Toda persona con una enfermedad psiquiátrica debe ser considerada como persona con discapacidad, afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También señaló que el derecho a la salud mental implica el suministro de medicamentos sin discriminación.
México, 17 dic (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que el Estado mexicano está obligado a proteger el derecho a la salud de personas con padecimientos tanto físicos como mentales, y específicamente, a suministrar los medicamentos básicos para su tratamiento.
La institución detalló en un comunicado que cualquier persona que padezca lo que comúnmente se denomina “enfermedad mental“, “problema de salud mental”, “padecimiento mental” o “enfermedad psiquiátrica” debe ser considerada como persona con discapacidad.
Ejemplificó el caso de un hombre adulto que fue diagnosticado con diversos trastornos mentales y que se encontraba bajo tratamiento médico en un hospital especializado, el cual le negó medicamentos en las últimas dos ocasiones que lo solicitó.
El Estado mexicano está obligado a proteger, de la misma manera, el derecho a la salud de personas con padecimientos tanto físicos como mentales y suministrar medicamentos básicos que requieren. Esta sentencia visibiliza desprotección de los pacientes del sistema de salud mental pic.twitter.com/K2wsenEbxU
— Suprema Corte (@SCJN) 17 de diciembre de 2019
Explicó que el nosocomio argumentó que en sus ordenamientos internos no se contempla el otorgamiento de medicinas a pacientes ambulatorios, es decir, que no estén en hospitalización.
El paciente afectado, quien se mostró como una persona con discapacidad mental, promovió una demanda de amparo argumentando violaciones al derecho a su salud, la cual llegó al máximo tribunal del país.
Así, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que “la debida protección del derecho a la salud conlleva la prestación de los servicios necesarios para su protección integral y no advierte diferencias en el tratamiento normativo que reciben la salud física y la mental”.
Es por ello, dijo, que no “existe razón para excluir a la salud mental de esta conclusión”.
Señaló que el derecho a la salud mental sí implica el suministro de medicamentos y que esta obligación conlleva “otorgarlos sin discriminación”, además de que existan programas dirigidos a suministrar estos fármacos a toda la población, en especial a los grupos más vulnerables.
El tema, concluyó, resulta relevante ya que evidencia “la vulnerabilidad y desprotección de los pacientes que suelen ser atendidos en el sistema de salud mental”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, en México se estima que los trastornos mentales afectan a 30 por ciento de la población.
