Las sociedades indígenas que prevalecen en México conforman el patrimonio cultural y la construcción del pasado y el futuro del imaginario social. Es por eso que el país se reconoce como una nación plurilingüe y pluricultural.
Ciudad de México. 17 de agosto de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- En la primera conferencia del ciclo ¿Quiénes somos los mexicanos?, organizada por Miguel León-Portilla y El Colegio Nacional, se abordó el tema de las lenguas indígenas frente al sistema de justicia mexicano. Los participantes, incluyendo las mujeres otomíes acusadas de secuestro, abordaron desde distintas perspectivas el problema de las diferencias lingüísticas y la necesidad de intérpretes y defensores capacitados para atender las diferencias culturales de las comunidades indígenas.
Miguel León-Portilla, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, historiador, antropólogo y miembro de El Colegio Nacional, organizó el ciclo de conferencias titulado ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad con motivo del centenario de la promulgación de la Carta Magna en 1917.
La búsqueda principal de esta serie de diálogos es evidenciar que, en el presente, México sustenta su cultura e historia en la variedad de lenguas y tradiciones de las comunidades indígenas. Las sociedades indígenas que prevalecen en México conforman el patrimonio cultural y la construcción del pasado y el futuro del imaginario social. Es por eso que el país se reconoce como una nación plurilingüe y pluricultural.
Miguel León-Portilla, en el mensaje inaugural que transmitió hablando una de las variantes de la lengua otomí, afirmó que es necesaria la existencia de una lengua general que permita la comunicación entre quienes tienen como idioma materno alguna de las 68 lenguas indígenas que existen en el país. En ese sentido, es necesario que todas y todos los mexicanos, además de conservar sus propias lenguas provenientes de diversos orígenes, conozcan la lengua española para poder comunicarse entre sí y crear el diálogo multicultural que se pretende.
“En el caso de México, los pueblos originarios integran un estrato milenario sobre el cual se han ido sobreponiendo muchos otros pueblos. Ese estrato milenario nos identifica, es nuestra raíz más profunda, nuestro tesoro en la tierra. Por eso es muy deseable que en México todas las lenguas de los pueblos originarios sean lenguas oficiales en los lugares donde se hablan y ojalá que todos los mexicanos quieran aprender alguna lengua indígena para estar más cerca de sus raíces más profundas”, comentó Miguel León-Portilla.
En esa premisa radica la intención del ciclo de conferencias: propiciar un espacio donde la palabra y la reflexión se fusionen no solo para entender el México de la actualidad sino para trazar un nuevo imaginario nacional, una sociedad basada en el respeto, el intercambio y el conocimiento del uno al otro. Es por esto que los debates reflexivos están planteados desde la voz de los propios interlocutores indígenas en diálogo con académicos y personas no indígenas.
Según el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino, conocer esta riqueza inmaterial y promover el orgullo de ser diversos es primordial para construir una realidad en donde se erradique el problema de la discriminación, de la indiferencia, del desconocimiento de la parte de igualdad y de inclusión que existe en nuestra sociedad en la cual muchos pueblos, muchas lenguas y muchas culturas siguen estando excluidas.
Aseguró Juan Gregorio Regino que “diálogo, respeto e intercambio son elementos fundamentales para la construcción de una sociedad incluyente. Estamos acostumbrados, desde siempre, a escuchar una sola voz. En este ciclo participará gente de diversas regiones mayas, mixtecas, zapotecas, otomíes y más. ¿Quiénes somos los mexicanos? Las respuestas nos van a permitir reflexionar sobre lo que somos, lo que queremos ser y lo que vamos a dejar a las siguientes generaciones”.
Las lenguas indígenas en el sistema penal mexicano
En la primera sesión “Derechos humanos, justicia y lenguas indígenas”, participaron Leticia Bonifaz Alonzo, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Luis Tapia Olivares, coordinador y abogado en el área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); Alberta Alcántara Cornelio, Teresa González y Jacinta Francisco, mujeres otomíes que radican en Santiago Mexquititlán, ubicado en el municipio de Amealco en Querétaro.
El primer conversatorio abordó la necesidad de visibilizar la diversidad lingüística y cultural de México partiendo de las dificultades que este sector de la población tiene al enfrentarse a un proceso jurídico. Los funcionarios públicos dedicados a la procuración de justicia, en muchas ocasiones, tienen un gran desconocimiento sobre la cultura, usos, costumbres y lengua de las comunidades indígenas, además de que los propios hablantes de estas lenguas, en la mayoría de los casos, no tienen conocimiento sobre sus derechos humanos y, mucho menos, de sus derechos lingüísticos.
Según los datos recopilados por el Inali, son más de 25 millones de mexicanos que se autoadscriben como indígenas, de los cuales, más de nueve mil se encuentran privados de su libertad.
