Las garantías que, a decir de la CDHDF, fueron violentadas son los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al debido proceso a la asistencia consular y al acceso a la justicia.

La CDHDF emitió recomendaciones por 17 casos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Foto: Archivo

La CDHDF emitió recomendaciones por 17 casos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Foto: Archivo

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, presentó hoy una recomendación por 17 casos de tortura y otras violaciones a las garantías cometidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalinas.

Las garantías que, a decir de la CDHDF, fueron violentadas son los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al debido proceso a la asistencia consular y al acceso a la justicia.

Entre los casos que en la recomendación se mencionan está el caso de Javier Daniel Osornio Juárez, quien fue sometido a tortura por parte de elementos de la Policía de Investigación cuando se encontraba internado en el Hospital General “Xoco”, delegación Coyoacán.

El de Carlos Eduardo Barcenas Briceño, quien fue detenido en 2012 cuando se dirigía a hacer un deposito bancario. Policías lo detuvieron y torturaron, y después lo presentaron ante medios de comunicación como responsable de robo en flagrancia.

Otros de ellos, es el de Irving Antonio Salazar Razo, ocurrido en agosto de ese mismo año, en la delegación Iztacalco, quien dijo a la Comisión local que fue detenido en compañía de su hijo menor de edad y que fue obligado a golpes y agresiones psicológicas para inculparse de un secuestro. Actualmente la víctima se encuentra preso.

Además se menciona el caso de otra persona a la que se le golpeó para que asumiera su responsabilidad en un robo de un vehículo en el año 2012, en la colonia Cuauhtémoc. Tras haber sido agredido física y verbalmente fue trasladado al Ministerio Público, quien lo sometió a proceso y fue trasladado al Reclusorio Oriente. Un mes y tres días después salió libre por falta de pruebas, también en 2012.

A las dependencias locales se les ordenó que reparen el daño a las víctimas, les brinden apoyo psicológico e inicien las investigaciones en contra de los involucrados en los casos mencionados.

Además se les pidió que se derogue la normatividad que permite que personas sujetas a proceso penal sean exhibidas ante representantes de medios de comunicación, entre otras recomendaciones.

Incluso, crear y aplicar un programa para la implementación de políticas públicas a fin que eviten que este tipo de practicas vuelvan a repetirse.