Los integrantes del Congreso de la Unión en México revalidaron en septiembre pasado por qué son percibidos por la ciudadanía como “un cuerpo alejado de los intereses sociales, no representativo, con poca legitimidad y bajos niveles de calificación y aprecio”.

Un nuevo estudio de la serie “El Uso y Abuso de Recursos Públicos”, que el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realiza dentro del proyecto Public Security Expenditure in Mexico, que financia The William and Flora Hewlett Foundation y en México coordinan Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo Mayer-Serra, revela los excesos en las ganancias de los diputados federales:

1. Ganan 22 veces el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Esto sin contar con las actividades privadas remuneradas que los legisladores son libres de desempeñar y que, a diferencia de otros países, no tienen la obligación de reportar.

2. Permiten que la Cámara de Diputados tenga una pesada estructura administrativa que suma 5 mil 205 empleados y cuya nómina asciende formalmente a 2 mil 063 millones 344 mil 994 pesos; esto es, cada trabajador de la cámara gana en promedio 33 mil 35 pesos mensuales o 396 mil 416 pesos anuales.

3. En términos de desempeño, no presentan buenos resultados porque:

–Sus periodos de trabajo son muy cortos, ya que mientras que la duración promedio de los periodos legislativos de los países de América Latina es de 266 días, el de México es de 195 días.

–El elevado costo de los diputados por día trabajado: Cada sesión costó 94.6 millones de pesos y cada día de periodo legislativo, 25.2 millones de pesos.

–El número excesivo de comisiones (44 ordinarias y 41 especiales, la cifra más altas del continente americano), que además tiene un alto rezago en sus labores esenciales y sin indicadores de desempeño.

Así, al término de la pasada legislatura las comisiones ordinarias presentaban un rezago de 2 mil 973 iniciativas y minutas, y de mil 189 puntos de acuerdo.

–La baja tasa de aprobación legislativa y el elevado costo de los productos alcanzados.

Por ejemplo, la suma de todos los productos legislativos presentados y reportados por la Cámara de Diputados (iniciativas, proposiciones, excitativas, dictámenes de iniciativas y permisos), independientemente de si fueron atendidos o no, arroja una cifra de 3 mil 109 “acciones legislativas” que tuvieron un costo individual de 1.6 millones de pesos.

El cuadro cambia si se toma como unidad de medida las reformas y adiciones al marco jurídico. El “Sumario de Actividades del Pleno 2010” de la Secretaría de Servicios Parlamentarios reporta la producción de 137 nuevas leyes, reformas y decretos. Si se toma como parámetro el universo total de estos productos legislativos, cada uno tuvo un costo de 35.9 millones de pesos.

–La reducida legitimidad, calificación y aprecio hacia los integrantes de la Cámara de Diputados.

–Los ínfimos niveles de contacto y cercanía con los electores.

4. Además de las altas remuneraciones que reciben los diputados –al menos 218 mil 449 pesos mensuales–, los Grupos Parlamentarios tienen una cantidad exorbitante de recursos (mil 179 millones 119 mil 569 pesos) para distribuir de manera altamente discrecional.

 

Azadón de palo

De hecho, destaca la profesora María Amparo Casar Pérez, investigadora de la División de Administración Pública del CIDE y autora del trabajo “¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?”, el resultado más sorprendente de la investigación resultó ser precisamente la alarmante discrecionalidad y la opacidad del gasto en el Poder Legislativo.

“El ejercicio del gasto de la Cámara de Diputados –comenta la investigadora– sigue siendo alarmantemente discrecional y opaco, y otorga a los coordinadores parlamentarios un poder inusual no solo por los recursos a los que tienen acceso, sino por la laxitud para distribuirlos”.

Resalta que si bien la Cámara de Diputados cuenta con su propio reglamento y órgano de acceso a la información, lo que ella y su equipo de trabajo constataron fue que como poder público obligado a la transparencia, el Legislativo deja mucho que desear.

“Ni el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ni la Contraloría Interna, ni la propia Auditoría Superior de la Federación han sido obstáculo para que la asignación de recursos en la Cámara de Diputados siga siendo altamente discrecional, cuando no arbitraria”, afirma.

