Foto: Zeta

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Por Juan Carlos Domínguez, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo/Zeta).– Luego del desalojo de jornaleros de los campos agrícolas de San Quintín, en Baja California, por parte de policías de los tres órdenes de Gobierno, se detuvo al menos a 200 personas, las cuales fueron turnadas al Ministerio Público, aunque las autoridades no han especificado qué cargos se les imputan para justificar su detención.

Por su parte, el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid advirtió: “No habrá intercambio de presos, como lo habían sugerido algunos jornaleros. Con eso no se va a negociar”.

Este día, por más de 30 horas, los jornaleros permanecen en paro y piden ser inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el fin al acoso sexual en los campos y mejores salarios. En respuesta, policías comenzaron a desalojar la zona con el uso de balas de goma y gas lacrimógeno.

Este miércoles poco antes del mediodía se desató un nuevo zafarrancho: los jornaleros defienden su paro a pedradas, los Policías intentan poner orden a balazos al aire, en un intento inútil de sofocar el paro que laboral que ya suma más de 30 horas.

El Gobernador del Estado el martes 17 de marzo canceló la agenda que tenía en la zona costa de Baja California con la justificación de trasladarse a San Quintín y negociar con los paristas, pero en un dejo de poderío, solamente sobrevoló la zona en un helicóptero.

Jamás descendió. Los jornaleros lo vieron desde tierra.

En Camalú, de hecho, los paristas habían establecido vallas humanas de mujeres y niños para recibir a Francisco Vega. Lo esperaron durante cuatro horas. No llegó.

De los aproximadamente 70 mil jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de unas diez empresas de la región y nacionales, se estima que por lo menos la mitad, unos 30, 35 mil habían acordado levantarse inconformes ante los tratos de explotación laboral de los que son objeto. Entre San Quintín, Camalú y el Valle en carreteras y centros tomados, se estiman unos 10 mil jornaleros en paro.

El pliego petitorio de los jornaleros agrícolas, que fue puesto a disposición del Gobernador y su equipo para análisis y solución en los meses de octubre y diciembre de 2014, incluye entre otras solicitudes:

* Que el salario de 110 pesos al día por una jornada de 12 horas, se incremente a por lo menos 300 pesos. * Que la jornada laboral sea disminuida a las horas de Ley y no a las doce que trabajan actualmente.

* Que los jornaleros sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que no cuentan con prestaciones sociales de ningún tipo. * Que les den vacaciones. * Que se respete el séptimo día de descanso.

* Que las horas extra sean a voluntad y pagadas de manera adicional.

* Que acabe y se investigue el acoso sexual que se ha dado contra mujeres jornaleras de manera común.

* Diálogo de negociación que incluya a los jornaleros, los patrones y el Gobierno del Estado.

Hasta la fecha a los trabajadores agrícolas no se les ha respondido ninguna de sus peticiones. Los dos enviados del Gobierno, Pablo Alejo López, subsecretario de Gobierno y ex Alcalde de Ensenada, fue prácticamente ignorado por los trabajadores, mientras Francisco Rueda, Secretario de Gobierno ha permanecido oculto en algún hotel de la zona, solo para salir y dar órdenes a Policías sobre a quién detener.

Ni el Secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, ni la Secretaria del Trabajo Juana Pérez Floriano, han hecho acto de presencia. Mientras los patrones se han mantenido ocultos.

Más tarde, tras no llegar a un acuerdo, los jornaleros se dispersaron y los elementos policiacos comenzaron a hacer uso de balas de goma y gas lacrimógeno.

Los policías hicieron detenciones con el uso de la fuerza y en algunos casos hasta golpearon a jornaleros.

Ningún trabajador traía armas, aunque sí aventaron piedras a los granaderos.

RESCATE DE JORNALEROS

Apenas el lunes pasado, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, informó sobre el rescate a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur,

El funcionario federal detalló que los indígenas, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños para trabajar en Comondú en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial.

Ante la denuncia de jornaleros agrícolas quienes referían haber huido de un campo donde eran explotados laboralmente, amenazados por los patrones y viviendo en casas de hule en medio de lodo y basura; la STPS comisionó a inspectores Federales del Trabajo en la entidad para llevar a cabo una investigación que permitiera ubicar al grupo de trabajadores y detectar la empresa que estaba cometiendo dichos abusos.

De acuerdo con la dependencia, se encontraron dos campamentos: el primero ubicado en el Boulevard Agustín Olachea S/N, Villa Ignacio Zaragoza, Municipio de Comondú, donde se encontraban hacinados cien trabajadores; hombres, mujeres y niños en chozas provisionales elaboradas de ramas, hules y costales, en medio de basura y lodo, con poca agua y baños sucios.

El segundo campamento fue localizado en el campo agrícola ubicado en el Lote 20, colonia Galeana, del mismo municipio. “Ahí estaban alojados otros cien jornaleros agrícolas con las mismas condiciones de vivienda; además en este lugar se encontró un área habilitada como cocina, donde se preparaban los alimentos de los jornaleros y sus familias, en total desorden y falta de higiene”, informó Navarrete Prida.

Por estos hechos se ordenó una inspección extraordinaria en materia de Seguridad e Higiene a la empresa propietaria del campo agrícola, con razón social “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”.

Durante el desahogo de la empresa se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral como son: Condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos, falta de equipo de protección personal.

Además se encontró a 13 menores de edad laborando; 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y consecuentemente sin prestaciones de Ley.