Una de las frases que probablemente más ha repetido la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo,  desde su arribo a la administración capitalina, es que habrá cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Pero para cientos de mujeres que han salido ha protestar en dos ocasiones esta semana, sus dichos se han quedado sólo en promesa.  Las dos manifestaciones registradas el lunes 12 de agosto y el viernes 16 se tornaron violentas y terminaron con decenas de pintas en mobiliario público que en su mayoría decían: “Ni una más”, “Vivas nos queremos”, “México misógino”, “Estamos hartas”, “policías violadores”.

Para María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio, lo principal es que el Gobierno de Sheinbaum Pardo entienda que “que las mujeres estamos indignadas porque no puede ser que en una sociedad se maten a diez mujeres diarias; que se violen a más de 15 mil mujeres al año, que son más o menos en promedio, las denuncias por violación”. La activista también alerta que en el caso de la menor de 17 años que denunció a cuatro policías por presunta violación, las autoridades han revictimizado a la joven e incluso la han puesto ante la opinión pública como una mentirosa.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Las recientes acusaciones de jóvenes por abuso sexual cometidos presuntamente por policías de la capital del país han puesto al Gobierno de la Ciudad de México frente a la que podría ser su primera crisis, que hasta ahora ha obligado a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo a reconocer que sí hay casos de presuntos agentes violadores; que desde la Procuraduría capitalina se filtra información importante de las víctimas y a sentarse a la mesa con organizaciones para atender el problema dos veces en una semana.

El pasado 3 de agosto, una joven de 17 años de edad regresaba a su casa en calles de la Alcaldía de Azcapotzalco cuando, de acuerdo a lo denunciado por la víctima, una patrulla la interceptó y luego cuatro policías la violaron. El caso causó gran indignación y la exigencia a las autoridades para que los presuntos agresores fueran castigados. Sin embargo, la investigación se vio entorpecida porque –como la misma Procuraduría capitalina aceptó– luego de la filtración de información personal de la víctima, ella y su madre decidieron no seguir colaborando con las autoridades.

La indignación por el caso creció cuando se supo que los policías se encontraban trabajando normalmente luego del presunto ataque; con la filtración de dos videos donde se observaron diversos momentos –cortados– de la noche de los hechos, y con el anuncio de la Procuraduría capitalina de que, según sus investigaciones hasta el momento, las “circunstancias, lugar y hechos no coinciden con lo declarado por la víctima”.

El enojo lo avivó el actuar de las autoridades capitalinas, que a decir de María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio, ha revictimizado a la joven e incluso la ha puesto ante la opinión pública como una mentirosa.

“Hoy lo que se está poniendo en la opinión pública es que [la joven] está diciendo mentiras, y eso sí me preocupa. Me preocupa por todos los miles de casos donde no se investiga, se revictimiza, y al final dicen que las mujeres siempre mienten”, dijo Estrada en entrevista con SinEmbargo.

“Hago un llamado [a las autoridades] a que se haga la investigación, que se cuide lo que se esté diciendo, porque vivimos en una sociedad muy machista, donde a las mujeres siempre se nos tacha de mentirosas, de que provocamos los delitos, que andamos en la noche y por eso nos violan. Ese mensaje sí está puesto en la opinión pública”, continuó.

También destacó que “desde el inicio algo falló que hizo que la víctima no continuara, para saber la verdad de los hechos y para hacer lo que se tenga que hacer para acceder a la justicia”.

De hecho, el 9 de agosto pasado, el vocero de la Procuraduría General del Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx), Ulises Lara López, reconoció que se habían filtrado datos de la víctima y que eso derivó en que ella y su madre perdieran la confianza en las autoridades y abandonaran el caso.

“Esta Procuraduría lamenta mucho el hecho de que de manera irresponsable y poniendo en riesgo la protección de los datos personales de la persona que presentó la denuncia se haya filtrado su información, lo que generó, entre otros, una pérdida de confianza para continuar con los trabajos de investigación”, dijo en su momento. Se anunció que la Fiscalía de Servidores Públicos y la Visitaduría indagarían sobre quién hizo la filtración, pero hasta el momento no se ha dado información al respecto.

Un segundo caso se registró la noche del 8 de agosto, cuando una joven llegó a la estación del Metro Zócalo, donde denunció que un elemento de la Policía Bancaria e Industrial la había violado en las instalaciones del Museo Archivo de la Fotografía del Centro Histórico. En ese recinto, la víctima realiza su servicio social. Ese mismo día, elementos de la SSC detuvieron al agente que fue identificado por la adolescente.

Con ambos casos en el ojo público, decenas de mujeres indignadas salieron a las calles el 12 de agosto para exigir justicia para ambas jóvenes. Ese día, las manifestantes –en su mayoría jóvenes mujeres– protestaron afuera de la SSC, donde arrojaron diamantina al titular de la dependencia, Jesús Orta Martínez; y luego se fueron a protestar a la sede de la Procuraduría, donde hubo vidrios rotos y algunas pintas.

Esa noche, la postura que tomó el Gobierno capitalino también abonó a la indignación colectiva. En un comunicado de la Procuraduría y en una conferencia de prensa de la propia Claudia Sheinbaum se calificó a la movilización como una provocación contra su gobierno, e incluso se anunciaron investigaciones para encontrar a los responsables de los daños materiales en la Procuraduría.

