El Diputado Moisés Ignacio Mier Velasco, jefe de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, está obligado a ofrecer un informe público, preciso y detallado, sobre las razones jurídicas por las cuales no se ha consumado el trámite que podría declarar la procedencia de la acción penal contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por su apodo de “Alito”.

Pero igual ejercicio de rendición de cuentas y transparencia debería cumplir el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con respecto a las razones jurídicas por las cuales la dependencia a su cargo no ha promovido, reactivado y ejecutado una órden de aprehensión en contra el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra quien existen graves acusaciones por las cuales tendría que responder ante la justicia.

El cierre del 2022 establecía fechas fatales que podrían haber conducido a ambos personajes a ser presentados ante jueces que tendrían que haber declarado, entre noviembre y diciembre, la procedencia de la acción penal en contra de ambos, e inclusive,  la iniciación de procesos en su contra. No sucedió así en ninguno de los dos casos.

El 3 de septiembre del 2022 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero -la inmunidad constitucional-, del diputado Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel; el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.

A partir de ese momento empezaron a correr plazos clave. La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, tendría que haber rendido un dictamen en un plazo de 70 días hábiles, que se cumplió el 9 de diciembre del 2022. Este plazo sólo podría ampliarse en caso de que fuese necesario disponer de más tiempo, para subsanar alguna duda o trámite.

Si las pruebas sobre la presunción de culpabilidad en contra de “Alito” fueran concluyentes, en diciembre pasado, o a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que se inició el pasado primero de febrero, tendría que haberse dado curso a la conclusión del del juicio de procedencia. Para tal propósito no se ha rendido informe alguno ni se ha establecido fecha tentativa.

Ustedes seguramente recordarán que el miércoles 6 de julio del 2022 los periódicos de Grupo Reforma publicaron que Alejandro Moreno había declarado un valor de 5.3 millones de pesos por 15 propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales en la actualidad tendrían un precio comercial de casi 103 millones de pesos.

En la misma información se refiere que en 2019, Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el ex Gobernador de Oaxaca, el también priista Ulises Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche.

En 2022, en una segunda investigación de la Fiscalía de Campeche, Moreno Cárdenas sumaba ya 23 propiedades, solo en esa entidad, aunque algunos de los predios, sobre los que está construida su residencia, aparecen a nombre de sus familiares, agrega la información de Grupo Reforma.

El dirigente nacional del PRI está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición de la justicia, se requiere mayoría de votos de los diputados federales presentes en la sesión respectiva. El Congreso tiene 500 legisladores y la mayoría simple son 251 votos. Morena y sus aliados rebasan con facilidad esa mayoría, con 276 sufragios.

Los ímpetus de los morenistas por llevar a juicio a Alejandro Moreno Cárdenas se enfriaron luego que fue una diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, cercana a “Alito”, quien presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las fuerzas armadas en las calles, hasta el 2028, en apoyo de tareas de seguridad y combate al crimen organizado. La referida reforma fue aprobada en la cámara de diputados el 15 de septiembre del 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022.

Sobre el otro caso, los días del ahora exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, parecían fatalmente contados. Sólo se necesitaba que dejara su cargo y perdiera el fuero constitucional a partir del primer minuto del sábado 1 de octubre del 2022, para que fuera detenido como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El miércoles 17 de agosto del 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la declaración de procedencia de la acción penal emitida por la Cámara de Diputados de la Federación desde el viernes 30 de abril del 2021, cuando le quitó el fuero al mandatario tamaulipeco, la inmunidad constitucional que impedía fuera puesto a disposición de un juzgado penal.

Y también en esa misma sesión la Suprema Corte dejó sin efecto la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, por la presunta comisión de delitos del fuero federal.

La Suprema Corte consideró que de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el procedimiento para retirar la inmunidad procesal al Gobernador de una entidad federativa era complejo, pues intervenían, primero, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, posteriormente, el congreso de la entidad federativa correspondiente que, en última instancia, tendría que decidir si un servidor público estatal -en este caso el mandatario tamaulipeco-, podría ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que estuviera ejerciendo el cargo.

A pesar de que la Cámara de Diputados de la Federación le quitó el fuero a García Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas no ratificó esa decisión y matuvo inalterable la inmunidad constitucional de su gobernador.

García Cabeza de Vaca ha sido objeto de muy fuertes y delicados señalamientos. El 17 de diciembre del 2015 los periódicos de Grupo Reforma publicaron una información que advertía: “El Cártel del Golfo aportó 500 mil dólares a la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca a la Alcaldía de Reynosa en 2004, declaró un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA)”.

Y explicaba: “Antonio Peña Argüelles, preso en Texas y uno de los testigos clave contra el ex Gobernador Tomás Yarrington, dice haber sentado en la misma mesa al hoy senador panista (García Cabeza de Vaca) y a narcotraficantes”.

Después de Alcalde de Reynosa, García Cabeza de Vaca fue Senador y en los comicios del 2016 ganó la gubernatura de Tamaulipas. El martes 23 de febrero del 2021, según reseñó el periódico Reforma, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación el desafuero del Gobernador panista de Tamaulipas, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El jueves 20 de mayo del 2021 el periódico El Economista, de la Ciudad de México, publicó que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República en contra del entonces gobernador panista de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se basaba en los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La investigación ubicaba a García Cabeza de Vaca como líder de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México, a través de empresas inmobiliarias, constructoras y despachos legales.

Ese jueves 20 de mayo del 2021, en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las investigaciones contra el Gobernador tamaulipeco figuraban empresas en las que eran socios o guardaban alguna relación con él, sus hermanos Ismael y José Manuel; su primo José Ramón; su esposa, Marian Gómez Leal; su mamá, María de Lourdes Cabeza de Vaca; y su cuñado José Ramón Gómez Reséndez, entre otros. Habría por lo menos 12 personas involucradas en la red, según explicó el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

Transcurrieron dos semanas después de que García Cabeza Vaca perdiera el fuero, sin que se concretara su captura, hasta que el 14 de octubre del 2022 el juez Octavo de Distrito, con sede en Tamaulipas, le concedió un amparo provisional al exgobernador, para evitar que fuera detenido por la Fiscalía General de la República.

La justicia no puede quedar a expensas de negociaciones políticas o de subastas entre las fracciones de diputados en el Congreso de la Unión. Tampoco puede estar la justicia a expensas de ánimos frágiles o comprometidos. Por motivos de salud, el Presidente Andrés Manuel lópez Obrador debería promover la remoción del Fiscal Gert Manero, ante sus muy evidentes apatía e ineficiencia, reales o simuladas.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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