Así, durante la investigación y análisis del ejercicio de los recursos que se asignan a la Cámara de Diputados el grupo del CIDE se topó con tres grandes dificultades. La primera fue el alto nivel de agregación de la información.

“Lo que los datos permiten saber con certeza son generalidades: cuánto se gasta y cómo se distribuye ese gasto en las partidas y subpartidas tradicionales: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles e inversión”.

Pero cuando dentro de esos rubros los estudiosos intentaron analizar en qué y cómo se gasta, los problemas comenzaron a aparecer.

“Vaya como botón de muestra el ejemplo de los salarios de los diputados: La remuneración de los diputados se compone de la dieta, los apoyos para las actividades legislativas y las prestaciones, pero estas últimas se encuentran dispersas en distintas partidas y son difíciles de calcular con alguna precisión pues los Órganos de Gobierno de la Cámara tienen derecho a modificar las prestaciones a partir de acuerdos y lineamientos emitidos por ellos mismos a través del Comité de Administración”.

Por si fuera poco, a partir de las llamadas “economías presupuestales” y a discreción de los órganos de gobierno de la Cámara o de los Grupos Parlamentarios, se reparten recursos cuyo destino es poco claro.

Resalta Casar Pérez: “¿Qué significa y cómo se justifican por ejemplo la asignaciones otorgadas a los diputados para ‘atender compromisos de fin de gestión’ y de cuyo ejercicio no se tiene registro? A ello se añade la dificultad de dar cuenta de otros recursos adicionales que los diputados reciben a través de asesores, secretarias, choferes, autos, personal de apoyo, viajes, estudios, asesorías, ayuda para difusión”.

Por ello, los datos que el CIDE presenta constituyen tan sólo una aproximación de la realidad que gobierna en la Cámara de Diputados.

 

El salario del miedo

La profesora Casar Pérez informa que en 2010 el presupuesto destinado al Poder Legislativo, que fue de 9 mil 550 millones de pesos, se distribuyó de la siguiente manera: para la Cámara de Senadores, 3 mil 570 millones de pesos; para la Cámara de Diputados, 4 mil 754 millones, y para la Auditoría Superior de la Federación, mil 227 millones pesos.

Resalta que de 2000 a 2011, el presupuesto del Poder Legislativo creció de 4 mil 382 millones en pesos constantes (base 2003) a 6 mil 595 millones de pesos; esto es, un crecimiento real de 50.5 por ciento.

“Este aumento –comenta– significa que el Poder Legislativo aunque tiene las mismas funciones y el mismo número de legisladores, cada vez cuesta más” a los contribuyentes.

Y agrega que dado que México es un país federalista, al gasto legislativo nacional habría que agregarle el gasto de los estados que también proviene de los impuestos de los mexicanos y que en 2010 sumó la cantidad de 9 mil 501 millones 115 mil 562 pesos.

“Esta cifra –indica el estudio– representa en promedio 0.9% de sus respectivos presupuestos estatales. Es inusualmente alta si se toma en cuenta que los legislativos estatales son unicamerales”.

Posteriormente destaca que la normatividad presupuestal que rige para la Cámara de Diputados refleja una gran autonomía de gasto y, dentro de ella, el gran poder que concentra la Junta de Coordinación Política, órgano que congrega a los líderes de las fracciones parlamentarias.

Con base en esta normatividad, explica, se expide cada año el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos y prestaciones que contempla a los Diputados y a los Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, así como al personal operativo de base, base sindicalizado y el operativo de confianza y a las personas que presten sus servicios mediante contrato de servicios profesionales por honorarios.

Detalla que el presupuesto de la Cámara de Diputados se divide en gasto corriente (99.5%) y de inversión (0.5%). Dentro del primero, 60% –es decir 2 mil 950 millones 473 mil 319 pesos– se destina a Servicios Personales en donde se encuentran clasificados los sueldos y parte de las prestaciones tanto de los diputados como del personal administrativo y de servicio de la Cámara, y algunas prestaciones de los mismos.

Así, la remuneración de los diputados se compone formalmente de la dieta, los apoyos para las actividades legislativas, que a su vez se dividen en asistencia legislativa y atención ciudadana, y las prestaciones.

