Protesta por la desaparición de los fideicomisos. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Por Sarahí Salvatierra*

Después de mucha polémica, el pasado lunes 9 de noviembre entró en vigor el decreto que determina la modificación de diversas leyes para extinguir 109 fideicomisos públicos. Como sabemos, lo anterior generó diversas dudas en la ciudadanía y en las personas beneficiarias ya que no quedaba claro si se continuarían garantizando los fines que cumplían los fideicomisos, cómo los afectará, con qué recursos o nuevos mecanismos financieros iban a continuar asumiendo los pagos, entre otras. Como respuesta a las críticas de una medida tan contundente, la fracción parlamentaria que aprobó la extinción de estos instrumentos señaló que no se pondría en riesgo el cumplimiento de los fines ni la entrega de recursos a los beneficiarios, sin embargo, esas inquietudes no fueron esclarecidas en el decreto y por el contrario generó otras preguntas.

El decreto aprobado es impreciso pues sólo señala, de manera general, que los recursos tendrán que ser integrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) como ingresos excedentes en un lapso de 30 días naturales –a más tardar el 30 de junio de 2021 para los recursos que derivan de los fondos de ciencia y tecnología–, a menos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine otra fecha; que los recursos recuperados serán destinados para atender la situación de salud generada por la pandemia –como la obtención de la vacuna–, pero también para continuar con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los fideicomisos que se van a extinguir y; que las instituciones públicas que administraban los fideicomisos continuarían garantizando los fines con cargo a su presupuesto. Lo anterior no garantiza que no se afecte o que no se ponga en riego a las y los beneficiarios que dependían de estos instrumentos, y sí genera otras dudas, por ejemplo, si las dependencias cuentan con suficientes recursos para asumir esas responsabilidades o se les hará nuevas asignaciones presupuestarias; cuál será el tiempo de recuperación de esos recursos, y a partir de cuándo podrán ser utilizados nuevamente por la Federación o, en qué se destinarán realmente estos recursos.

Frente a esta situación, la discusión y aprobación del Proyecto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021) cobraba relevancia, pues era necesario que se hicieran ajustes presupuestarios suficientes a las instituciones que continuarán con el cumplimiento de los fideicomisos que se van a extinguir para evitar afectar a las personas beneficiarias en tanto no se concluyan estos instrumentos, se reintegren los recursos a la TESOFE o se determine cuánto regresa para el cumplimiento de los mismos fines y cuánto se destinará en salud.

La preocupación está latente debido a que en el PPEF 2021 algunas de estas instituciones se vieron afectadas en su presupuesto, especialmente las de garantía de derechos humanos. Por ejemplo, para el derecho a reparación del daño por parte del Gobierno Federal, se erogaban recursos a través del fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y una partida presupuestal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El problema es que en los últimos dos años las aportaciones del presupuesto a la CEAV se han reducido constantemente, pasando de 1,094 mdp en 2018 a 844 mdp para 2021 -lo que representa una reducción de 22.9%- (1), en un contexto donde las solicitudes para el Registro Nacional de Víctimas eran de 30 mil 539 víctimas al tercer trimestre de 2019, lo que pone en peligro la disponibilidad de los apoyos para víctimas.

Asimismo, el Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que también está en proceso de extinción, era el principal instrumento financiero para pagar de manera inmediata las medidas de prevención y protección de la vida, integridad, la libertad y la seguridad de este grupo social que se encuentran en situación de vulnerabilidad por el contexto de violencia en nuestro país. Con la extinción del fideicomiso corresponderá a la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de SEGOB asumir estos gastos; sin embargo, si no se asigna a esta Dirección al menos el mismo monto de recursos que se recuperará del fideicomiso para implementar las medidas, tendrá que operar sólo con lo asignando para gasto corriente, lo que podría limitar las medidas de seguridad y protección con las que cuentan las personas beneficiarias e incrementar su vulnerabilidad.

A pesar de que el presupuesto para 2021 se aprobó el pasado jueves 12 de noviembre, aún no es posible saber con certeza si se asignaron suficientes recursos a las dependencias y a sus unidades administrativas, pues el dictamen y el detalle podrá conocerse hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente la base de datos en la página de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. Mientras tanto, será importante dar seguimiento puntual a estas publicaciones para verificar si se hicieron ampliaciones o ajustes presupuestarios para las dependencias que continuarán y/o asumirán las responsabilidades que deja la extinción de los fideicomisos, así como observar el primer informe trimestral de 2021 para conocer más ampliamente las adecuaciones presupuestarias ya con la recuperación de los recursos de estos instrumentos, pues según el dictamen, para esa fecha ya tendrían que haberse reintegrado a la TESOFE.

Con la desaparición de los fideicomisos no sólo la asignación presupuestaria es importante, poner en el centro a las personas y la garantía de los derechos, así como el diseño de mecanismos de coordinación interinstitucional, de transparencia y rendición de cuentas de la extinción y reasignación de recursos tendrán que ser la prioridad.

* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico


(1) Lo anterior conforme al análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 a 2020 y el PPEF 2020. Verificar análisis del paquete económico para 2021 realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Disponible en:
https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/Analisis_Paquete_Economico_2021_Fundar.pdf