Los especialistas describen que la franja de inseguridad en México es tan ancha que no hay más remedio que los mecanismos de autoprotección. “El Estado ha fallado”, coinciden. Y dicen que en esta crisis ya no hay marcha atrás. O se encara al monstruo de la violencia o se le deja pasar. Los mexicanos han conformado un menú que por ahora incluye organizaciones vecinales, autodefensas,  policías comunitarias, guardias tradicionales, guardias comunales, uso de tecnología sofisticada, blindaje, uso de redes sociales… Todo, de acuerdo con los recursos de cada uno, de cada estrato social, de cada pueblo, de cada ciudad.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Los dos hombres que el pasado 12 de febrero se propusieron el secuestro de un joven de 22 años en el cruce de Excursionistas Raza de Bronce y Club Alpino Centauros, en Tlalnepantla, Estado de México, no se imaginaron la balacera que estaban a punto de recibir.

Ese fue su error. El único que cometieron. Y el que acabó con sus planes y cambió su destino. Porque si se sigue el modus operandi tradicional de las bandas del secuestro en México, su guión era perfecto y limpio: llegada silenciosa, pistola, violencia, un carro, palabras que inciten miedo, huida tranquila, ausencia de policía, violencia.

Pero aquel miércoles olvidaron incluir en su ruta crítica una probabilidad: los vecinos podían estar armados. Los secuestradores encontraron el fuego, pero también una emboscada. Más de cien hombres y mujeres se reunieron en la autopista México-Pachuca, a la altura de la Colonia La Laguna. Fue un vecino el que había iniciado el contra-ataque. Disparó. Luego, llegaron los otros. Y entre todos, les detuvieron el ímpetu.

Heridos, con la voz como única fuerza y rendidos entre la multitud, los supuestos secuestradores le pidieron a los agentes de la policía municipal de Tlalnepantla, ser llevados  la Cruz Roja de la colonia, conocida como La Presa. Uno se identificó como Omar Chávez y tenía un disparo en el brazo izquierdo. El otro dijo que era José Rodríguez Castro y llevaba un disparo en la pierna izquierda. El joven que iba a ser secuestrado también resultó herido en el vientre.

Pero no se pudo. De ahí no se podía salir por tierra. La multitud, como sucede en el Estado de México, estaba a punto de turba. Y el linchamiento –o su idea– zumbaba cada vez más fuerte. Por eso llegaron dos helicópteros del Estado de México. Para entonces, quien había iniciado la defensa se había ido. ¿Quién era? Es difícil saberlo ahora. Ningún vecino ha querido brindar su identidad.

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En México, hay más formas de auto protección que en ningún otro país que no esté en guerra declarada, según documentos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y especialistas.

A la defensa organizada de vecinos, hay que añadir las autodefensas, las policías comunitarias, las guardias tradicionales, las guardias comunales, así como el uso de tecnología sofisticada y blindaje en la Iniciativa Privada (IP). En este mapa también está incluido el uso de redes sociales que se nota más en Tamaulipas con páginas creadas en Facebook que llevan un monitoreo de las acciones de los grupos del crimen.

En un viaje por los rincones de la República Mexicana, en muchos puntos se encontraría a la población organizada. No se trata de la simple organización. La Segob admite que en la mayoría de las diferentes formas de protección hay armas. La defensa es por una razón u otra. Pero en cada historia, la respuesta a la violencia en muchos casos, también es la violencia.

La Segob y la CNDH admiten la existencia de grupos de autodefensa en 68 municipios de 13 estados de la República. Por otro lado, hay policías comunitarias en Michoacán (la más famosa es la de Cherán por la defensa del bosque), en Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Veracruz y en Yucatán.

En tanto, en pueblos de las delegaciones de Xochimilco y Milpa Alta del Distrito Federal, cuelgan letreros para ahuyentar : “Aquí linchamos al que roba” o “Aquí linchamos al que secuestra”. “Delincuente: no te acerques. Aquí linchamos”.

El trajín del narcotráfico ha empeorado la situación en los rincones de México. Dado que en cada entidad el problema de la violencia tiene una cara peculiar, algunas organizaciones criminales aprovechan la situación de desprotección y se arman, y son quienes toman el gobierno, describe en un artículo el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Benítez Manaut.

Si se continuara ese recorrido por la orografía mexicana, se encontrarían también muchos pueblos vacíos. Porque las zonas rurales sangran. Y muchos, también como manera de protección, han decidido trazar un peculiar camino: abandonar los pueblos y lanzarse a un destino impreciso.

No se sabe a dónde fueron quienes dejaron las rancherías de México por razones de inseguridad en el sexenio pasado. Hay demógrafos como Manuel Ángel Castillo del Colegio de México (Colmex), que indica que una posibilidad es que este flujo migratorio –al no poder llegar hacia el Norte– se haya ido hacia las zonas de reserva natural como ocurrió en Guatemala cuando el conflicto guerrillero alcanzó el momento crítico en los 80.

Protegerse, buscar las formas de organización, no es un fenómeno ubicado en el espacio rural. En las áreas urbanas, contrarrestar al flagelo de la violencia –ese que cada año cobra mil muertes en promedio en el país– ha modificado la forma de invertir en la vida. Un solo ejemplo: en Interlomas, el paisaje de casas lo componen sistemas de autovigilancia y otro tipo de mecanismos de control. Hay uno en particular que se distingue por su sofisticación. Los vecinos deben utilizar el brazo como contraseña. Lo tradicional de los sistemas de seguridad era la huella digital, pero “la paranoia de la violencia hizo considerar que nos lo podían cortar para entrar. En cambio, el corte del brazo suele ser más complicado”, cuenta un vecino en esa zona del Estado de México.