De acuerdo al Tabulador publicado en el Diario Oficial de la Federación del  28 de febrero de 2011, los montos aprobados para estos rubros fueron: Dieta Neta Mensual: 75 mil 631 pesos; Asistencia Legislativa: 45 mil 786, y Atención Ciudadana: 28 mil 722, para un total de 150 mil 139 pesos.

A esta cantidad, el equipo de trabajo de la maestra Casar agregó:

–El Fondo de Ahorro, que agrega un 12% de la dieta bruta mensual

–El apoyo para transporte que aparece en los recibos de los diputados.

–La parte proporcional de la gratificación regular de fin de año (40 días de la dieta).

–La parte proporcional que la Cámara eroga por cada diputado por concepto del Seguro de Gastos Médicos Mayores por una suma asegurada básica de hasta mil 500 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, con una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto.

De esta forma, con base a un recibo expedido por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados correspondiente al mes de marzo de 2011, el ingreso real mensual de cada diputado asciende a un total de 218 mil 449 pesos, que se integra como sigue:

Dieta mensual bruta: 105 mil 378 pesos; Asistencia Legislativa: 45,786; Atención Ciudadana: 28 mil 772; Apoyo para Transporte: 3 mil 540; Parte mensual de la gratificación de fin de año (40 días de la dieta): 11 mil 708; Fondo de Ahorro (12 por ciento de la dieta bruta mensual): 12 mil 645; Seguro de Gastos Médicos Mayores: 7 mil 658 –la póliza total fue de 45.9 millones–; Seguro de Vida: 2 mil 962 –la póliza total fue de 17.7 millones de pesos–.

Una vez que el estudio del CIDE determina el salario más o menos real de cada diputado federal mexicano, compara esa cifra con lo que cuestan algunos legisladores en Latinoamérica y concluye que México es uno de los países en los que el Poder Legislativo cuesta menos a cada habitante, ya que mientras que a cada brasileño le cuesta 24 dólares sostener a su parlamento, a cada mexicano le cuesta siete dólares.

“No obstante, el panorama cambia cuando se hace la comparación entre los sueldos de los legisladores. En este caso México aparece en el segundo lugar de la tabla con los legisladores mejor pagados, después de Brasil y muy por encima de la media en el comparativo internacional”.

Así, mientras que los diputados en América Latina ganan en promedio 6 mil 712 dólares mensuales, un diputado mexicano gana, de acuerdo al sueldo nominal, casi el doble: 12 mil 310 dólares.

Por ello, el documento destaca que las diferencias se hacen mucho más pronunciadas cuando se toman en cuenta prestaciones como el fondo de retiro, los seguros médicos y de vida y las subvenciones discrecionales que la mayoría de los otros parlamentos no otorgan a sus legisladores.

Al añadir estas prestaciones –destaca el informe–, el salario de los diputados mexicanos se eleva a 17 mil 800 dólares.

Ahora bien, si se mide cuánto representa el salario anual de los legisladores respecto al Producto Interno Bruto per cápita, esto es, cuánto gana un legislador en relación al nivel de riqueza promedio por habitante de su país, el equipo de la maestra María Amparo Casar encontró que este indicador es, en los casos de México, Colombia y Brasil, excepcionalmente alto: 15 veces el PIB per cápita.

“La diferencia se hace aún mayor –dijo– si tomamos la remuneración real de los legisladores. En este caso el salario de un legislador (mexicano) representa 22 veces el PIB per cápita, esto es casi exactamente la misma cifra que reporta la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para los titulares de las Secretarías de Estado en México y ante la cual los legisladores se indignaron (el pasado julio de 2011) y declararon que debían ‘una explicación a la sociedad respecto de lo que ganan en relación con los resultados que ofrecen’”.

 

Más por avión y por comisión

A los 218 mil 449 pesos que ganan los diputados habría que adicionar otras prestaciones de las cuales el equipo de investigadores del CIDE no pudo obtener información y que completan las prestaciones “formales” de los legisladores, como gastos funerarios por fallecimiento de sus beneficiarios equivalente hasta un mes de dieta neta, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR y, hasta el 2010, el seguro de gastos médicos menores.

“Aun así –destaca el informe–, estas cifras revelan tan solo parte de la historia pues si se analiza el presupuesto total de la Cámara se encuentra que a través de otros capítulos y partidas se transfiere una cantidad importante de recursos a los diputados”.

