Durante los últimos meses ha salido a la luz que dentro de organismos dependientes de la Semarnat se ha dado el despido de varios elementos, lo cual ha provocado la desaparición de plazas en el rubro ambiental. Por esta razón, la ANEA lanzó una petición en Change.org para exigir al Gobierno de la República frenar la situación e impulsar la educación en dicha materia.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– La Academia Nacional de Educación Ambiental, AC (ANEA) y cientos de ciudadanos exigen al Gobierno federal evitar que desaparezcan los espacios públicos dedicados a promover la educación ambiental en nuestro país, lo que, de acuerdo con expertos, cobra gran importancia cuando la Ciudad de México se encuentra en “emergencia” debido a la contaminación.

Los inconformes piden “evitar que se debilite la presencia institucional de la educación ambiental (EA) en el Gobierno federal, y que con ello se afecte a otros actores sociales que vienen, desde hace más de tres décadas, contribuyendo a la construcción de este campo de conocimiento y acción. Como es lógico, estos actores muchas veces requieren del apoyo o la articulación con las instancias oficiales que toman las decisiones políticas y administrativas”, dijo el doctor Javier Reyes Ruiz, vocal de la Comisión Académica de la ANEA, a SinEmbargo.

En la plataforma Change.org, la ONG lanzó la petición “Que Semarnat detenga la desaparición de espacios públicos de educación ambiental en México“, la mañana del sábado 14 de marzo, dirigida al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Rafael Pacchiano Alamán.

Hasta el momento, más de 500 ciudadanos han firmado la demanda donde la ANEA manifiesta su “más enérgica protesta por el desmantelamiento de los espacios de educación ambiental que la actual administración del Gobierno federal ha realizado en prácticamente todos los ámbitos institucionales, lo cual contribuye a acelerar el grave y creciente deterioro de la calidad de vida de la población y del patrimonio ecológico y cultural de nuestro país”, se lee.

En el mismo sentido, Reyes Ruiz expuso que “sin política pública, con instituciones federales debilitadas en la materia y con un Gobierno bastante deficiente en su labor sobre la sustentabilidad, lo que demandamos es que, por lo menos, no se arrase con instancias institucionales que ha dado tanto trabajo construir, por muy insuficientes que éstas sean en función de la problemática que se enfrenta”.

Esto, luego de que durante los últimos meses saliera a la luz que dentro de organismos como las Comisiones Nacional Forestal (Conafor), de Áreas Protegidas (Conanp) y Nacional del Agua (Conagua), así como en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), se dio el despido de varios elementos y la desaparición de plazas.

Por ejemplo, el periódico La Jornada informó el pasado 12 de enero que sólo en diciembre de 2015 en la Conanp fueron cesados alrededor de 60 empleados. En el caso del Cecadesu desaparecieron 22 plazas, que significan alrededor del 70 por ciento del personal, lo cual implicó cerrar tres direcciones de área, siete subdirecciones  y 13 jefaturas de departamento, además de despedir, en cuando menos 14 delegaciones federales en los estados, a los responsables de educación ambiental.

El despido de los educadores ambientales, entre otros perfiles de funcionarios, en las Áreas Protegidas también fue masivo, de acuerdo con la Academia.

Lo anterior, puntualizó el doctor, “deja la duda de si se trata de una consecuencia del recorte presupuestal o bien de desproteger ecosistemas ampliamente apetecidos para su explotación económica. Hay que ser ingenuos para pensar que sólo es lo primero”.

Además, reconoció que los últimos diagnósticos y balances nacionales sobre la educación ambiental revelan que las iniciativas han ido creciendo, pero sólo “gracias al compromiso de ciudadanos, instituciones y organizaciones que, casi con las uñas, se han aferrado a realizar trabajos de formación, a pesar de la carencia de una política pública que favorezca el desarrollo de este campo”.

La educación ambiental es un factor fundamental en la construcción de la sustentabilidad nacional, según la ANEA, pero, sin una ciudadanía comprometida con la protección de los ecosistemas y con su propia calidad de vida, no será posible detener ni revertir los graves procesos de deterioro sociales y ambientales.

“No se trata solamente de que la población separe residuos o ahorre agua y energía, sino que tenga la información y las competencias necesarias para comprender y transformar el contexto ambiental en el que vive, y en consecuencia hagan valer el derecho inalienable a un entorno sano, lo que muchas veces significa enfrentar a poderosos intereses económicos y políticos. Esto se agrava si consideramos que no sólo hay un proceso de desmantelamiento institucional del sector ambiental, sino que a la par hay denuncias por todo el país por la creciente estrategia económica del gobierno para promover proyectos mineros, hidroeléctricos, forestales, que empobrecen a la población y dañan enormemente a los ecosistemas”, destacó.

