La CNDH exigió al Gobierno de Sonora hacer justicia a las denuncias de tráfico infantes en Sonora durante el mandato de Guillermo Padrés, así como por las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF y la falta de impartición de justicia en otros casos de violaciones a los derechos de cientos de menores
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Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones graves a derechos humanos de cientos de niños por parte del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Sonora.
La CNDH emitió este día una recomendación al Gobierno de Sonoro por las investigaciones sobre tráfico de menores, imprecisiones sobre el destino de 682 niños, así como de los trámites de adopción y la integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las conductas delictivas cometidas en agravio de 22 menores entre los años de 2009 a 2015.
De acuerdo con el organismo nacional, el DIF del estado presentó informes incompletos en ese periodo, lo que impidió conocer el destino final de 682 menores de edad, además de que no exhibió la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de 110 casos de niños que fueron dados en adopción.
Además, señaló, funcionarios públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado incurrieron en supresión y tráfico de 22 menores de edad.
Sobre el trafico de otros 18 menores de edad, la Procuraduría General de Sonora también cometió violaciones al no integrar de manera pertinente las averiguaciones previas. La PGJE tampoco impartió justicia– derivado del ilegal desistimiento de la acción penal ejercida en su momento– en contra de 13 personas acusadas de dicho delito.
Con motivo de la expedición de los certificados de nacimiento de 17 menores de edad, los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas, la CNDH responsabilizó a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado.
En tanto, agregó, la casa hogar UNACARI es señalada de ejercer violencia psicológica– derivado de la denuncia de un menor–. Además, personal de la misma estancia no denunció que tres menores inscritos fueron sustraídos ilegalmente por sus padres.
Por último, acreditó que personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Municipio de Hermosillo no denunció ni procuró localizar localizar a una mujer que agredió física y verbalmente a su hijo, pese a que había una denuncia previa.
Todos estos casos, en los que se violaron los derechos de cientos de menores y se puso en riesgo su vida, se cometieron de 2009 a 2015, en el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, actualmente preso en la Ciudad de México por presunto enriquecimiento ilícito.
José Manuel Hernández López, quien está acusado de venta ilegal de bebés en Sonora y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, declaró el año pasado que desde el inicio de su gestión, la ex Primera Dama y presidenta del DIF del estado, Iveth Dagnino, ordenó las adopciones irregulares.
La cantidad solicitada por niño rondaba los 100 mil y los 130 mil pesos, aseguró Hernández. Según el implicado, toda la estructura del DIF-Sonora intervino en tal delito.
Entre las personas implicadas en este caso se encuentra Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, quien también fungía como encargado de la línea PROTEGE de la misma institución.