Por ejemplo, el presupuesto ejercido por concepto de boletos de avión de enero a diciembre de 2010 fue de 87 millones 851 mil 772.39 pesos, de los que 66 millones 450 mil 751 pesos se gastaron como “Dotación ordinaria en boletos-bonos” para los diputados.

Otros 16 millones 564 mil 784 pesos se pagaron en “Pasajes Internacionales”; 2 millones 382 mil 395 pesos se usaron en boletos para comisionados a foros nacionales; un millón 899 mil 222 para comisiones oficiales de la Comisión Permanente, y 554 mil 620 pesos para comisiones oficiales de los Órganos de Gobierno y Áreas Administrativas de la Cámara.

“Si se dividen tan sólo los 66 millones 450 mil 751 pesos que corresponden a la ‘dotación ordinaria’ para aquellos diputados cuya residencia está a más de 300 kilómetros de distancia de la capital (Ciudad de México) y que suman 329 legisladores, tocaría a cada uno 201 mil 978 pesos anuales, un sobresueldo equivalente a 16 mil 831 pesos al mes”, destaca el documento.

Y de la partida de Productos Alimenticios, tocaría a cada diputado 15 mil 417 pesos.

“Estos cálculos –plantea el reporte– corresponden a un diputado ‘de a pie’. En teoría, los coordinadores parlamentarios, los integrantes de los órganos de gobierno y los presidentes de las comisiones no reciben sobresueldos. Sin embargo, las comisiones ordinarias, que suman 44, y las especiales, que son 28, reciben una asignación mensual total de 35 mil 880 pesos por concepto de gastos de operación y 5 mil 440 pesos en vales de alimentos”.

Adicionalmente, cada Presidente de Comisión legislativa recibe un “fondo fijo” para afrontar sus gastos por la cantidad de 9 mil 360 pesos mensuales sujetos a comprobación, así como un vehículo, un teléfono celular y recursos para contratar un secretario técnico, dos asesores y un asistente parlamentario cuyos sueldos ascienden a 131 mil 41 pesos.

El estudio del CIDE menciona también que la normatividad establece que las “prestaciones podrán ser modificadas, de conformidad con el marco jurídico aplicable y se sujetarán en todo momento a los presupuestos y a las disposiciones normativas aplicables y/o los acuerdos y lineamientos emitidos por los Órganos de Gobierno de la Cámara”.

 

Apagón presupuestal

A través de esta disposición, destaca Casar Pérez, los líderes de los grupos parlamentarios han dispuesto de recursos regulares, ahorros y economías para distribuir recursos con gran discrecionalidad.

“Vayan los siguientes acuerdos como botón de muestra de la discrecionalidad y opacidad:

“1. De fecha 22 de diciembre de 2005: ‘Se autoriza por única ocasión se otorgue a los grupos Parlamentarios una subvención especial por un monto igual a la suma de las subvenciones fija y variable correspondientes al mes de diciembre del 2005’.

“La justificación dada para esta ‘subvención’ es que ‘existen por parte de los partidos políticos, compromisos legislativos extraordinarios que no han podido atender durante el ejercicio 2005’.

“2. De fecha 10 de noviembre de 2005: Se autoriza ‘la entrega a los Grupos Parlamentarios de una subvención especial con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2005, equivalente a la cantidad de 37 mil 598.66 pesos por Diputado’.

“3. Más escandalosa aún es la siguiente, de fecha 27 de septiembre de 2005: ‘La Secretaría General presenta informe de los recursos reservados por la Cámara de Diputados para el pago del impuesto sobre la renta del fondo de retiro de los diputados. Se acuerda que los 30 millones reservados para tal fin se distribuyan de manera proporcional entre los Grupos Parlamentarios por la vía de sus respectivas subvenciones mediante entregas parciales de 20 mil pesos para cada legislador, los 10 días de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año en curso y en el caso de los diputados independientes, se les entregará a cada uno de ellos el mismo importe en las fechas señaladas’”.

De esta última “inusual prestación”, la profesora Casar Pérez informa que se refrendó año con año en la LX Legislatura (2006-2009) y se suprimió al entrar en funciones la actual legislatura, junto con la prestación del seguro de gastos médicos menores.

