Durante los últimos tres años en el Congreso del Estado de Baja California no se voto asunto si no cuenta con la aprobación del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Con una mayoría de 13 diputados de 25 que integran la legislatura el Partido Acción Nacional maniobró a la conveniencia del mandatario estatal cuantas veces quiso y como quiso.

Aliados con el PRI para determinados movimientos, con los legisladores del PRD y los del Partido del Trabajo para hacer mayoría absoluta, los diputados del PAN endeudaron las finanzas de Baja California. Lo mismo le aprobaron créditos cortos que de largo alcance, también le dijeron que sí al Gobernador en todos los casos que con asociaciones público privadas terminó por hundir más las maltrechas finanzas públicas.

Le aprobaron la construcción de una desalinizadora en diciembre de 2017 que con una inversión de obra por parte de una asociación público privada de poco arriba de los 9 mil millones de pesos, pero que costará al erario bajacaliforniano 76 mil 460 millones de pesos que se pagarán en 37 años. La sinrazón de los legisladores entregados a los designios del Gobernador Kiko Vega, llevó a endeudar a las siguientes 8 administraciones estatales.

Un año atrás de tal acción, en diciembre de 2016, los mismos diputados le aprobaron al Gobernador de Baja California una Ley de Aguas, donde destacaba la privatización de los servicios de distribución del líquido en detrimento de los ciudadanos que pagarían más por el agua. Las manifestaciones sociales de aquel entonces reunieron en miles que a coro multitudinario arengaron el “renuncia Kiko Vega”, que retumbó tan fuerte en el país que hizo cimbrar los cimientos del Gobierno panista en la entidad. Los diputados que fueron condescendientes con el mandatario “aguantaron” el costo político, hasta que las manifestaciones masivas llevaron al Gobernador a recular, y en enero de 2017 públicamente pidió y posteriormente envío al Congreso una iniciativa para que abrogaran la Ley que le habían aprobado “ante la solicitud de un amplio sector de la sociedad”. Y así lo hicieron los legisladores a pesar que habían defendido su Ley y su voto mayoritario.

A excepción de un panista, Miguel Osuna Millán, y uno de Transformemos, Luis Moreno, los diputados del congreso de Baja California siempre han respondido a los llamados del Gobernador, sea para aprobar iniciativas o para no hacerlo.

Por eso llama la atención que el Gobernador se diga sorprendido de lo aprobado, o al menos de una parte de lo aprobado en la sesión del 8 de julio de 2019, cuando los legisladores de Baja California modificaron la Constitución para ampliar al periodo del próximo Gobierno del Estado de dos a cinco años. La realidad es que esos diputados no hacen nada sin la aprobación de Kiko Vega.

De hecho, de todos los acuerdos que se realizaron en la sesión del 8 de julio de 2019, el Gobernador Vega sólo se pronunció contra la ampliación de mandato, aunque de manera unilateral porque no ha condenado a los diputados que tanto le sirvieron por haber votado “contra sus designios”.

La realidad es que de esa sesión todos salieron con algo. Ciertamente el beneficiado más notorio fue el Gobernador electo de Morena que ya ve sus deseos de ser mandatario por cinco años casi una realidad, pues en tres ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha negado esa posibilidad.

El Gobernador Vega, conocido como el Duarte de Baja California por los excesos y la persistente sospecha de actos de corrupción y colusión en su Gobierno, sostiene una deuda por arriba de los mil millones de pesos con la Universidad Autónoma de Baja California, que mantiene a la Máxima Casa de estudios con problemas para cumplir con su función.

En el pasado la Auditoría Superior de la Federación los ha señalado de manera sistemática, por el desvío de dineros. Hasta por 4 mil millones de pesos han sido las observaciones de la ASF.

En el último trimestre de 2018 en Baja California sucedió lo que nunca en la administración estatal: el Gobierno no tuvo la capacidad para pagar el sueldo a sus empleados. Tampoco hubo dinero público para suministrar el recurso etiquetado al Poder Judicial, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia, y a los sistemas académicos Cobach y Cecyte.

Sin recursos, esos organismos no pudieron pagar los sueldos de sus trabajadores. En el Tribunal hubo manifestaciones, en el Instituto Electoral se dejó de pagar a los partidos políticos, en las instituciones académicas los maestros hicieron paros afectando a los alumnos al final del año. Otros organismos, como la Universidad o la Comisión de los Derechos Humanos, sobrevivieron debido al buen manejo de sus recursos y fondos de ahorros.

Francisco Vega de Lamadrid termina su sexenio en la ignominia. Desacreditado como administrador público, en la derrota electoralmente, perseguido por el fantasma de la corrupción, en un estado donde la seguridad es cosa del pasado ante la activación impune de tres cárteles de las drogas, y con una finanzas comprometidas hasta la bancarrota.

En este contexto, Jaime Bonilla Valdez, el Gobernador electo, durante la campaña y todavía en la etapa inicial de la transición política, denunció la corrupción en el Gobierno de Vega incluso públicamente se comprometió a meterlo a la cárcel y confiscarle bienes.

Pero el lunes 8 de julio de 2019 también el Gobernador Vega salió beneficiado de la sesión del Congreso del Estado. En medio de la polémica, en cuestión de horas, los diputados entrevistaron a los aspirantes a la Auditoría Superior del Estado, los aprobaron y presentaron los nombres para elegir a uno. El seleccionado fue Carlos Montejo, ligado al Partido Acción Nacional, hijo de quien fuera primera alcalde del PAN en Tijuana en 1989, y la persona que había trascendido, Kiko Vega quería de Auditor.

La lógica política es sencilla. Los diputados de Kiko Vega, sus fieles y cómplices en el pasado de endeudamientos, concesiones, omisiones, beneficios, aquellos que no levantan un dedo sin la venia del Gobernador, le dieron la ampliación de la gubernatura al Gobernador electo, mientras le concedieron un Auditor carnal al Gobernador constitucional.

A pesar que hace una semana no estaba seguro de emprender acciones jurídicas para contravenir la decisión del Congreso del Estado, el Gobernador Kiko Vega ha dicho esta semana que siempre sí, que lo suyo será presentar una controversia constitucional para revertir lo de la ampliación del término de Gobierno. Sólo esa decisión de las tomadas ese día en la cámara local. Lo del Auditor carnal, lo deja así, en su cancha. Facilito. El Gobernador necesita quien le cuide los números y la espalda.

Hasta que claro, aparezca quien quiera invalidar toda la sesión, o los acuerdos políticos que hubo entre un Gobierno entrante y un saliente, se vayan abajo.

Adela Navarro Bello

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