En Chiapas es común la venta de niñas, denuncia ONG. Foto: Cuartoscuro

En Chiapas es común la venta de niñas, denuncia ONG. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– El caso de una menor  tzotzil de 14 años, Roxana “N” que fue encarcelada en Chiapas al abandonar a su pareja y negarse a devolver 15 mil pesos más intereses que pagó por ella, no es el único: la venta de niñas en la región, en pleno Siglo XXI es una práctica frecuente, dijo Jennifer Haza Gutiérrez, directora general del Melel Xojobal.

“No hay información sistemática de cuál es la incidencia de pagos de mujeres que son vendidas a hombres para contraer matrimonio, pero es una práctica habitual en municipios como San Juan Chamula e incluso en San Cristóbal de las Casas, donde sucede a menudo”, dijo la defensora de los derechos de la infancia.

Roxana, de 14 años, permaneció en una cárcel comunitaria en San Juan Chamula durante 29 horas, cuando un Juez de la Paz le impuso una multa que no pudo pagar porque abandonó al hombre con la que la obligaron a casarse.

La familia de la menor recibió 15 mil pesos por ella. La metieron a la carcel porque ella huyó y, por lo tanto, no cumplió el acuerdo que hicieron sus padres.

“Aquí la familia argumenta que ese dinero lo pagó para gastos de la boda, pero el asunto es que los Usos y Costumbres no se pueden argumentar para evadir la responsabilidad que el Estado tiene y para ocultar que no puede garantizar los derechos de las adolescentes y de las niñas. De acuerdo con el Código Civil del Estado de Chiapas ningún menor de 16 años puede contraer matrimonio sin el permiso de los padres y de acuerdo con el Artículo 17 de la Constitución Mexicana nadie puede ir a prisión por deudas de carácter civil”, dijo la Haza Gutiérrez.

Sin embargo, la familia de Roxana dijo a la prensa el día de su liberación, que el juez ordenó a la niña pagar una multa de 24 mil 700 pesos por los gastos de la boda que demandaba la familia de su esposo, así como por los intereses generados. Al no poder pagar esta suma, fue encarcelada bajo promesa de ser liberada cuando abonara dicha deuda.

Estuvo entre “mierda y basura”, dijo, por negarse a tener una vida marital a los 14 años.

La Carta Magna es clara. En el artículo segundo de la Constitución, reformada el 14 de agosto de 2001, se establece el derecho de las comunidades indígenas a regirse bajo sus Usos y Costumbres, la Ley ampara a la mujer, al menos en teoría.

El párrafo segundo establece el derecho de las etnias de: “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”.

En el caso de Roxana se violaron todos sus derechos, pues la menor precisó al momento de su liberación al diario La Jornada que fue detenida para obligar a su familia a pagar 24 mil pesos por haberse separado de su pareja, Armando López de 18 años de edad, luego de vivir juntos tres meses.

“En general se violaron los derechos de la niña, sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho de elegir a su pareja y de decidir separarse de esa persona. Una niña indígena tiene exactamente los mismos derechos de una que no lo es y en este caso se debe investigar a quienes violentaron sus derechos y tomar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad”, dijo.

Jennifer Haza indicó que la violación de los derechos de la mujer en Chiapas es grave y que el Estado se mantiene al margen.

“Este es un asunto más amplio, una situación de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el estado, muchos casos de indígenas que no se han atendido, pero también de no indígenas”, dijo.

UN ESTADO OMISO

La violencia. Foto: Cuartoscuro

El Estado permanece  omiso en casos de violencia contra la mujer. Foto: Cuartoscuro

En Chiapas no sólo se vende a las niñas indígenas, también se asesina a las mujeres y el Estado permanece omiso.

Alma Padilla García, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, dijo que en lo que va de 2013 se registraron más de 80 casos de feminicidio en la entidad y un centenar más de denuncias de abusos.

El noviembre del año pasado varias organizaciones solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) emitir una alerta de género debido al incremento de las agresiones en la entidad, pero fue negada.

Ante la negativa, el colectivo de organizaciones decidió declarar su propia alerta de género e iniciar una campaña de concientización y prevención.

“El Estado no está cumpliendo con la parte que le toca en los procesos de transformación. En promedio  en lo que va de 2014 son como 100 casos de violaciones a nivel general. El Estado debería generar procesos reales de justicia y estar atento a las violaciones que se cometen en contra de las mujeres, el caso de la niña no es el único, hay muchos y no sólo en las comunidades indígenas y campesinas, también en las ciudades”, dijo Padilla.

La activista dijo que el Estado mexicano no ha generado procesos educativos y de justicia para las comunidades en Chiapas.

“Quedan en la impunidad, no se siguen los parámetros de las leyes reales, no les dan a las mujeres traductoras, no se le pone atención a su situación jurídica. El caso  de la niña encarcelada devela que no sólo es la situación de los usos y costumbres, sino que el Estado no atiende no está cumpliendo. No es sólo la responsabilidad de una comunidad, sino del gobierno mexicano”, dijo.

De acuerdo con Alma Padilla, la alerta de género tendría como función no sólo poner atención en los feminicidios, sino también en el resto de violaciones de derechos humanos que se cometen en Chiapas, como la venta de las hijas para matrimonio.

En México ningún estado del país ha emitido una alerta de género, cuando al día se cometen 6.4 feminicidios según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Hasta la fecha el gobierno federal negó la alerta de género en ocho ocasiones en total a los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León.

La última declaratoria que se negó fue a Chiapas, pues la solicitó exactamente el 25 de noviembre, cuando se publicaron los cambios en el Diario Oficial de la Federación, pero se resolvió con el reglamento anterior, debido a que el nuevo entró en vigor un día después de su publicación.