“Al igual que no dejaríamos al Zorro y sus amigos a cargo del gallinero, no debemos dejar que legisladores, funcionarios y jueces, amigos de las grandes corporaciones, participen en la elaboración de leyes, políticas públicas o emitan sentencias que benefician a esos intereses económicos, dañando el bienestar de la población”

“¿Dejaríamos a los Zorros a cargo del gallinero? No, porque seguramente se comerían a las gallinas”. Con esa alegoría iniciamos una campaña para denunciar y exigir la regulación del conflicto de interés en el poder legislativo, el ejecutivo y judicial, con especial atención en las políticas de salud pública.

Sexenio tras sexenio, legisladores, funcionarios públicos y jueces, supuestos servidores públicos, con un fuerte conflicto de interés, con vínculos con las grandes corporaciones de la comida chatarra, las bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol, protegieron los intereses de estas empresas, bloqueando las políticas recomendadas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) para bajar el consumo de estos productos convertidos en la principal causa de enfermedad y muerte en México.

Existen análisis detallados de iniciativas presentadas al Congreso entre 2012 y 2018 – cuando la Secretaría de Salud decretó las emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes y cuando las muertes por diabetes anuales llegaban a más de 106 mil – que demuestran como el legislativo estaba cooptado por diputados al servicio de las corporaciones, supuestos “servidores públicos” al servicio de intereses privados. Mientras se hacían públicas las denuncias contra la COFEPRIS de Mikel Arriola que establecía un etiquetado engañoso e inentendible para alimentos y bebidas, que la propia OMS le señalaba en comunicaciones internas que representaba un riesgo para la salud; mientras se denunciaba que en las escuelas continuaba una ingesta altísima de calorías por la presencia de bebidas azucaradas y comida chatarra; mientras eso sucedía, los legisladores desechaban más de 50 iniciativas que buscaban bajar el consumo de estos productos. Entre las iniciativas rechazadas estaban aquellas que proponían regular la publicidad de estos productos, su presencia en escuelas y establecer etiquetados de advertencia, como lo recomendaba la OMS.

La cooptación de las presidencias y secretarías de las comisiones de salud en diputados y senadores han sido un objetivo central de estas corporaciones. A pesar de que existen marcos regulatorios para evitar el conflicto de interés por parte de los legisladores, su falta de aplicación y la ausencia de sanciones permite que esta práctica continúe. En la actual legislatura, las corporaciones de los llamados determinantes comerciales de la salud, más atinadamente llamados determinantes comerciales de la enfermedad (comida chatarra, bebidas endulzadas, tabaco y alcohol) cuentan con varios legisladores aliados.

Las alianzas entre legisladores y estas corporaciones se pueden dar por afinidad ideológica que ha sido el caso entre varios legisladores del PAN que ponen el interés corporativo sobre el público, aunque no todos, ya que han tenido algunos legisladores muy comprometidos en el tema de salud. Cuando hay una afinidad ideológica es difícil demostrar el conflicto de interés. Sin embargo, hay legisladores que tiene claramente un conflicto de interés, incluso, en la propia comisión de salud. Estos legisladores están actuando en violación a las regulaciones establecidas para los servidores públicos y, en especial, para los propios diputados y senadores. Ni han declarado su conflicto de interés, ni se han excusado de participar en las discusiones en las que claramente tienen otros intereses por encima del interés público.

Está establecido en diversas regulaciones que un legislador, un funcionario público o un juez, deben excusarse de participar en la discusión de una ley, en el diseño de una política pública o en un juicio, si tienen algún interés que afecte su imparcialidad, su actuar en beneficio del interés público.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos—en la que se incluyen los legisladores— se les establece la obligación de: “presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses”, incluyendo “presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia”. Establece que: “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. En este sentido, los diputados están obligados a “informar sobre los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales por los que se excusan de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos”.

El Código Ético de la Cámara de Diputados establece que el actuar de los diputados debe regirse por el interés público, “con la finalidad de atender en el ámbito de su competencia las necesidades y demandas del interés público por encima de intereses particulares ajenos a la satisfacción colectiva”.

Derivado del Código Ético, se publicó el Código de Conducta de la Cámara de Diputados, que se centra en dos aspectos para regular la integridad de los legisladores: informar de inmediato a las autoridades competentes la actualización de un posible conflicto de interés que interfiera en el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, estableciendo el principio de privilegiar las necesidades colectivas por encima de intereses particulares o de grupo, preservando el interés general y el bien de la nación.

Los Zorros y sus amigos están dentro del Congreso y también dentro del poder ejecutivo, así como en el poder judicial. Esta administración logró hacer una importante limpieza de los Zorros y sus amigos en gran parte del poder ejecutivo, al inicio de la administración. Sin embargo, los Zorros y sus amigos han logrado volver a posicionarse, a ocupar cargos estratégicos, para bloquear desde dentro aquellas políticas y resoluciones que pueden afectar los intereses de estas corporaciones, generando un gran daño a las políticas de salud pública, un daño que podría medirse en enfermedad y muertes.

Las regulaciones al conflicto de interés en México en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial requieren ser reforzadas, sostenidas en procesos públicos de vigilancia y evitadas a través de sanciones que realmente sean persuasivas para que estas practicas no se repitan. De cualquier manera, con base en las regulaciones existentes, debe requerirse a los servidores públicos hagan sus declaraciones de interés y que éstas sean accesibles a los ciudadanos, como está establecido.

Para conocer más sobre el conflicto de interés y la interferencia de la industria: https://elpoderdelconsumidor.org/conflictodeinteres/

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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