La disputa política es también una pelea por la atribución cuando no la invención de sentido en materia de seguridad… o cualquiera otra.

Hasta el cansancio se habla de “militarización” cuando el Gobierno federal o los gobiernos de Morena promueven, muestran, estimulan una mayor participación de las fuerzas armadas en seguridad pública.

Aun cuando se afirme que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es “todopoderoso” —tanto que, curiosamente se le insulta o se habla de sus reales o supuestas fallas incesantemente en medios convencionales como en cualquier país democrático sucede con todo mandatario… y más allá— se habla de una militarización la cual, lo primero y esencial que implicaría sería la subordinación del poder civil al militar, es decir, la ausencia de un civil “todopoderoso”.

De pronto hay que recordar, revisitar, definiciones aceptadas en el resto del mundo, especialmente entre estadounidenses e ingleses, autores del mundo elaborado del vocabulario y la acción de “seguridad”, o mirar nuestra propia revisión de esa órbita, o hacia donde también se enunciaron y evolucionaron las nociones democráticas y de seguridad incluida quizá la antigüedad grecolatina… o no.

Hall Abigail y Christopher Coyne, en “The Militarization of U.S. Domestic Policing”, distinguen, por ejemplo, entre militarización directa e indirecta. La primera referida a los casos de despliegue para labores de control interno, y la segunda relacionada con los rasgos militares adoptados por las policías civiles.

En cualquier caso, el proceso de militarización se completa en función de que sea un organismo castrense el que asuma el control de las acciones o las decisiones finales.

La militarización básicamente consiste —según Lisa Sánchez y Gerardo Álvarez en “Militarización y militarismo en México”— en un aumento progresivo de la presencia y facultades legales de las fuerzas armadas, al tiempo que se registra una pérdida del gobierno civil.

En México, desde hace varias administraciones las fuerzas armadas han apoyado en seguridad pública, principalmente frente al crimen organizado, pero en todo momento supeditadas al gobierno civil del presidente en turno —o de los gobernantes estatales correspondientes— que ha aprovechado la legitimidad y capacidad operativa de estas corporaciones.

La militarización está más en la boca de los académicos, comentaristas y actores solitos opuestos a la 4T que en la noción recibida por una población a la cual el vocablo no le aplica una plataforma de distanciamiento o descrédito.

A nivel nacional, el Ejército tiene una aprobación del 82.3 por ciento en su desempeño y la Guardia Nacional del 71.9, mientras que la confianza es del 83.8 y 75.2 respectivamente. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi indican que la necesidad de la ciudadanía está por encima de supuestos riesgos de “militarización”.

Tampoco la presencia de la GN en las instalaciones del Metro puede ser expuesta más que demagógicamente presentada como evidencia de militarización: el control operativo y la toma de decisiones es ultimadamente de autoridades civiles.

El interés, como lo ha dicho la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la seguridad de las y los usuarios, principalmente ante la evidencia de acontecimientos atípicos que podrían haber sido malintencionados o intencionales.

En la crítica hay cierto e inevitable oportunismo político o arbitrario énfasis en el proceso de sentido.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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