Otra de las funciones centrales de la educación ambiental, aseguró, es contribuir a que la ciudadanía piense críticamente en el mundo y reflexione sobre el sentido de su vida y el respeto a la de los demás (humanos y no humanos), analice sus hábitos de consumo y los conecte con los impactos ambientales, cobre conciencia sobre su derecho a un ambiente sano y, por lo tanto, autogestione y exija al Estado, o a cualquier otro actor social, tanto una mejor calidad de vida como la conservación de los ecosistemas.

“No es posible que esto se pueda realizar con funcionarios que desconozcan los principios éticos, políticos y pedagógicos de la educación ambiental y que su aspiración sea incrementar el acopio de latas de aluminio o de PET. Por otro lado, la SEP y las universidades requieren de interlocutores gubernamentales técnicamente capaces en materia de sustentabilidad para mejorar la educación ambiental, no niños verdes sin competencias académicas para articular propuestas educativas consistentes”, agregó.

A nombre de la Academia, el especialista envió un mensaje a Rafael Pacciano y a Enrique Peña Nieto sobre el abandono oficial a la educación ambiental: “no vemos la menor congruencia entre, por un lado, lo que se declara públicamente y se suscribe a nivel internacional y, por otro, las decisiones que se toman para ejecutarse en el país. Resulta impostergable darle espacio a personas con probadas capacidades técnicas, honestas y comprometidas, en las instituciones federales vinculadas con la sustentabilidad y, junto con ellas a las fuerzas sociales vinculadas a la educación ambiental para construir políticas públicas pertinentes, sólidas y viables, con el fin de contribuir a detener el desastre ecológico y social que a nivel local y nacional estamos viviendo”.

Mejorar la educación ambiental en el país, reconoció Reyes, es una tarea difícil, ya que se requiere de una visión estratégica, elaborada colectivamente con amplia participación oficial, para permitir e impulsar el fortalecimiento y consolidación de este campo.

FUERTES CONSECUENCIAS

De acuerdo con el doctor, el radical debilitamiento institucional de la educación ambiental dejará, por un lado, sin recursos a proyectos que tenían una fuente importante en los subsidios que recibían y sin las articulaciones intersectoriales que había gestionado el Cecadesu a nivel nacional; por otro lado, “no se ve que con decisiones así se pueda revitalizar dicho Consejo, que ya de por sí estaba prácticamente sin actividad alguna porque en los hechos así lo decidió, caprichosamente, la propia Semarnat”.

Asimismo, destacó que la renuncia a un ejercicio profesional de la educación ambiental, con el despido de gente con estudios especializados y con amplia experiencia en la educación ambiental, deja al sector del Gobierno federal con marcadas deficiencias para atender este campo.

Por otro lado, Reyes Ruiz comentó que aunque el apoyo gubernamental a los proyectos o iniciativas de educación ambiental siempre ha sido insuficiente, esporádico o coyuntural, se llevaban a cabo acciones nada despreciables entre grupos civiles, organizaciones de base, centros de cultura ambiental e instituciones educativas, que con un mínimo apoyo lograban organizar talleres, producir materiales y juegos educativos, equipar instalaciones, realizar campañas, llevar a cabo reuniones académicas locales, entre otras actividades.

Aclaró que aunque dicho esfuerzo “no se va a desvanecer, pero sí a quedar muy golpeado si el Gobierno federal desmantela sus instancias de apoyo a la educación ambiental en el país. Ahora bien, no sólo se pierden recursos, que por pequeños no dejaban de ser importantes, sino posibilidades de articulación interinstitucional, pues ésta es una función que le corresponde impulsar al gobierno”.

Una consecuencia lógica del despido de educadores ambientales que realizaban trabajo profesional en el sector ambiental, es que ahora prevalecerán iniciativas, si es que se llegan a dar, impulsadas por funcionarios escasamente capacitados que circunscriben la educación ambiental a los típicos cursos sobre separación de residuos, elaboración de compostas caseras o movilizaciones esporádicas para reforestar parques, si bien eso es necesario, no es lo más importante, apuntó.

Por último, Reyes afirmó que en la ANEA , los integrantes están “convencidos que este desmantelamiento institucional no va a acabar con la educación ambiental en México, pero sí la va a afectar de manera importante. Existen en el país cada vez más iniciativas impulsadas por las universidades, los centros de educación y cultura ambiental (museos, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, áreas protegidas), asociaciones civiles, escuelas, medios de comunicación, que tienen el propósito de incrementar la comprensión sobre problemas que están poniendo en juego la vida en el planeta, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En tal contexto, uno esperaría que un gobierno inteligente y sensible apoye dichos esfuerzos, sobre todo cumpliendo con una de sus funciones: colaborar a la construcción de una ciudadanía activa que asuma su corresponsabilidad en la solución a los problemas prioritarios, y hoy en día uno central es el ambiental, pero lamentablemente no es lo que estamos viendo en esta coyuntura histórica”, concluyó.