mayo de 2009, a unos 50 kilómetros al sur de la isla italiana de Lampedusa, en aguas internacionales, en donde las autoridades italianas interceptaron un barco con unas 200 personas de nacionalidad somalí y eritrea, incluidos niños y mujeres embarazadas.
Los inmigrantes fueron cargados en barcos italianos y transportados a Trípoli contra su voluntad, sin ser identificados, ni interrogados y sin que pudieran solicitar derecho de asilo o protección internacional.
De los 200 inmigrantes, 24 fueron localizados por abogados de la Unión Forense para la Tutela de los Derechos Humanos, que presentó una denuncia ante la Corte europea de derechos Humanos (que este jueves emitió su veredicto).
Según asociaciones civiles, los inmigrantes repatriados a Libia debieron sufrir detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
Pero mientras el ministro para la Cooperación, Andrea Riccardi, declaró que la sentencia de la Corte “será recibida y evaluada con gran atención” y “hará repensar la política migratoria” del gobierno, el ex ministro del Interior de Berlusconi, Roberto Maroni, rechazó el veredicto.
“Es una sentencia política, otro golpe al sistema de seguridad y protección contra la inmigración clandestina”, aseguró Maroni.