Partiendo del caso que se abordó en el debate, Alberta, Teresa y Jacinta fueron acusadas de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigación el 26 de marzo de 2006. Durante el proceso jurídico no tuvieron oportunidad de contar con intérpretes ni defensores que conocieran su lengua y cultura, tampoco pudieron comunicarse en lengua otomí en sus declaraciones dado que su nivel de español era mínimo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en cualquier proceso jurídico se debe respetar la diferencia cultural a partir de la declaración voluntaria de autoadscripción como indígenas y se debe tomar en cuenta sus usos, costumbres y especificidades culturales en todas las etapas del procedimiento. También deben contar con la asistencia de intérpretes, traductores y defensores que conozcan bien su lengua y cultura, además de tener preferencia en tipos de sanción distintos al encarcelamiento y en cumplir las sentencias en centros de readaptación cercanos a sus comunidades.
La interculturalidad en el ejercicio de los derechos indígenas
“Hemos sufrido una discriminación ancestral permanente con la que desafortunadamente no logramos terminar y en el caso de estas mujeres se da lo que nosotros llamamos la interseccionalidad que, en este sentido, significa que sufren discriminación por ser indígenas pero también por ser mujeres y por hablar una lengua indígena”, explicó la abogada Leticia Bonifaz Alonzo.
Los ponentes comentaron que ya no se trata solo de traducción de términos del español a la lengua indígena, sino de un verdadero encuentro intercultural donde también se traduzca el significado de los momentos procesales y de los términos jurídicos. Ya no se trata de hacer que los indígenas entiendan lo que dice la Constitución sino que los distintos jueces tengan la sensibilidad necesaria para comprender cómo las brechas culturales que existen entre las comunidades indígenas y la sociedad urbana pueden hacer la diferencia entre justicia e injusticia.
Los derechos lingüísticos de indígenas y mestizos
Las tres mujeres antes mencionadas pertenecen a la comunidad de Santiago Mexquititlán que se localiza en el municipio queretano de Amealco. En esta comunidad hablan la variante otomí de Querétaro cuyo autoglotónimo es el Ñañhų. El caso particular de las tres es distinto ya que Jacinta no tenía en absoluto conocimiento del español, Alberta tenía conocimiento mínimo de la lengua española y Teresa, en una postura de mestizaje, tiene como lengua materna el español pero habla otomí todos los días.
Teresa, Alberta y Jacinta declararon la experiencia que vivieron a lo largo de más de diez años de un proceso en el que tuvieron que aprender el español para probar su inocencia. Las mujeres hablaron sobre la necesidad de visibilizar las diferentes necesidades que tiene un hablante de lengua indígena frente al ejercicio de sus derechos humanos, conceptos que han logrado comprender y desarrollar gracias a la instrucción, asesoría y defensa del Inali y el Centro Prodh.
Los participantes del conversatorio debatieron sobre la importancia de la claridad en la comunicación tanto con indígenas como con mestizos, ya que ambos Luis Eliud Tapia Olivares abogado del centro Prod , carecen de la posibilidad de comprensión de la terminología jurídica y lo que significan las instancias judiciales. Se acordó que parte del trabajo de las instancias jurisdiccionales junto con el Inali, será ejercer la apropiada traducción y equivalencia de conceptos jurídicos, su funcionamiento y procedimiento.
Como conclusión, Luis Tapia, abogado de defensa en el Centro Prodh y responsable de la reparación del daño en el proceso de las tres mujeres otomíes, declaró que en México al menos nueve mil personas indígenas están en prisión pero no se tiene un diagnóstico que indique si tuvieron acceso a un intérprete.
“Sabemos que la mayor parte de esas personas no tiene una sentencia, están detenidas en prisión preventiva. A partir de esto tendría que haber un compromiso estatal por medio de distintas instituciones públicas para hacer una revisión integral de casos. Para saber en cuántos de esos casos el Ministerio Público podría retirar la acusación, como fue en el caso de Jacinta, Teresa y Alberta. En cuántos de esos casos debería ser necesario empezar a declarar ilícitas las pruebas y no solamente ordenar reposiciones de procesos que es repetir el ciclo falente del sistema de justicia”, afirmó Luis Tapia Olivares.
Los retos y compromisos en el nuevo sistema de justicia penal
Para finalizar la primera entrega de este ciclo de conferencias titulado ¿Quiénes somos los mexicanos?, la representación del Inali aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal, en el nuevo sistema de justicia penal, incluido en el sistema jurídico a partir de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, comprende diversos aspectos del sistema de seguridad y justicia, lo que representa un gran reto para las instituciones del Estado Mexicano en su conjunto.
En la judicatura menciona que constituye una gran oportunidad para mejorar la impartición de justicia penal en el país a través de un procedimiento acusatorio y oral más transparente, dinámico y garantista, tanto para los imputados como para las víctimas.
El Inali expresó que el reto es que se cumpla con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los daños causados por el delito. En el nuevo sistema de justicia penal, los operadores jurídicos tienen un rol más participativo, transparente y con respeto de los derechos fundamentales del imputado y la víctima.
Esto va aunado a que más personas podrán capacitarse para ser intérpretes de lenguas indígenas sin intereses políticos ni personales, garantizando el correcto ejercicio de la justicia desde la interculturalidad y el respeto a las lenguas oficiales de la nación.
