Los integrantes de la comunidad LGBTI+ en México todavía se enfrentan a discriminación en los ámbitos laboral, educativo, de acceso a la justicia y la salud, así lo mostró el Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas de esta comunidad en nuestro país, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo/EFE).- Hoy, desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció medidas para erradicar del país la bifobia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, sin embargo, la discriminación contra personas de estas comunidades todavía se vive en México.

“Se ha ganado mucho en visibilidad, pero esta visibilidad no va pareja con medidas. Este es el peligro, que no se proteja a personas que han decidido hacer público su afecto y su orientación sexual y de género”, dijo en entrevista con Efe el director de la organización Letra S, Alejandro Brito.

Según el informe “Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTI  en México: Los saldos del sexenio 2013-2018”, presentado este viernes, de enero de 2013 a diciembre de 2018, cuando gobernó Enrique Peña Nieto, la cifra de víctimas ascendió hasta 473.

Y desde la toma de posesión de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, 28 personas del colectivo han sido asesinadas, apuntó el experto durante el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Este viernes, López Obrador aseguró que su Gobierno respeta las libertades de todos los mexicanos, pero descartó buscar una ley federal de matrimonio igualitario.

Más de la mitad de las 32 entidades federativas de México tienen leyes en favor del matrimonio igualitario, entre estos la capital del país.

Y en el resto, las parejas del mismo sexo, aunque no exista la normativa pueden ampararse en una resolución de la Suprema Corte del 2016 que declaró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual.

Las cifras del informe anual de Letra S están elaboradas a partir del monitoreo de medios locales y nacionales, explicó Brito, por lo que “no se puede tomar como una fotografía y podríamos multiplicar esta cifra por dos o incluso por tres”.

EL DIAGNÓSTICO NACIONAL

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó en marzo de este año el “Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México”. El informe muestra desafíos en materia de acceso a la salud, a la justicia, a la educación y al trabajo.

“La identificación de estos desafíos permite conocer dónde y qué tipo de discriminaciones enfrentan las personas LGBTI en los servicios de atención. Asimismo, a través de recomendaciones y propuestas de acción concretas, derivadas del análisis de resultados, los diagnósticos desarrollados coadyuvan a fortalecer el trabajo de las instituciones, el acompañamiento de personas LGBTI víctimas de delitos y violaciones a sus derechos, así como al establecimiento de pautas para que el acceso a sus derechos sea efectivo”, informó la Comisión.

ACCESO A LA JUSTICIA:

En un estudio realizado de 2015 a 2017 por la Fundación Arcoíris, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), se concluyó que a pesar de que México cuenta con un marco jurídico importante en la materia, no existe garantía de que las personas de la comunidad LGBTI accedan a la justicia con facilidad.

 “Existe una profunda desconfianza de las instituciones  importadoras de justicia, derivada de la ineficiente actuación e intervención de quienes las operan”, informó la CEAV.

“Una deficiencia de suma importancia en las políticas públicas estatales para la atención, prevención y sanción de la discriminación en contra de las personas LGBTI es no entender y tomar como punto de partida que esta discriminación se encuentra sustentada en el sistema de valores y creencias de las personas”, señala el documento.

ACCESO A LA SALUD

De acuerdo con datos del Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México, sólo el 47.6 por ciento de este grupo de personas cuenta con IMSS y 13.1 por ciento con ISSSTE. Mientras, un gran porcentaje se encuentra bajo un seguro privado, el 10.5 por ciento; mientras un 27.1 por ciento no cuenta con algún servicio de salud.

El estudio alertó que el hecho de que una buena parte de la población LGBTI no cuente con acceso a un servicio de salud público “ es alarmante pues en primera instancia refleja la insuficiencia por parte del Estado para brindar una atención de salud digna” para este sector de la población.

También destaca que “en nuestro país, tener acceso a un servicio de salud como el IMSS o ISSTE está directamente ligado a la condición laboral y también económica, así, para muchas personas LGBTI no tener un trabajo formal puede suponer no tener acceso a estos sistemas de salud, y quienes sí tienen acceso, supone lamentablemente en muchos casos tener accesos limitados y precarios ante la insuficiencia del sistema de salud en el país y las condiciones de este”.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

En materia de acceso a la educación, la comunidad LGBTI también padece discriminación en México, por ello, la Comisión de víctimas pidió que el sistema educativo debe considerar e incluir la diversidad, valorarla y enriquecer el aprendizaje de la población; el trabajo que se ha realizado desde el 2015 que apoya a las víctimas de delitos o violaciones a sus derechos con el apoyo de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), favorece a las personas activistas, así como investigadoras del país que mantienen contacto con organizaciones sociales LGBTI en cada estado.

El diagnóstico observó que las mujeres trans son el grupo con menor nivel educativo completado, pues son el, situándose en su mayoría en la educación primaria y secundaria.

ACCESO AL TRABAJO

La CEAV observó que la población LGTBI enfrenta discriminación en el momento de la búsqueda de empleo, pues hasta este año persisten prácticas discriminatorias en el reclutamiento como el requerimiento de pruebas médicas sobre VIH, o “preguntas dirigidas a indagar sobre la orientación sexual y/o identidad de género”.

Al 33 por ciento de la población se le cuestionó sobre su estado civil, al 4 por ciento su identidad de género y al 6 por ciento su orientación sexual. El 18 por ciento por ciento de las personas encuestadas por en el diagnóstico informó que le solicitaron pruebas psicológicas, pero al 8 por ciento también le pidieron análisis de VIH y al 5 por ciento de embarazo.

El análisis también desveló que el 4 por ciento de la población objetivo se dedicaban al trabajo sexual.

Sobre el salario percibido, el 23.33 por ciento dijo percibir menos de mil pesos quincenales. Pero el panorama cambia al observarse el ingreso de entre mil y tres mil pesos: los hombres trans que están en este rango son el 37.02 por ciento; seguidos de las mujeres trans, con el 36.46 por ciento y las personas intersex con el 30 por ciento.

Sólo el 6.33 por ciento de las mujeres trans perciben más de 10 mil pesos quincenales para su subsistencia.

-Con información de Inés Amarelo vía EFE