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Germán Petersen Cortés

17/03/2015 - 12:04 am

La Corte que viene

A pesar de la oposición que generó la candidatura de Eduardo Medina Mora a ministro de la Suprema Corte, el ex Embajador ya despacha en el máximo tribunal. El arribo de Medina Mora se da dos meses después de que el ministro Luis María Aguilar se convirtiera en presidente de la institución, ganándole la partida […]

A pesar de la oposición que generó la candidatura de Eduardo Medina Mora a ministro de la Suprema Corte, el ex Embajador ya despacha en el máximo tribunal. El arribo de Medina Mora se da dos meses después de que el ministro Luis María Aguilar se convirtiera en presidente de la institución, ganándole la partida al ministro Arturo Zaldívar. Con la llegada de Medina Mora a la Corte se puso en riesgo la independencia de la institución frente al Ejecutivo y con la victoria de Aguilar sobre Zaldívar se impuso la ortodoxia burocrática sobre la inventiva jurídica.

Ambos casos, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, ya están cerrados. Frente a ellos, no queda mucho más que monitorear el desempeño de ambos ministros, asumiendo –con realismo– que la incidencia que tiene la crítica pública sobre la Corte es escasa.

Sin embargo, trascendiendo estos dos nombramientos, hay una disyuntiva hacia el futuro: continuar en el lamento o preparar el terreno para que las dos vacantes que se abrirán en la Corte a fines de este año sean ocupadas por los mejores juristas para tales posiciones. Me parece que la mejor alternativa es la segunda: enfocar las baterías en los reemplazos de la ministra Sánchez Cordero y del ministro Silva Meza. Con presión sobre el Ejecutivo y el Legislativo mucho se puede lograr.

De entrada, lo mínimo que debe pedirse a alguien que aspire a ministro es que no milite en un partido político. La Corte es la institución que está en la cima del poder Judicial y vigila a los otros dos poderes. Se trata, nada menos, del garante último del orden constitucional, del respeto a los derechos humanos y del adecuado desempeño del Estado. En una instancia de esta naturaleza, simple y llanamente no caben personajes cuya militancia partidista les conducirá a parcializarse en un enorme porcentaje de los asuntos que la Corte revisa. La amenaza tiene nombre y apellido: Raúl Cervantes, senador con licencia del PRI, quien añora integrarse al máximo tribunal.

Desde luego que no basta con no ser militante de un partido para cumplir con el perfil idóneo. Ostentar la dignidad de ministro debería demandar, cuando menos, estudios de posgrado, experiencia en investigación, amplio reconocimiento como jurista y una larga trayectoria en la academia, el poder Judicial o la práctica privada del derecho, esto último sobre todo en ámbitos donde ni los académicos ni los jueces y magistrados suelen tener mucha experiencia, como el derecho notarial y el corporativo.

Ahora bien, si se quiere evitar otra terna como la de Medina, con un solo candidato y dos rellenos para cumplir con la formalidad de presentar tres nombres, habrá que presionar al Ejecutivo para que postule tres aspirantes competitivos. Sería de lamentar que el Presidente incluyera en las ternas por venir a personajes de la talla del magistrado Horacio Hernández, relleno de la terna de Medina Mora, quien el martes anterior utilizó sus diez minutos ante el pleno del Senado para hacer un azucarado recuento de su trayectoria, cargado de frases hechas y, por si fuera poco, narrado en tercera persona.

Después de la experiencia que deja el nombramiento de Medina Mora, el Senado está obligado a cambiar la mecánica bajo la cual elige a los ministros. Lo ideal, desde luego, sería que se reformara la Constitución, abriendo más espacios a la participación de la sociedad en el proceso. No obstante, aun si no hubiera una reforma legal, el proceso tendría que cambiar en los hechos. El Presidente debería abrir foros para definir la terna y luego el Senado debería convocar sus propios foros para procesar la decisión. Democracia es también participación ciudadana dentro de las instituciones, no solo integración de autoridades.

Si se trata de adelantar nombres de los mejores candidatos, pongo sobre la mesa el de Ana Laura Magaloni: académica reconocida, formadora de abogados garantistas, acaso la investigadora que más se ha adentrado en los retos y promesas del sistema penal acusatorio y, una jurista que no solo conoce el derecho en los libros sino también cómo echar a andar instituciones, políticas e instrumentos que conviertan el derecho de los libros en mayor justicia en la realidad.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés
Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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