La relación de la política con el narcotráfico no solo ha sido confrontación, también negociación y acuerdo, como lo revelan los estudios del sociólogo Luis Astorga, quien desde la UNAM ha realizado un trabajo de reconstrucción de los orígenes y los vasos comunicantes.
Los gobernantes algunas veces lo hacen por simple complicidad y otras porque no pueden ir contra todas las organizaciones criminales al mismo tiempo o por complicidad e incapacidad. La máxima de plata o plomo es inmutable, como persuasiva de la voluntad más resistente, mejor ser bien portado.
Entonces, las autoridades discriminan y llegan a pactar con algunas de ellas en perjuicio de las otras generalmente más pequeñas, descontroladas y violentas. Esa es una historia vieja. La he escuchado por décadas en Sinaloa y el argumento a favor es que mediante esas decisiones se garantiza la gobernabilidad y control sobre la violencia de alto impacto.
La lógica es la siguiente: Sigue haciendo tu negocio, pero arregla tus diferencias, sin que tu capacidad de fuego alcance a civiles inocentes. No calientes la plaza con escandalosas balaceras porque terminaras pagándola.
Bien, esa lógica sin estar apegada al llamado Estado de Derecho, durante mucho tiempo garantizó que las plazas vivieran una relativa calma chicha pero, ahora, todo indica que ese equilibrio no existe más.
Vivimos en medio de la jungla donde impera la ley del más fuerte y eso explica en parte la espiral de violencia que se está viviendo en la mayor parte del territorio nacional, como ha sido aceptado recientemente por el propio Presidente Peña Nieto, cuándo en el Foro Nacional “Causas por la inseguridad, ciudadanos más policías”, sale al paso a sus críticos que dice hacen “bullying contra las instituciones” y ante la falta de reconocimiento podría llevar “a la inacción”.
Tener un cártel interlocutor, protegido, en perjuicio del resto, no existe más, como no existe la Federación de cárteles, como la que en su momento diseño y puso en marcha Joaquín “El Chapo” Guzmán durante los años aciagos del calderonismo con la “guerra contra el narco”, que terminó siendo un reverendo desastre por las componendas, delaciones, traiciones, aprehensiones, extradiciones y asesinatos de capos y autoridades. Que, además, dejó como nunca decenas de miles de muertes y desaparecidos que hasta el día de hoy sus familias buscan infructuosamente.
Un escenario con estas características, con escaso rendimiento institucional, y un alto costo para la sociedad, es ciertamente una tierra fértil para el bullying político. Que se cuestione a los encargados de las instituciones, que se demande mayor trabajo estratégico y se reduzca los índices de violencia es lo menos que se puede pedir.
Y ahí el Presidente Peña se equivoca, no es que el bullying vaya contra las instituciones de seguridad pública, sino contra quienes no dan resultados. Contra los que ven impávidos la violencia y no le encuentra el modo de como detenerla y se esconden en sus oficinas en lugar de enfrentar a sus promotores.
Hoy los cárteles ya no son lo que fueron. Organizaciones altamente personalizadas, con figuras icónicas, como las dirigidas por Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Benjamín Arellano o Arturo Beltrán Leyva, sino organizaciones enrarecidas con una alta fragmentación que dificulta cualquier tipo de combate y arreglo extra institucional.
Y eso exige igualmente otro tipo de estrategias. Menos de intermediación porque simplemente no existen interlocutores válidos. ¿Quién podría hacer esa tarea? En algún momento se dijo que la liberación de Rafael Caro Quintero tenía ese objetivo pues luego de 28 años de estar preso se estimaba que su figura era reconocida y podría cumplir tareas de reorganización y aplacamiento de la violencia.
Pero, después de más de cuatro años de haber sido puesto en libertad -con la insatisfacción de la DEA que estaría buscándolo para llevarlo a una prisión de los Estados Unidos por la muerte del agente Enrique “Kiki” Camarena-, si aquellos eran los objetivos de su liberación nunca se cumplieron ni se habrán de cumplir.
El hombre si lo intento falló y hoy las propias autoridades afirman que ha vuelto al negocio del narcotráfico. Y afirman que es uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, donde se le tiene una alta estima, porque es ejemplo de resistencia en la nueva generación de narcotraficantes.
Mientras esto ocurre la espiral de violencia se expande hasta regiones que durante mucho tiempo fueron santuarios de resguardo, como es el caso de Baja California sur, donde la guerra ha llegado generando una gran inestabilidad y golpeando su principal fuente de ingresos y empleos que es la actividad turística.
No se ve por donde se pueda enderezar el barco. El gobierno de Peña Nieto terminará con más homicidios dolosos per cápita que los que tuvo el de Calderón Hinojosa sin que haya declarado una guerra contra el narco. Se presumía en 2012, que con el regreso del PRI a la Presidencia, volvían después de doce años de ausencia los que sabían cómo ordenar las piezas de este tablero criminal.
Pero, no fue así, lo que arrojó es que varios gobernadores de su partido en lugar de jugar el rol de intermediarios, ser factores de equilibrio, pasaron solo a ser parte de la nómina de los cárteles.
Ahí, están las historias de los gobernadores tamaulipecos, y la reciente revelación estadounidense de los vínculos de los hermanos Moreira. A ellos no les preocupaba el tema de la violencia, sino las regalías que obtenían por hacerse de la vista gorda y probablemente prestar servicios desde el poder público.
Y eso representa un cambio de paradigma: La narcopolítica. Que es el problema de fondo, el generador de riquezas pero también de mayor violencia y muerte pero, además, la maraña que se ha tejido en torno al poder político.
La representación política en muchas regiones es parte de la disputa entre los grupos criminales. Estos están invadiendo a punta de bala el espacio público, y son las consecuencias de la corrupción, impunidad y complicidades tejidas a lo largo de las últimas tres décadas. Y eso es parte del debate público y esta aquí como antesala de las elecciones concurrentes que tendremos en 2018. No el del bullying a las instituciones, que no es, sino a sus autoridades.
