MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- Representantes del sector privado de Nuevo León pidieron al gobernador del estado, Rodrigo Medina, reconocer que no puede con la inseguridad en la entidad, y que abra paso a las fuerzas federales y militares para enfrentarla.
Los presidentes de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) y del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), Eugenio Clariond Rangel y Víctor Zorrilla Vargas, respectivamente, así como el director de Coparmex, José Mario Garza Benavides, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para exponer su preocupación ante la escalada de violencia que vive el estado.
Zorrilla Vargas sostuvo que la estrategia estatal de seguridad es errática, y de plano pidió al mandatario local hacerse a un lado, reconocer que no puede con el problema y darle oportunidad a las fuerzas militares y federales.
Por su parte, el director de Coparmex dijo: “Al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad en Nuevo León es la seguridad y no los procesos partidistas”.
Añadió:
“Le exigimos ocuparse en el trabajo para el cual fue conferido y que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que hoy enfrentamos”.
El empresario señaló que de acuerdo con el pulso metropolitano de la entidad, “el mandatario estatal en seis meses se encuentra 10 puntos porcentuales menos comprometido con la seguridad del estado”.
A nombre de los organismos intermedios, Zorrilla Vargas lamentó la muerte de 44 reos, ocurrida el pasado lunes 20, y el “grave descontrol” que priva al interior del penal de Apodaca.
Consideró “indignante” la descomposición de los cuerpos policiacos y los elementos vinculados con la seguridad en el estado.
Ahora “se da a conocer que cerca de 20 custodios y funcionarios de ese penal confesaron participar en estos hechos violentos al permitir el ataque y la fuga de reos”, fustigó.
Recordó que durante el año pasado los empresarios insistieron en la necesidad de que las autoridades implementaran una estrategia para retomar el control de los penales del país, al ser un “foco de alerta y corrupción latente”.
Pero ante los recientes hechos de anarquía que se han presentado en los penales de la entidad, expresó, “urgimos a que el gobierno estatal reconozca públicamente que no puede hacerlo (tomar el control) y dé paso a las fuerzas militares y federales para lograrlo.
“De la forma en que el gobierno del estado está actuando en éste y otros casos, es perceptible que la seguridad no es su prioridad número uno”, acusó Zorrilla Vargas.
En su opinión, el gobierno parece más preocupado en nombrar a un secretario de Gobierno “que opere una plataforma hacia las próximas elecciones”, así como en apoyar “la licencia de la alcaldesa de uno de los municipios con mayores problemas de seguridad en el estado”.
El director de Comparmex Nuevo León, José Mario Garza Benavides, afirmó que “el caso del penal de Apodaca es aún más grave que el del Casino Royale, desde el punto de vista de responsabilidad, pues se da dentro de un recinto que en esencia debería estar completamente controlado.
“Deviene claramente de actos de corrupción de funcionarios públicos y, por si fuera poco, el director de este penal había sido declarado como no confiable y aun así el gobernador de Nuevo León lo instaló en ese cargo”, criticó.
El empresario comentó que directivos de la iniciativa privada ya propusieron federalizar cuanto antes el penal de Apodaca y emprender acciones inmediatas tendientes a depurar los penales del estado.
Para lograrlo, coincidieron en la necesidad de trasladar a reos peligrosos del fuero federal a penales de máxima seguridad como el de Puente Grande o las Islas Marías, así como delinear un programa de preliberación de presos del fuero común.
