El 24 de Noviembre de 2016, previo a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, la Senadora Layda Sansores encaró al Presidente Peña Nieto y le exigió respuestas sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Las palabras fueron durísimas:

“Lo de Ayotzinapa a nosotros sí nos cala y le estamos exigiendo que las investigaciones se apresuren, que nos digan la verdad, que nos diga dónde están los jóvenes. Díganme, si están en un cuartel, si fueron masacrados. Díganos, porque usted la conoce”.

El video de Aristegui Noticias puede verse aquí: https://youtu.be/CNV3c_hfz_M

Ese día, la legisladora portaba una mascada blanca con los rostros estampados de los 43 estudiantes desaparecidos. La prenda de seda fue diseñada por Carmen Rión y junto con un vestido, un saco y un rebozo, costaron 22 mil 185 pesos, según consigna una investigación de la periodista Fátima Monterrosa. Todo se pagó con dinero público.

De acuerdo con esa investigación, Layda Sansores, uno de los personajes más críticos del sexenio de Peña Nieto y candidata por MORENA a la alcaldía de Álvaro Obregón, se gastó 700 mil pesos de dinero público en tinte para el cabello, gastos de supermercado, una muñeca, entre otras cosas.

Su argumento (según la réplica que compartió por video en redes sociales) es que ella tiene derecho a hacer con su dinero lo que ella quiera. Eso es falso.

Es falso porque no es su dinero, son los impuestos de los mexicanos. Lo que Sansores se gastó no era parte de su dieta, sino dinero para actividades legislativas que debe usarse para ese propósito y no para que la Senadora nos presuma su roja melena.

Es cierto, la corruptela de Sansores es cosa menor si la comparamos con la Casa Blanca de Peña Nieto o la Estafa Maestra, pero estamos ante un hecho concreto de mal uso de recursos públicos y, algo peor, el cinismo de defender lo indefendible.

El caso es relevante porque Sansores es candidata en el actual proceso electoral por MORENA, el partido del cambio verdadero que promete –no reducir, no limitar, sino acabar con la corrupción una vez llegue a la Presidencia su líder, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO descalificó el hecho como y acusó “guerra sucia”, mientras varios morenistas argumentaron que lo de Layda no es ni siquiera comparable con la corrupción de priistas y panistas en los últimos años, pero sí lo es porque implica el mismo actuar antiético: abusar de una posición política para gastar en temas personales dinero público.

Es decir, no es el tamaño de la corrupción, sino la corrupción en sí misma que representa el uso patrimonialista del poder.

No creo que el caso Sansores vaya a cambiar el rumbo de la elección, tampoco que su comportamiento implique a todo MORENA, pero estamos ante el caso de un miembro destacado del partido sorprendido en un mal comportamiento y que el mismo partido debería condenar.

Pero el fondo del caso es un problema añejo de nuestro sistema político: la opacidad y la impunidad con la que nuestros legisladores usan los recursos públicos sin que nadie los fiscalice.

Es decir, seguramente Sansores no es la única que se gasta el dinero de los contribuyentes en excentricidades y beneficios personales. Seguro muchos otros que ahora guardan silencio han hecho cosas similares o peores con nuestro dinero. El problema es de diseño y de sanciones. Nuestros legisladores no están obligados a rendir cuentas y, mucho menos, son castigados cuando hacen uso patrimonial de recursos públicos.

Sobre el caso debemos exigirle al candidato presidencial de MORENA que mande alguna señal política reprobando el hecho, pero lo más importante es que cambiemos la ley para que nuestros diputados y senadores estén obligados a ser responsables y transparentes con el dinero que reciben y dejen de usarlo para dádivas, fiestas o tinte para cabello.

O lo que es peor, para que lucren políticamente con el dolor de los demás mientras usan sus rostros estampados en prendas de diseñador… pagadas por nosotros.

Adrián López Ortiz

https://www.sinembargo.mx/author/adrianlopez

Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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