Los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo publicaron este viernes en el diario español El País el reportaje “Gobernadores mexicanos, narcos y jerarcas chavistas ficharon a una firma española de desinformación para lavar su imagen en la red”, en el que exhiben cómo Eliminalia, una firma española especializada en desinformación y noticias falsas presionó a SinEmbargo, y a muchos otros medios en el mundo, a “bajar” información para no exponerse a una sanción desde el exterior que, hoy se sabe, es mentira.
Ciudad de México, de febrero (SinEmbargo).- Joaquín Gil, periodista de El País, aseguró que de América Latina, México es el principal cliente de Eliminalia, firma española que “se dedica a eliminar el rastro de personas en la red, principalmente narcos, corruptos, blanqueadores, que tocan a su puerta con la promesa de esta empresa de eliminar el rastro online“.
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Joaquín Gil explicó que la mayoría de los casos que se tratan en Eliminalia son ilícitos puesto a que los clientes son políticos corruptos, en los que hay un interés periodístico.
“México es el primer cliente y entre los clientes de México pues lo que publicamos en El País, está el caso de Javier Duarte, él es (ex)gobernador de Veracruz implicado en un caso de corrupción y que se encuentra en prisión condenado a nueve años de cárcel; el señor Pedro Haces Barba, líder sindical, amante de la tauromaquia, expriista, un hombre pues que encargó ocultar en Internet decenas de informaciones que le perjudicaban”.
“Luego, por otra parte, estamos hablando de casos de personas que quieren apartarse de la red, que quieren desaparecer por motivos legítimos. Tenemos muchos casos, que por supuesto no hemos publicado, de personas que ejercieron la prostitución hace diez años y quieren borrar esas páginas de sus teléfonos, con sus contactos, con información que les vinculaba, pero el caso de los clientes que publicamos tanto en la edición de Latinoamérica de El País como en la edición española son casos, en la mayoría de ellos, que son clientes ilegítimos, es decir, gente que contrató a Eliminalia con la promesa de que podía enterrar informaciones negativas que de forma legitima habían sido publicadas en medios de comunicación”, abundó.
Los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo publicaron este viernes en el diario español El País el reportaje “Gobernadores mexicanos, narcos y jerarcas chavistas ficharon a una firma española de desinformación para lavar su imagen en la red”, en el que exhiben cómo Eliminalia, una firma española especializada en desinformación y noticias falsas presionó a SinEmbargo, y a muchos otros medios en el mundo, a “bajar” información para no exponerse a una sanción desde el exterior que, hoy se sabe, es mentira.
En este sentido, SinEmbargo se vio obligado a bajar el artículo “Senador Pedro Haces, suplente de Germán Martínez, fue fichado por robo y portación de armas”, de la periodista Sanjuana Martínez, publicado en marzo del 2019.
“Eliminalia utiliza distintas técnicas de desinformación para ocultar la información negativa de sus clientes, una consiste a través de una red de 600 webs, bueno pues publicar una serie de noticias falsas para engañar el algoritmo de Google y conseguir así que las noticias falsas de los clientes vayan a las últimas páginas y la última técnica consiste en enviar peticiones masivas a medios de comunicación apelando a que estos han vulnerado la Ley de Protección Intelectual”, explicó Joaquín Gil sobre el modus operandi de la firma en entrevista con Los Periodistas.
“Esta es una técnica que se ha utilizado para intentar que se baje, que se oculte, de la web informaciones de personas que tienen un interés periodístico y por lo tanto debe ser objeto de noticias de los periodistas, esto es lo que hace Eliminalia. Yo creo que [Eliminalia] es un enemigo de la información y un enemigo del periodismo porque de alguna forma lo que hace es ir contra nosotros, las personas que estamos a favor de la prensa libre, de la libertad de expresión, y de publicar lo que otros quieren ocultar”, añadió.
En la investigación exhibida por el consorcio internacional de medios Forbidden Stories y el diario El País se dio a conocer que la empresa “ha ingresado en la última década millones de euros por limpiar la reputación en Internet de centenares de condenados e investigados en 54 países por corrupción, blanqueo, abusos sexuales y narcotráfico”.
De acuerdo con el medio español la relación de clientes de Eliminalia en Latinoamérica contempla a más de 400 ciudadanos y empresas, en donde México tiene 159 usuarios, Colombia 73, Argentina 51 y Perú 32.
Dentro de la nómina de la firma hay desde “exgobernadores atenazados por la corrupción, como el priista mexicano de Veracruz Javier Duarte, a médicos con un tenebroso pasado vinculado a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el brazo represor de la dictadura del general chileno Augusto Pinochet (1973-1990), como Hernán Horacio Taricco Lavin. Hay también familiares de dirigentes chavistas sobornados presuntamente por la constructora brasileña Odebrecht, como María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela Haiman El Troudi, y empresarios señalados por blanquear para el cártel mexicano de Los Zetas. Es el caso de Miguel Ángel Colorado Cessa”.
A pregunta expresa de Álvaro Delgado sobre el “derecho al olvido”, el periodista español Joaquín Gil insistió en que hay que diferenciar entre los clientes legítimos, “esas personas que contratan Eliminalia porque quieren borrar un episodio de su vida, pero que son personas que no son públicas, que no son políticos, que no son cargos públicos y por tanto tienen el derecho de enterrar su pasado si así lo quieren” y los clientes ilegítimos como “Javier Duarte, que ha sido condenado, que está cumpliendo prisión, está sometido a una condena de nueve años de cárcel. Este señor ha cometido unos actos de corrupción e independientemente de eso tiene un interés periodístico porque Veracruz es el tercer estado más importante de México y evidentemente esa persona es una persona de primer nivel y tiene que ser objeto pues de una información”.
🔍 En el informe anual de 2017, señalamos cómo el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, solicitó a través de #Eliminalia que @vanguardiamx y @SinEmbargoMX retiraran de sus portales imágenes y notas relacionadas con los hechos que se le imputaban:https://t.co/VsrA0z3hby pic.twitter.com/6Sl1mGBipt
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 17, 2023
En ese sentido, la organización Artículo 19 sostiene que “el denominado ‘derecho al olvido’ está siendo utilizado para restringir información relevante y útil para la sociedad bajo argumentos centrados en la privacidad y protección de datos personales aplicados de manera equivocada e inconstitucional, mismos que atentan contra la libertad de expresión e información”, haciendo énfasis en que éste “lejos de un avance en el ejercicio de derechos, es una amenaza grave al ejercicio de los mismos”.
Según reportaron Joaquín Gil y José María Irujo, las tarifas que desembolsan políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios en apuros por eliminar su rastro digital oscilan entre los 500 dólares a 427 mil 584 dólares.
Finalmente, Joaquín Gil cuestionó si la información que vulnera la reputación de una persona que atravesó por un proceso judicial y fue absuelta, debe permanecer en Internet.
“Ahí hay un debate porque si esa persona finalmente ha sido absuelta, esa información donde se siembra una duda sobre esa persona, debe permanecer en Internet o no, evidentemente esa persona tiene derecho a tener un trabajo, tiene derecho a tener un pareja, no puede ser condenado a una muerte civil, ese es un debate que todavía no está aclarado”.