El pasado miércoles 14 de agosto, la Procuradora Ernestina Godoy reconoció ante los medios de comunicación que en lo que va de este 2019, al menos 11 policías de la Ciudad de México han sido vinculados a proceso por agresiones sexuales.

“Tenemos varios y prácticamente en todas las denuncias que se han presentado se han vinculado a proceso, no tenemos arriba de, deben ser 11 policías de la Secretaría porque son policías auxiliares o policías bancarios”, informó Godoy.

El viernes 16 de agosto, una segunda movilización de mujeres se registró en las inmediaciones de la Glorieta de los Insurgentes en la Ciudad de México para protestar por la violencia hacia las mujeres, por los casos de presuntos policías violadores, y también recriminaron a la Jefa de Gobierno que hubiera calificado la primera movilización como una provocación.

Esta segunda protesta se tornó un poco más violenta. Al final, algunas manifestantes realizaron pintas, destrozos en el mobiliario de la estación del Metrobús Insurgentes y prendieron fuego al interior. También se prendió fuego a una estación de policía ubicada en las inmediaciones de Zona Rosa. “Ni una más”, “Vivas nos queremos”, “México misógino”, “Estamos hartas”, “policías violadores”, fueron algunas de las consignas que quedaron plasmadas en la estación de Metrobús, en la de policía y en otras paredes de la zona.

“LAS MUJERES ESTÁN INDIGNADAS”

La mañana del miércoles 14 de agosto, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con un grupo de mujeres, entre integrantes de organizaciones de la sociedad civil y activistas, para el “Diálogo Cero Impunidad y Justicia absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia”. Ahí, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó diversas acciones que su Gobierno ha llevado a cabo para la atención a las mujeres, pero reconoció que no ha sido suficiente y aún se debe trabajar más en la la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Una segunda reunión se llevó a cabo la mañana de este sábado en al Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Para Luz Estrada, del Observatorio Nacional del Feminicidio, la indignación entre las mujeres están indignadas ante la creciente violencia hacia ellas, ante el número creciente de feminicidios, desapariciones y violaciones que ocurren a diario; y también por el actuar de las autoridades en el reciente caso de la joven que denunció a policías.

“La autoridad primero debe de entender que hay una indignación social de las mujeres. Que las mujeres estamos indignadas porque no puede ser que en una sociedad se maten a diez mujeres diarias; que se violen a más de 15 mil mujeres al año, que son más o menos en promedio, las denuncias por violación; y que sólo son el 10 por ciento porque las mujeres no denuncian los delitos porque son revictimizadas, culpabilizadas y las ponen en mayor riesgo”, destacó.

“Necesitan entender que tienen que investigar, que tienen que revisar cómo están haciendo el trabajo. Que si hay autoridades implicadas pues sí tienen que suspenderse, investigarse, porque de lo contrario el mensaje sigue siendo de tolerancia a la violencia, y que eso no ha ayudado a México”, agregó.

Estrada también consideró que si Sheinbaum Pardo, como lo ha dicho en diversas ocasiones, está comprometida con erradicar la violencia hacia las mujeres, el Gobierno que representa debe “tener un poco más de mesura para que se investigue debidamente, se revise realmente qué pasó con las víctimas que acaban desistiendo de continuar una denuncia”.

Por ello pidió en que las autoridades que se enfoquen más en hacer esa investigación que en “hacer declaraciones, muchas veces desafortunadas, porque siguen abonando a la discriminación de las mujeres”.

“Comúnmente lo que nos ha pasado es que las víctimas terminan desistiendo porque la autoridad las juzga, las cuestiona, no les da el trato, y las mujeres acaban sintiéndose mucho más acosadas y acaban una doble victimización”, dijo en entrevista. Consideró que las autoridades deben sentarse con las organizaciones de la sociedad civil que han dado acompañamiento a casos de violencia contra las mujeres para revisar a detalle la ruta que se siguió e identificar las fallas que hubo.

La activista explicó que uno de los retos más grandes para la administración de Sheinbaum Pardo es recuperar la confianza de las ciudadanas y ciudadanos.

“El reto que tenemos es que la ciudadanía crea, tenga confianza de denunciar. Las víctimas sepan que va a hacerse justicia, sepan que no van a ser revictimizadas, es el mensaje que necesita México. No necesita que estemos a cada rato en conferencias de prensa, la autoridad nos cita a cada rato a estar en la conferencia para seguir justificando, porque a veces se puede adelantar a cosas que todavía falta seguir investigando y que pueden poner en riesgo la investigación”, dijo.

“Eso genera más enojo a las mujeres. Por eso hay otra marcha, porque hay enojo”, recalcó.

Consideró que las autoridades deben ser muy cuidadosas con la información que se difunde, porque muchas veces esa información es utilizada para juzgar públicamente a las víctimas.

“Debemos de cuidar el tratamiento [de la información], porque de lo contrario las mujeres sentimos que [el Gobierno] no está cambiando, que las prácticas de siempre para responder rápido nos siguen afectando. Yo prefiero que la autoridad haga con calma las cosas, que sea más mesurado en las declaraciones, para que no afecte –como ellos mismos dicen– no ponga en riesgo la investigación”, indicó.

Y consideró que actualmente la propia autoridad está poniendo en riesgo la investigación.