En casi toda nuestra vida diaria, nos vemos influenciados por nuestros vecinos del norte: comida, consumismo, tecnología, modus vivendi, etc. El problema reside cuando nuestras políticas públicas son guiadas por intereses ajenos a nosotros y cuando además dichas políticas son contraproducentes.
Tal es el caso de la política criminológica la cual desde los 70’s en Estados Unidos se ha caracterizado por tener mano dura con el crimen. “Tough on crime”, “Cero tolerance” y “Three strikes and you are out” son solo ejemplos de cómo las directrices norteamericanas han apostado por la exclusión, etiquetación y segregación del desviado, a diferencia de países como los Nórdicos quienes son incluyentes.
Actualmente Estados Unidos tiene una población penitenciaria de 716 por cada 100 mil habitantes, una cifra altísima comparada con el resto del mundo y en específico con los del continente Americano donde le siguen El Salvador con 425, Belice con 407 y Panamá con 392, México tiene una tasa de 207.[1] EE.UU. tiene más población encarcelada que 36 países europeos juntos.
Es importante mencionar que EE.UU. representa aproximadamente el cinco por ciento de la población mundial, sin embargo, en cuanto a población penitenciaria se refiere, representa el 25% de todas las personas que se encuentran detrás de rejas, lo que se traduce en 2,239,751 presos.
Esto implica que gran parte del presupuesto se destine al sistema de justicia cuando podría ser aprovechado para la prevención, educación, sanidad, etc. Ya está por demás comprobado que la inversión en estas áreas reditúa mucho más a la sociedad que lo primero (por cada dólar invertido en programas de educación temprana de alta calidad, hay un retorno de siete dólares a la sociedad en su conjunto, incluyendo seis dólares de ahorro para el sistema de justicia).[2]
Ya algunos estados se están dando cuenta de que están gastando muchos impuestos en la cárcel, hasta Schwarzenegger, ex gobernador de California, quien a pesar de ser inmigrante se ha caracterizado por ser intolerante y excluyente, en 2010 propuso una enmienda para no permitir mayor gasto en el sistema de justicia que sus estados homólogos.
¿Qué beneficios les ha traído tener esta política sumamente exclusiva y punitiva que se pueda comprobar con evidencia científica?
1.- Disminución en tasa de criminalidad: NO. La tasa de criminalidad se ha mantenido estable, sin importar la punitividad de las políticas.
2.- Reducción de reincidencia: NO. Los estudios han comprobado que el 67.5% de los prisiones, en menos de tres años fueron arrestados por una nueva ofensa. Uno de cada 2.3 presos regresa a prisión.
3.- Aumento de gasto público: SI. Uno de cada 14 dólares del presupuesto público es gastado en las prisiones.
4.- Prisión como factor criminógeno: SI. Algunos criminólogos han comprobado que sobre todo en primo-delincuentes, la prisión actúa como un factor de riesgo para cometer nuevos delitos ya que promueve a grandes rasgos la asociación con otros delincuentes, se les reducen el contacto con la familia y con el exterior y se les excluye y estigmatiza una vez que salen.
¿Por qué entonces los mexicanos seguimos la tendencia de EUA de mano dura contra el crimen y encarcelamiento masivo? Nuestras políticas públicas deberían de ser guiadas por la ciencia y por la evidencia más que por la moda y la influencia política, aunque debo de aceptar que ante el monstruo neoliberal que tenemos al norte, doble esfuerzo tenemos que hacer.
[1] International Centre for Prison Studies
[2] http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_vigia_I.pdf