 

Los “secretos” del parlamento

A todo esto, agrega el estudio, es necesario añadir los recursos que año con año se transfieren a los Grupos Parlamentarios a través de la Subpartida 3827 denominada “Asignaciones a Grupos Parlamentarios”, que en 2010 ascendieron a mil 179 millones 119 mil 569 pesos, equivalentes a 65% del Capítulo 3000 y a 24% de todo el presupuesto de la Cámara de Diputados.

“Una verdadera partida secreta”, concluye la investigadora al referirse a la citada Subpartida.

“Resulta revelador –expone Casar– que la propia Auditoría Superior de la Federación en sus informes establezca que ‘no se le ha permitido el acceso a la documentación que sustenta la aplicación de los recursos en la (sub) partida 3827, por lo que la revisión se circunscribe sólo a verificar los recibos que emiten los representantes de los grupos parlamentarios’”.

Sin embargo, destaca el estudio del CIDE, a partir de 2006 se tiene acceso a los Informes de Aplicación y Destino de los Recursos Económicos Asignados por la Cámara de Diputados y en ellos se reportan parte de los ingresos de cada uno de los Grupos Parlamentarios.

Con base a los informes que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2010 y 1 de abril de 2011, los investigadores encontraron que una parte de esa “partida secreta” –728.6 millones de pesos– se distribuyó de la siguiente forma en el periodo de marzo de 2010 a febrero de 2011:

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI): 319.2 millones de pesos; para el Partido Acción Nacional (PAN): 211.1; para el Partido de la Revolución Democrática (PRD): 95.3; para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 37.1; para el Partido del Trabajo: 26.6; para el Partido Nueva Alianza (PANAL): 19.3, y para el Partido Convergencia: 20 millones de pesos.

“Los informes de los Grupos Parlamentarios sobre el uso de estos recursos son indescifrables. Los rubros que contienen estos Capítulos no son transparentes y es prácticamente imposible conocer su aplicación concreta”, destaca.

Por ejemplo cita el capítulo de Servicios Personales, que abarca las remuneraciones al personal de carácter permanente, al de carácter transitorio, las remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social, otras prestaciones económicas y pago de estímulos a servidores públicos.

Por su parte, el de Servicios Generales incluye entre otros rubros los de servicios profesionales, científicos y técnicos, comunicación social y publicidad, traslado y viáticos, y los llamados “servicios oficiales”.

La mayor parte del gasto de las asignaciones a los Grupos Parlamentarios se agrupa en estos dos capítulos, pero lo que es aún peor para la estudiosa es no conocer el destino de aquellos recursos no ejercidos.

“Es el caso del PVEM, que en total recibió más de 37 millones y solamente reportó haber gastado 36% de esos ingresos: 33% en Servicios Generales y 3% en ‘otros capítulos’”.

Por ello, el informe del CIDE deduce no sólo la opacidad sino la discrecionalidad del gasto y de la concentración de recursos en manos de los liderazgos de las bancadas legislativas.

“El esfuerzo por encontrar datos más precisos topa con la negativa de información por parte de la propia Contraloría Interna de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la solicitud (16 de junio de 2009) a la Unidad de Enlace de Acceso a la Información sobre “Los Informes de los Resultados de las Auditorías Realizadas por la Contraloría Interna a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados entre 2003 y 2009”, fue rechazada con base en el argumento de que dicha información “se encuentra reservada en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracción V, 14 fracción VI y 15 párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 18 de la norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados …’”

 

Burocracia dorada

Para finalizar, el documento hace una breve referencia al personal administrativo y de apoyo de la Cámara de Diputados, “aunque la información es igualmente o más opaca”.

Denuncia el informe: “Los datos disponibles no permiten hacer un cálculo similar al de los diputados, pero se sabe que los 5 mil 205 empleados costarán en 2011 al menos 2 mil 063 millones de pesos o 73% de la partida prevista para ‘Servicios Personales’ de la Cámara de Diputados, que en 2011 suma 2 mil 836 millones de pesos”.

Por estructura ocupacional, los 2 mil 969 trabajadores de base y confianza de la Cámara de Diputados cobrarán este año 941 millones 742 mil 219 pesos. Los 578 mandos medios, superiores y homólogos recibirán 567 millones 82 mil 75 pesos. Y los mil 658 empleados por honorarios percibirán 554 millones 520 mil 699 pesos.

