Después del fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enmarcó el consumo de mariguana en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y declaró desproporcionada su prohibición absoluta, la convocatoria del Gobierno federal a debatir el uso de la sustancia levanta, al menos, extemporánea y, tal como lo ha dicho Juan Villoro, sospechas de que se trate sólo de un subterfugio para evadir la discusión urgente: cómo regular la mariguana para hacer que la legislación y las políticas públicas se ajusten a lo decidido por la Corte y su declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud.

Si bien el fallo tiene efectos exclusivos sobre las personas que obtuvieron el amparo y harían falta otras cuatro sentencias en el mismo sentido para generar jurisprudencia, su importancia política es indudable y el gobierno no puede llamar a un debate con una convocatoria elaborada como si la sentencia de la Corte no existiera, precedido del clamor presidencial en contra de acabar con la prohibición.

El texto de la convocatoria del gobierno parece un viaje al pasado, como a 2007, cuando en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el primer foro sobre la mariguana, después de que la Diputada Elsa Conde había presentado tres iniciativas para regular el cannabis medicinal, el cáñamo industrial y el consumo recreativo. Entonces sí era pertinente escuchar las diversas opiniones, fundadas o no en evidencia, sobre un tema del cual la sociedad sabía muy poco, debido sobre todo al manto de ignorancia y silencio que la prohibición había tejido en torno al tema.

Desde entonces y hasta hace apenas unas semanas, he participado en decenas de debates, simposios, congresos y mesas redondas donde se han discutido hasta el hartazgo los mismos argumentos. Frente a cada estudio médico con evidencias de que los males provocados por la mariguana han sido exagerados, los defensores de la prohibición presentan otros que dicen lo contrario o subrayan fuera de contexto los daños que los documentos de sus adversarios advierten. Los participantes han sido casi siempre los mismos: la inefable señora Carmen Fernández, con sus presentaciones llenas de datos falseados y su claque de apoyo para ovacionar sus dichos, los representantes de la UNODC, aferrados a la prohibición como si en ello se les fuera el empleo, los funcionarios de CONADIC, frecuentemente médicos empeñados en que su trabajo lo haga la policía, frente a los defensores de derechos humanos, los neurocientíficos y médicos con argumentos basados en nuevas evidencias y los especialistas en temas de políticas públicas y en temas de seguridad que plantean que la prohibición ha sido un desastre, pues no ha acabado con el consumo, ni con la oferta y en cambio ha provocado la persecución de los usuarios, le ha dejado ganancias ingentes a las organizaciones de traficantes, con las que se han podido armar y reclutar ejércitos con capacidad para retar el control territorial del Estado y para ampliar sus operaciones a delitos mucho más dañinos, como la extorsión, el robo o el secuestro, además de haber generado problemas de salud mayores que los que pretendía resolver.

Los argumentos están en la mesa. Si el gobierno no los conoce, basta con que pida las versiones estenográficas de estas discusiones reiteradas al Senado o a la Cámara de Diputados. Lo único novedoso a lo largo de los años ha sido que el bando de quienes se han convencido de los argumentos en contra de la prohibición ha crecido en cada nuevo foro publico, mientras que los defensores del modelo fracasado siguen siendo los mismos de siempre. La convocatoria publicada por la Secretaría de Gobernación falla desde el título y muestra lo atrasada que está esta administración respecto a lo que se debe discutir, pues el uso es un hecho social, no algo que esté sujeto a debate. Lo que debemos construir, sobre todo después del fallo de la Corte, pero también ante la evidencia de que la prohibición ha fracasado, es cuáles son las leyes y las políticas que le pueden permitir al Estado administrar mejor los riesgos del consumo: cómo evitar que los niños y adolescentes tengan contacto temprano con la sustancia, cómo separar mercados para que los usuarios de mariguana no se vean expuestos a la oferta de sustancias más peligrosas, cuáles deben ser los espacios apropiados de aprovisionamiento, quiénes pueden producir, quiénes pueden vender y cuántos impuestos deberán pagar, no si se usa o no.

El clamor prohibicionista del Presidente Peña Nieto, que ha cargado con sus prejuicios de entrada toda discusión convocada por su gobierno, muestra una profunda ignorancia de lo que debe ser una política pública. Que a sus hijos, en su casa, él les trate de inculcar lo que quiera, pero como jefe de gobierno debe de partir de que la discusión sobre políticas debe basarse en la evaluación de costos y beneficios sociales de las acciones emprendidas. Los males de la prohibición han gangrenado a la sociedad, mientras que el consumo en sí mismo de mariguana, sin ser inocua, no ha causado una sola muerte.

Un grupo amplió de intelectuales, artistas, empresarios, científicos, médicos y activistas que compartimos buena parte de estas preocupaciones hemos dirigido una carta al Presidente de la República y a los funcionarios de su gobierno involucrados en este tema para que sin subterfugios ni dilaciones enfoque el debate público en la manera en la que se debe regular la mariguana y en las políticas públicas más adecuadas para atender el fallo de la Suprema Corte, no en repetir las cansinas cantaletas en las que se ha basado el fracaso de lo que actualmente tenemos.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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