Lo que no deberá hacer el Presidente es proteger a su amigo Emilio Lozoya. A pesar de ser un amigo cercano y persona importante durante la campaña así como en los primeros años de la administración, lo que pesa sobre Lozoya es prácticamente lo hace insalvable.

Sin embargo, para fortuna de algunos, siempre está la PGR para hacer el trabajo de bloquear la justicia. No es un señalamiento liviano sino más bien basado en un hecho irrefutable: la complicidad política que sufrimos en la procuración de justicia. Basta recordar que mientras Lozoya era encargado de asuntos internacionales durante la campaña de Peña, el Procurador Raúl Cervantes era el abogado del PRI. Entonces, tenemos a dos excolegas priistas, simulando que habrá justicia.

Lo que resulta preocupante es que –al no ser la primera vez que se habla de Oderbrecht y de Lozoya- la PGR se mueva lentamente. Contraste con la energía que se ve en organizaciones de la sociedad civil demandando justicia y periodistas y medios buscando información para denunciar groseros casos de corrupción.

Después de que se conocieron las declaraciones de exfuncionarios de Oderbrecht que señalaban a Lozoya como el negociador de sobornos por parte del equipo de campaña de Peña, el panorama del Presidente se enturbia aún más en la recta final de su administración.

Como en otros casos de corrupción (Duarte, Duarte y Borge) y ahora con Lozoya, ninguno actuó de manera aislada, sino que fueron parte de un sistema en el que participaban diversos funcionarios públicos.

Según Mexicanos Contra la Corrupción, “en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.”

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, declaró Weyll a los fiscales brasileños, según la delación difundida por O’Globo.

Hasta ahora está comprobado que la empresa brasileña depositó millones a cuentas de Lozoya, sin embargo, está por determinarse cuál fue el destino de esos millones de dólares. Si la PGR funcionara de algo aclararía el destino del dinero, es decir, ¿quién sacó esos millones de esas cuentas y para qué?

La mejor defensa es el ataque. Por lo menos eso pensó Lozoya hace unos días cuando amenazó a todo aquel que había publicado la noticia de los sobornos. La amenaza –según su abogado- incluía a medios, periodistas y a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Hasta ahora no se sabe si es puro palabrería o en verdad piensa seguir esa avenida sabiendo que no ganará. Pero la amenaza está ahí. Veremos si se concreta.

La corrupción de Oderbrecht se extendió a toda América Latina. Su “departamento de sobornos” se encargó de apoyar campañas políticas a cambio de contratos de obra una vez en el poder. Presidentes de Perú, Colombia y Panamá han enfrentado severamente a la justicia por sobornos en campañas políticas. Mientras –aquí en México- tenemos asentadas nuestra sed de justicia en una somnolienta PGR.

Emilio Lozoya ya había sido señalado en el escándalo internacional de Panama Pappers. Se le conoce por su ingenio financiero para crear empresas offshore (que no son ilegales) pero que en la práctica muchas tienen el objetivo de ocular dinero y su origen. La información que tiene el exdirector general de Pemex puede ser algo que le ponga nervioso a Peña para los últimos meses de gobierno.

Proteger a Lozoya es una mala idea. Pero la práctica a la que nos ha acostumbrado esta administración es al compadrazgo por encima de la justicia. Por ello, cuando alguien como Lozoya amenaza con demandas lo único que busca no es reparar su honor sino mandar un mensaje para aquellos que osen ver sus actos de cuando era servidor público.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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