“Se sabe también –reporta el estudio– que los sueldos del personal administrativo son similares a los que se reciben en la Administración Pública Federal, y que el Secretario General de la Cámara de Diputados tiene un sueldo adscrito equivalente al de nivel de Secretario de Estado”.

Así, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 2011 y reportes de la Cámara de Diputados consultados por los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica, algunos de los sueldos compactados netos mensuales 2011 del personal administrativo del Poder Legislativo son los siguientes:

Un Jefe de Departamento gana de 18 mil 359 pesos a 30 mil 951; un Subdirector de Supervisión: de 31 mil 121 a 50 mil 662 pesos, y un Director de Área: de 51 mil 769 a 81 mil 368 pesos.

Posteriormente vienen los sueldos mensuales netos más elevados. Para un Director General: 88 mil 576 a 115 mil 815 pesos; para un Coordinador: 116 mil 157 a 123 mil 678 pesos, y el Secretario de Servicios o Contralor Interno gana 132 mil 938 pesos.

Finalmente, el secretario General de la Cámara de Diputados, doctor Guillermo Haro Bélchez, gana 153 mil 228 pesos.

Como en el caso de los diputados, estas remuneraciones están acompañadas de diversas prestaciones como los seguros de Vida Institucional, de Gastos Médicos Mayores, Colectivo de Retiro y de Separación Individualizado, la Gratificación de Fin de Año, la Prima Quinquenal, la Prima Vacacional, pagas de defunción, vales de despensa, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

 

Urge un cambio

De las conclusiones del estudio se desprenden una serie de recomendaciones para hacer más eficiente el gasto legislativo y transparentar su ejercicio.

Por ejemplo, el estudio destaca que la estructura de apoyo a la labor legislativa y los recursos que a ella se destinan, podrían ser utilizados de manera más eficaz.

“Los parlamentos con mayores capacidades institucionales son aquellos que dedican una importante proporción de sus recursos a la creación y sostenimiento de cuerpos profesionales independientes (a-partidarios) para cubrir la gran diversidad de áreas que un parlamento contemporáneo debe atender”, expone.

Recuerda que a diferencia de otros congresos, el mexicano no tiene ese tipo de apoyo ni a nivel de los grupos parlamentarios ni a nivel de las comisiones.

“Los cinco centros con los que cuenta la Cámara de Diputados y que absorben más de 140 millones de pesos, no cumplen con esta indispensable tarea”, apunta.

Asimismo propone que el número de comisiones en la Cámara de Diputados debería reducirse para reflejar la estructura de la administración pública y concentrar en ellas dichos cuerpos especializados.

“Es indispensable una legislación interna para acabar con el rezago en el dictamen de iniciativas y elevar la eficiencia de las labores legislativas”, propone.

Y cita que entre las normas que contribuirían a estos fines están: el trabajo en conferencia de las dos cámaras del Congreso, el establecimiento de plazos perentorios para dictaminar, mecanismos para eliminar iniciativas que después de cierto periodo de tiempo no han sido dictaminadas, mecanismos para castigar la inacción de los legisladores.

“Igualmente se requiere una reforma a la legislación interna del Congreso y en particular de la Cámara de Diputados para reducir tanto el monto de recursos a que tienen acceso los grupos parlamentarios, como a la discrecionalidad para ejercerlos”.

Estima “urgente” aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

“Otros países como Chile –explica- reportan una página por legislador en la que, además de sus datos generales, se informa el monto de la dieta, las percepciones por concepto de asignación para desempeño legislativo, arriendos y telefonía, el gasto en pasajes aéreos, la asistencia a pleno, el sentido de la votación del legislador en el pleno y su participación en foros internacionales. Adicionalmente se presenta la declaración patrimonial y la declaración de intereses de cada legislador”.

Finalmente considera que estas medidas podrían redundar en una mejora en la imagen del Congreso y de los diputados que reciben la peor calificación entre las instituciones democráticas y la del congreso como cuerpo encargado de representar, legislar y actuar como contrapeso del Poder Ejecutivo, al que recientemente el CIDE también reprobó en materia de manejo presupuestal y de imagen institucional para el país.