Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Todo empezó porque los católicos del ejido Puebla en Chenalhó, Chiapas, quisieron construir un templo y los presbiterianos de la localidad los echaron a punta de balazos, amenazas de muerte y quema de casas. O eso dicen algunas versiones.
El comisario del ejido, Agustín Cruz Gómez, que además es el pastor de los presbiterianos, acusó a tres católicos de envenenar el agua que bebe la comunidad y casi fueron linchados. Entonces, huyeron. Tomaron lo poco que pudieron, algunas ropas y se echaron al hombro a sus hijos y caminaron entre la maleza, asustados, exiliados de su tierra.
Dejaron sus parcelas, la siembra a punto de la cosecha, los caballos, perros, guajolotes, cerdos y gallinas.
Hoy, después de seis meses de permanecer refugiados en el Campamento Zapatista de Acteal, regresan 17 familias desplazadas por un conflicto religioso, a luchar por lo que queda de la cosecha de café para sobrevivir y a levantar de los escombros y el saqueo, sus hogares.
“Llevamos ya al Ministerio Público para que diera fe de todo lo que nos hicieron: nos saquearon, nos robaron, no dejaron nada en las casas, las dejaron vacías. En mi casa se llevaron los utensilios de cocina, las cubetas de agua, las ánforas, las mangueras: nos cortaron el agua y la luz. Teníamos despulpadoras para el café, canastas para el corte y costales de café, todo se llevaron”, dijo Nicolás Cruz Pérez, representante de los desplazados.
Ese es el panorama que las 17 familias –conformadas por 100 personas, de las cuales 45 son niños-, encontrarán hoy a su regreso, después de su salida abrupta el 21 de julio del año pasado.
En total hay 300 familias presbiterianas y 32 católicas en el ejido. Aún con amenazas hay quienes decidieron quedarse porque no pudieron huir.
“Se quedaron con miedo 15 familias y sufrieron mucho. No pudieron salir a sus parcelas a traer leña y no pudieron escapar porque tienen muchos hijos, aunque hubo quema de casas, aguantaron y se quedaron con miedo, amenazados de muerte”, dijo
LA AUTORIDAD NO ESCUCHA
Nicolás recordó que días después de que salieron huyendo del ejido, el gobierno del estado les condicionó el regreso, a cambio de firmar una carta.
En aquel documento, los católicos se comprometían a callar y a mantener oculto el conflicto del ejido Puebla de los medios de comunicación y de la opinión pública.
Los desplazados no quisieron firmar y las autoridades no hicieron más.
En total impunidad la gente del comisariado ejidal robó, saqueó, dejó en la calle a las familias desplazadas y sin escuela a sus hijos.
“Se llevaron los muebles, ropas, cobijas y a los animales. El sábado vamos a ir hacer un recorrido por las parcelas para dar fe de lo que hay ahí. Hay árboles derribados, y de la cosecha, no sé qué vamos a encontrar, porque ya se termina en febrero. Queremos que el gobierno nos repare los daños porque los cafetales ya se han de haber perdido”, dijo.
Para Nicolás el costo de ser católico y pretender construir un templo, fue elevado.
“No hay tolerancia para con nosotros desde otras religiones, nos distinguen mucho, no nos quieren por ser católicos. Dicen que somos los que provocamos problemas, nosotros como católicos no somos así, intentamos ser respetados por ellos, pero ellos no nos tratan igual”, dijo.
El desplazado prosiguió: “Su creencia es diferente que nosotros, ellos están muy confiados con sus armas, ellos no se defienden con palabras, sino con armas”.
Fue el 18 de julio cuando la situación se salió de control y los presbiterianos derrumbaron un muro que se construyó para el nuevo templo católico.
Ante la queja de los católicos que interpusieron en el Ministerio Público, el comisario aprehendió a Mariano Méndez Méndez, Juan López Méndez y a Luciano Méndez Hernández y los acusó de envenenar el agua.
La acusación casi les cuesta la vida a manos de la comunidad enardecida.
Las 17 familias saldrán de Acteal a las 7:00 de la mañana para arribar al ejido a las 9:00 horas del día de hoy.
Desde el 8 de enero los desplazados están buscando cómo regresar, pero faltaban las organizaciones que fungirán como observadores.
Hasta el momento sólo El Centro de Derechos Humanos Frayba en el estado de Chiapas ha confirmado su participación.
“Queremos decirles a las organizaciones nacionales y a las internacionales que vengan a Chiapas, que nos apoyen, que participen como observadores, nosotros ya queremos regresar a nuestra casa. Hemos sufrido mucho”, dijo Nicolás.
