Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El 2013, primero del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue el peor para la prensa en México en los últimos siete años, así lo considera Artículo 19 en su más reciente informe. En el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013″, la organización internacional denuncia que durante el año pasado se registraron todo tipo de agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación.

De acuerdo con el informe cada 26.5 horas se agrede a un periodista en México. Sin embargo, no sólo los comunicadores son víctimas de ataques contra la libertad de expresión. Tan sólo ayer, el director de Artículo 19 en México, Dario Ramírez, denunció que su casa fue allanada y le robaron documentos de trabajo, su computadora personal, así como otras pertenencias.

A través de un comunicado, la organización dijo que “los hechos en casa del director son de suma preocupación dado el contexto de hostigamiento en el que viven los defensores de derechos humanos y periodistas. Si bien no podemos afirmar que el allanamiento es por razones vinculadas al trabajo de Article 19, tampoco podemos afirmar lo contrario”.

Entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26 por ciento se cometieron en sólo en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192.

“Hacer periodismo se convirtió en algo peligroso”, afirma Gil Cruz, quien fue víctima de amenazas y hostigamiento. Él es Director Editorial del periódico Notivisión de Álamo Temapache, en Veracruz, la entidad con el mayor número de agresiones y homicidios relacionados con el trabajo periodístico.

“En Veracruz se asesinaron a 4 y 5 periodistas en 2011 y 2012 respectivamente. Desde el comienzo de la gubernatura de Javier Duarte [de Ochoa] se asesinaron en el estado a 10 periodistas, lo que lleva a que Veracruz tenga niveles de violencia contra periodistas similares a los de Pakistán, un país en guerra”, dice Artículo 19.

Sin embargo lo que más llama la atención –dice la organización– en cuanto a las agresiones contra trabajadores de la prensa, es que seis de cada 10 periodistas fueron agredidos por un funcionario público.

De las 330 agresiones a la prensa documentadas por Artículo 19 en 2013, en 146 casos la agresión provino de un funcionario público. Policías estatales y municipales fueron responsables de 87 ataques. Otros 24 periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras se disponían a realizar una cobertura periodística.

En 39 casos, la agresión provino de miembros de la delincuencia organizada, en 49 de organizaciones sociales, 30 de particulares, 10 de fuerzas partidistas y en 56 casos se desconoce al agresor.

Artículo 19 destaca que en ninguno de los casos documentados, los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. “El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones, dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”, expone.

LAS AMENAZAS

El 20 de mayo de 2013, el director de Notivisión, Gil Cruz, recibió una nota de amenaza: “Bájenle de huevo o se los carga la chingada, putos”.

Días después de esa advertencia, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Esteban Arguelles –a quien Notivisión había acusado de negociar su participación en las elecciones locales a cambio de 500 mil pesos– habló para decir que si continuaban con esa línea, mandaría a su gente “a tomar las instalaciones del periódico”.

El 3 y 12 de noviembre pasados se registraron afectaciones en las instalaciones del diario.  Y antes, habían intentado secuestrar a uno de los socios del rotativo.

Tras los hechos, los directivos de Notivisión interpusieron dos denuncias penales. Una ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otra ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR.

A poco más de nueve meses de las denuncias no hay avances en las indagatorias de la Procuraduría Veracruzana y la FEADLE.

De acuerdo con Artículo 19, desde 2007 a 2013 un total de 213 periodistas han sido amenazados por cuestiones relacionadas a su trabajo. Tan sólo en 2013 se amenazaron a 49 de ellos, lo que hace a 2013 el segundo año más violento en cuanto a amenazas detrás de 2009, que solo cuantificó una amenaza más.

El año pasado las amenazas se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

AGRESIONES

Artículo 19 documentó que en 2007 no se conocían casos de agresión en más del 50 por ciento (17 en total) de los estados de la República, actualmente sólo tres entidades registraron cero periodistas agredidos (Tabasco, Hidalgo y Nayarit); en el resto del país por lo menos una persona fue agredida por su labor periodística.

El Distrito Federal acumula el mayor número de agresiones en el periodo. Le sigue Chihuahua y Veracruz.

Carmen Olsen no vive en ninguna  de esas entidades, pero fue víctima de incidentes que pusieron en riesgo su integridad. Vive en Baja California y es colaboradora del periódico El Sol de Tijuana, el Semanario Ecos y la Televisora PSN.

Durante la administración de Francisco Castro Trenti al frente de la Policía Municipal, ha enfrentado hostigamiento por parte de policías. El 4 de enero del año pasado, elementos de seguridad la privaron de su libertad por cuatro horas. “Ahora sí Olsen, te vamos a chingar. Tenemos órdenes del director”, le gritaron los agresores.

