La entrega del informe, hoy. Foto: Cámara de Diputados

La entrega del informe, hoy. Foto: Cámara de Diputados

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos desvíos de recursos en educación, sector social, agropecuario y agrario, así como diversas inconsistencias financieras del gasto de la Cuenta Pública 2013, es decir, ya en la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Advirtió un desvío acumulado superior a los 50 mil millones de pesos, y dijo que los mecanismos existentes no son suficientes para frenar la corrupción.

La ASF entregó hoy a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados su informe de 230 páginas, que reporta 14 auditorías forenses. Advirtió que las irregularidades podrían derivar en denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La Auditoría dijo en el informe:

“Existe una carencia de sensibilización de los mandos superiores respecto de la ética e integridad”

El auditor superior, Juan Manuel Portal Martínez, manifestó en conferencia de prensa que las denuncias penales podrían ser dirigidas contra particulares involucrados en la contratación de terceros o contra servidores públicos. “Iría sobre recursos que se utilizaron para la contratación de terceros, y las denuncias pueden ser no únicamente contra servidores públicos sino más bien contra quienes hicieron uso del recurso y pueden ser privados”.

El monto de estas irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2013 podrían ascender a más de 50 mil millones de pesos.

Del reporte se desprende que:

• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó más de mil 123 millones 614 mil pesos a Sabritas, Gamesa, Scotiabank y otras empresas a través de programa de condonación “Ponte al Corriente”. La Auditoría señaló directamente a funcionarios, que hicieron esta condonación de manera irregular.

• Que las acciones emprendidas para fortalecer la integridad “son desarticuladas entre las propias unidades administrativas”.

• Advirtió que no hay personal especializado en temas de administración de riesgos a la integridad y acciones anticorrupción. Es necesario, dijo, que todas las instituciones públicas cuenten con códigos de ética y conducta debidamente formalizados y que se revisen periódicamente.

Portal Martínez dijo que gracias a la revisión de esta cuenta pública, la Auditoría recuperó cinco mil 804 millones de pesos. Esta cifra podría elevarse durante el proceso de solventación de esas presuntas irregularidades que alcanzan esos 50 mil 721 millones de pesos. Los funcionarios federales tienen un plazo de 30 días para solventar las observaciones, a partir de que son notificados por este órgano de fiscalización que depende de la Cámara de Diputados.

Los diputados que integran la Comisión de Vigilancia –la preside el perredista José Luis Muñoz Soria– coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer al órgano fiscalizador y la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, para hacer más eficiente la transparencia y la rendición de cuentas.

El legislador Julio César Lorenzini Rangel, del PAN, indicó que se realizarán mesas de trabajo para ampliar la información contenida en el informe, y destacó que “un elemento recurrente, que demanda la atención de los legisladores, es la persistencia de la corrupción en el sector público”.

En tanto, Alfa Eliana González Magallanes, del PRD, se pronunció porque se investiguen y castiguen los casos de corrupción, independientemente de la extracción partidista, y consideró que en el tema de conflicto de intereses debería tener incidencia la ASF.

Por el PVEM, Carlos Octavio Castellanos Mijares señaló que los ciudadanos merecen que se les rindan cuentas claras y que los impuestos que aportan se apliquen con efectividad y transparencia.

La Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Nueva Alianza, dijo que la desconfianza de la ciudadanía deriva de la percepción generalizada de que la corrupción y México requiere de un sistema fiscalizador eficiente.

Finalmente, la Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que a pesar del avance en materia de fiscalización de recursos federales hay mucho por hacer, ya que los ordenamientos jurídicos nacionales se contravienen con normas internacionales.

GUERRERO: ENTRE 40 Y 50 OBSERVACIONES

También en la conferencia, Portal Martínez informó que detectaron irregularidades en el gasto federalizado asignado a Guerrero para rubros como salud, educación, seguro popular y otros.

“El caso de Guerrero es uno de los que tenemos quizá con montos observados importantes”, dijo.

Sin dar una cifra exacta, el auditor federal añadió que en esa entidad federativa se tienen en proceso entre 40 y 50 denuncias.

Guerrero cuenta con “observaciones importantes” y actualmente se encuentran en fase de integración de las denuncias correspondientes, para eventualmente presentarlas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Nosotros estamos armando aquellas denuncias que pensamos que puedan proceder y proceden en algunos casos en forma muy clara”, explicó Portal Martínez.

En cuanto al gasto federalizado, comentó que se tiene que fiscalizar cada rubro, “tanto de lo que es fondo para la educación básica, como lo que es para salud, como para Seguro Popular, son muchos los fondos”.

Portal Martínez especificó que en Guerrero, durante el periodo de revisión, se registraron eventos naturales catastróficos en donde intervinieron recursos públicos para atender la emergencia.

Al respecto, indicó que “no tenemos ninguna observación pendiente en lo que corresponde al Fonden (Fondo de Desastres Naturales)”.

–Con información de Notimex