En general, la clase media ha decidido blindarse. Hasta la fecha, el blindaje de automóviles se ha fortalecido en 35 por ciento. Desde 2006 –cuando se inició la “guerra contra el crimen organizado”– hasta ahora se han blindado casi seis mil 500 autos; esto es 0.30% del parque vehicular del país, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Decenas de empresas blindadoras se han instalado en el país. En 1996 había seis y ahora operan 55, repartidas en el centro y norte del país, según un registro de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dan cuenta que en este momento, ocho de cada 10 camionetas o automotores acorazados (80%) que circulan por el país, son utilizados por empleados de la iniciativa privada; es decir, ciudadanos de clase media con poder adquisitivo alto que son protegidos por los consorcios para los que trabajan.

No sólo son los autos. Los mexicanos han empezado a conformar otro mercado: el de ropa y otros productos blindados. “Las personas (en México) están invirtiendo más en prevención”, dijo el empresario colombiano Miguel Caballero, apodado “El Armani del blindaje” o de “las antibalas”, durante su visita a México en la Expo Seguridad en 2010. En su tienda, instalada en Polanco, se encuentran trajes, sacos, chamarras y corbatas. Los precios van desde 399 dólares hasta los 12 mil dólares (este es el monto de una camisa Polo, capaz de resistir el ataque de una UZI). En estos productos predomina el legendario material kevlar, que fue utilizado por primera vez en 1975 para la manufactura de chalecos antibala más ligeros para las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Con sólo una tienda, México representa 30% de sus ventas en el mundo, con lo que se convirtió en su tercer comprador, sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

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¿Qué pasa? ¿Por qué? El sociólogo Nelson Arteaga de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sostiene que la violencia y la fragilidad del Estado han obligado a los diversos grupos de la sociedad mexicana a crear tantos mecanismos de defensa como sea posible. “Tantos como Méxicos hay”, exclama el especialista.

“La franja de la inseguridad se ha vuelto cada vez más ancha. Se está expandiendo y generando organización armada. Cada entidad y cada sector social está generando formas de protección”, expresa.

La causa es muy similar a la que identifica Pablo Monsalvo, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana (UIA): “En los últimos tiempos, en los últimos sexenios, hemos tenido el incremento de la inseguridad y un Estado fallido en contrarrestarla. Tienen que revisarse las causas en esta falla. Esto va a llevar tiempo y confrontación”.

La CNDH, en su Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la Seguridad Pública en el estado de Guerrero admite que las armas se han tomado para “tratar de llenar el abandono institucional”.

La ausencia de seguridad proveniente del Estado está aderezada en las áreas rurales por la miseria más apremiante. El documento de la CNDH enfatiza que la “ineficiencia” del sistema de seguridad pública local, aunado a los altos índices de pobreza, marginación y exclusión social son factores del escenario donde los grupos civiles tomaron las armas.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 69.7% de los habitantes en Guerrero se encuentran en situación de carencia apremiante. Ahí es donde se ubican las policías comunitarias. Organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que tiene 18 años de vida, fueron creadas en zonas indígenas, donde las decisiones están regidas por los habitantes de una localidad.

En toda la República, el ciudadano común está expuesto a problemas de seguridad pública y nacional.

La violencia se impone en un panorama sombrío. De 2006 a 2012, la comisión del delito se disparó a la par de la guerra en contra del crimen organizado emprendida por el ex Presidente. Para los especialistas, la estrategia de Seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto no representa un cambio o un viraje de timón respecto a la de su antecesor en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa. De modo que el delito continúa igual.

Lo mismo ocurren asaltos a carreteras (delito disparado 245% según la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal (PF), hay robo de vehículo (tiene un incremento de hasta 64.2% según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) o sucede la azarosa lluvia de balas.

En los ambientes, con el cambio de sexenio, nada se modificó. En el mejor de los casos en algunas entidades, las cosas siguen igual, pero en regiones como la Tierra Caliente se deterioraron. Michoacán se convirtió en microcosmos de la defensa. Las huestes armadas en contra de grupos delictivos están en casi 995 mil hectáreas, lo que representa la sexta parte del territorio del estado.

ESTO YA NO TIENE MARCHA ATRÁS

Es difícil que este segmento de la realidad se revierta. En la clase media, expone Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), prevalece la idea de que la inseguridad se va a mantener con el mismo rostro de hoy. Aun cuando el combate en contra del narcotráfico concluya. “El nivel de confianza en las autoridades locales y federales en seguridad pública quedó muy dañado. Es muy bajo”.

Dar marcha atrás sería difícil. Y entonces, ¿hay una condena a vivir bajo el parámetro de la violencia? ¿No hay más remedio que la auto-organización? Nelson Arteaga, de la Flacso, admite que no hay marcha atrás.

El investigador expone la importancia de aprovechar la crisis de violencia aunque suene paradójico. Dice: “Estamos, al final, ante una oportunidad. La de reconstruirnos como sociedad a partir de los lazos sociales que ha generado la violencia. Cuando se rompe una taza, aunque se pegue, no volverá a ser la misma. Las relaciones sociales que se han fracturado, están fracturadas y no podemos restituirlas. Debemos ver qué nuevos tejidos sociales se están construyendo con la violencia”.

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