Después de que la soltaran, la periodista puso una denuncia penal ante la FEADLE de la PGR. Además solicitó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Casi cuatro meses después, el representante de ese mecanismo le notificó que le brindarían una serie de medidas encaminadas a “salvaguardar su integridad”. Medio año después de presentada la denuncia, en julio, la FEADLE le notificó que desde hacía dos meses su caso había sido turnado a un Juez Federal de Tijuana.

Le explicaron que la acusación por privación ilegal de la libertad no había prosperado y que sólo  había una acción penal por “abuso de autoridad” y “lesiones dolosas”.

Actualmente, Carmen está acusada de agredir a un grupo de policías y permitir la fuga de cinco supuestos delincuentes que los elementos de seguridad iban a detener.

LOS SECUESTROS 

Mario Segura  sobrevive gracias a un show de payasos y botargas que ofrece en fiestas infantiles y supermercados. Después de ser privado de la libertad, supuestamente por miembros del crimen organizado, tuvo que huir de Tamaulipas y acogerse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Actualmente, las situación de Mario es precaria y vulnerable. No cuenta ni con los recursos para continuar su vida ni con la protección del Estado mexicano.

“En todo este tiempo no he encontrado un trabajo como periodista”, explica el periodista de 52 años.

Mario explica que su historia es para que el gobierno mexicano se pueda percatar de que la situación de los defensores de los derechos humanos y los periodistas no es fácil.  “Según mi experiencia, el Mecanismo te ofrece la protección, pero cualquier persona que se quiere poner fuera del alcance de los delincuentes sólo se tiene que irse lejos de su lugar de origen y no comentar a nadie que es una persona perseguida. Esa es la forma de seguir adelante con tu vida”, dice.

Desde que Artículo 19 empezó a documentar casos de periodistas secuestrados en 2010, se han acumulado 31 de estos eventos. El año con mayor número de periodistas secuestrados es 2012 con 11 de ellos. En 2013 se registraron siete casos, de ellos cinco sólo en Coahuila, el mismo número que se documentó en 2011.

Junto a Coahuila, el Distrito Federal concentra el mayor número de periodistas secuestrados, cada uno con siete periodistas secuestrados entre 2007 y 2013. Es decir, del total de periodistas secuestrados en el periodo, el 45 por ciento fue secuestrado en alguno de esos dos estados. Sin embargo, durante el año pasado no se registró ninguno.

IMPUNIDAD PERMANENTE

Jaime González se convirtió en el primer comunicador muerto en el sexenio de Peña Nieto. Dirigía el sitio web Ojinaga Noticias y fue amenazado por el Cártel de Juárez. El 3 de marzo de 2013 lo mataron de 18 disparos, 15 en el cuerpo y tres en la cabeza.

“Lo asesinaron porque no quiso publicar  información relacionada con el narcotráfico”, afirma un amigo de Jaime a Artículo 19. Según esta persona, que pide mantenerse en el anonimato, fueron por lo menos dos las ocasiones en las que recibió avisos del crimen organizado.

De acuerdo con el informe, Chihuahua es uno estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. No sólo por los 11 asesinatos de periodistas cometidos de 2000 a la fecha, sino por el alto índice de impunidad al momento de investigar los crímenes.

Ese fue el caso de Jaime. Según Artículo 19, su asesinato dejó al descubierto la ineficacia del sistema de justicia en México, quien se mostró incapaz de resolver los crímenes cometidos contra quienes tiene la misión de informar a la sociedad.

Hasta la fecha, su familia no ha podido cobrar el seguro de vida, establecido en 2010 bajo el Sistema Integral de Protección a Periodistas.

INTIMIDACIÓN 

De acuerdo con la organización, el allanamiento de la casa de Ramírez es el quinto incidente de seguridad que el personal de Artículo 19 ha tenido desde que, en abril de 2013, se recibió una amenaza de muerte en contra de Darío Ramírez y los defensores que laboran con él.

La organización denuncio que a pesar de las denuncias interpuestas, “hasta el día de hoy ninguno de estos incidentes ha sido investigado para dar con el paradero de los responsables”.

Artículo 19 exigió a las autoridades federales y a las del Distrito Federal “la garantía plena a nuestro trabajo, así como de la integridad de todas y todos los que laboramos en Article 19 y sus familiares”.

El allanamiento, que sucedió a dos días de la presentación del informe, preocupa que sea un “mensaje intimidatorio que busque inhibir nuestras funciones de defensa de la libertad de expresión. Por lo que ponemos en alerta a las autoridades de posibles hechos que se pudieran generar como consecuencia de la presentación del informe referido”.

Desde el sábado pasado se informó al Mecanismo para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, del gobierno federal, sobre el allanamiento a la casa de Dario Ramírez, motivo por el cual se solicitaron las medidas de protección necesarias para atender la emergencia.