Una tragedia anunciada desde finales de enero. La epidemia de COVID-19 y sus consecuencias catastróficas mundiales estaban ya delineadas con precisión en Wuhan, China. Ningún país debería llamarse a sorpresa ante la emergencia sanitaria y económica que asola al mundo entero: los gobiernos de los países fueron omisos cuando no abiertamente deshonestos con sus ciudadanos, diciéndoles que el virus causaba un catarro, estaba bajo control, era menos letal que la influenza. No es de extrañar, por ello, que la gran mayoría de las personas, quienes no tenían información suficiente, confiaran en sus gobiernos, hayan subestimado las consecuencias de la epidemia. Tarde, cuando la epidemia se esparcía ya como la lumbre en Europa, y comenzaron a subir las estadísticas de los muertos, los mandatarios de las naciones tomaron decisiones necesarias y extremas, como el cierre de fronteras, las cuarentenas obligadas de países enteros, las pruebas de detección masiva, las fuerzas estatales en las calles.

Es una ironía, algo grotesca, que terminaran siendo los países democráticos los que llevarían a sus poblaciones a la indefensión y al contagio masivo. Y es que hay que decirlo: hasta el día de hoy, no hay nada que no haya ocurrido en China con el virus y si fuera una obra de teatro nuestra realidad podríamos decir que la obra ya había sido escenificada. No solo eso, como nunca antes en la historia de la humanidad la información fluyó en tiempo real: los estudios médicos y científicos rápidamente se volvieron accesibles, y los países tuvieron conocimiento de las medidas desesperadas que China tomaba, ¿qué falló, entonces? Es una pregunta que nos habremos de hacer durante muchos años por venir. Si las democracias se muestran incapaces para proteger a la gente de las amenazas, engañan a sus ciudadanos tanto como los sistemas autoritarios, ¿para qué sirven?

Hace unas semanas, escribiendo de esto mismo, decía que los sistemas políticos serían puestos a prueba con la pandemia porque, tarde o temprano, los gobiernos tendrían que echar mano de poderes coercitivos, medidas como cierre de fronteras, como vimos en China, para intentar cortar el contagio. Las imágenes del ejército francés en las calles de París estos días ilustran con precisión que encerrar a los ciudadanos en sus casas es una medida que gobiernos democráticos también pueden tomar. Atravesamos una crisis global que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, de grandes consecuencias por supuesto económicas, pero también de los valores de las democracias liberales, como son la libertad y los derechos humanos. Atisbos de fascismos se comienzan a ver en países donde los sistemas de salud están colapsando como Italia, donde hace poco se recomendó escoger a los pacientes, ante la falta de recursos médicos, sin menos expectativa de vida, es decir, los viejos, para dejarlos morir. La criba de los condenados a muerte por el Estado es algo que no puede pasarnos desapercibido. Aparentemente, el mundo está entrando en un estado de excepción como no habíamos visto nunca antes.

Aunque el guion de la enfermedad, esto es: un contagio masivo rápido y difícilmente detectable por enfermos asintomáticos pero contagiosos con largos periodos de incubación, alto índice de letalidad, ya estaba disponible en Wuhan, quizá la diferencia capital sea que, a diferencia de China, en los países democráticos existe la libertad de prensa y la libertad de expresión. El sufrimiento de las personas puede enunciarse y también las recriminaciones al poder. Al menos en teoría, estos mecanismos deberían protegernos de un enemigo más peligroso que el virus mismo: la ignorancia en que los gobiernos represivos sumen a sus ciudadanos y la manipulación que ejercen para sostenerse en el poder.

Estas preciosas joyas son instrumentos que en medio de esta crisis tenemos que cuidar como si de otra forma de salud se tratara. Y es que, ante escenarios inéditos como el que vivimos, donde los Estados tomarán medidas extraordinarias y determinantes, es obligación de la prensa y la sociedad estar más vigilante que nunca, exigir transparencia e información veraz a los gobiernos que se han equivocado en tomar las medidas adecuadas a tiempo. Podemos citar aquí el caso de Estados Unidos, que ante la presión de la opinión pública, tarde, pero cambió su estrategia para enfrentar al virus volviendo accesibles las pruebas de detección que son fundamentales para poder conocer el estado real de la epidemia y a su vez combatirla. Los comportamientos erráticos y desastrosos de los gobiernos ante la crisis deben ser atendidos con toda responsabilidad para poder incidir en decisiones en las que se está comprometiendo la vida de millones de personas vulnerables.

Tal es el caso de nuestro país. He leído, con alarma, el argumento autoritario de que la crítica al Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, encargado de la estrategia del Gobierno de López Obrador contra el COVID-19, es inválida, se debe “cerrar filas”, no causar pánico.  A este argumento hay que responder con sensatez: nada hay más aterrador que la ignorancia deliberada y recurrente con la que el Gobierno de México está actuando. Ha permitido, como ya casi ningún otro país en el mundo, que el virus sea cotidianamente importado a nuestro país, desde todos los países. Poner filtros en los aeropuertos como los que ha puesto México no es más que una farsa: como se sabe, las personas contagiadas pueden ser asintomáticas y el periodo de incubación del virus es muy largo. En cambio, cerrar fronteras, imponer cuarentenas a visitantes, no. Al menos, así lo cree un gran número de países, entre ellos los que han logrado mitigar el contagio y, sobre todo, la letalidad del virus; proteger sus sistemas de salud para que no colapsen. Es aterrador pensar que han permitido que viajeros importen el virus desde enero, sin contar, además, con la política de detección masiva a través de pruebas de detección. No sé si se alcance a comprender la gravedad criminal de lo que esto implica, la irracionalidad de esta estrategia que más bien parece obstinada en convertir a México en conejillo de Indias de las ideas de un funcionario de segundo nivel dedicado a complacer al Presidente, no en servir como médico epidemiólogo, capaz de decir barbaridades como que el COVI-19 se autocontedrá, como no ha sucedido en ningún otro país. Ayer, de hecho, dijo que no había evidencias de que las medidas draconianas impuestas por China –hoy replicadas por varios países– hubiesen detenido al virus, sino que probablemente el descenso de casos obedecía a su curva natural. Ante estas declaraciones, no cabe sino preguntarse seriamente –en voz alta y con toda responsabilidad– en manos de quién está nuestra vida. Ignorar deliberadamente el altísimo índice de contagio del COVID-19 por pacientes asintomáticos a los que la Secretaría de Salud no les está haciendo pruebas, ignorar deliberadamente el estado real de la epidemia negándose sistemáticamente a hacer pruebas de detección, ignorar que no se tienen los recursos médicos suficientes, ignorar que los recursos médicos están agotándose en el mundo, ignorar que no hay inmunidad probada para el COVID-19, ignorar que los pacientes contagiados son peligrosos para sus familias ante un aislamiento inadecuado, ignorar que los pacientes recuperados deben estar dos semanas más aislados porque hay evidencia de que siguen contagiando, ignorar las debilidades de una buena parte de la población mexicana no da ninguna tranquilidad, sino pánico e impotencia, porque predice, basados en la experiencia internacional, lo que ocurrirá.

La estrategia del Gobierno de López Obrador implementada por la Secretaría de Salud es, además, profundamente coherente con la actitud abiertamente provocadora e inmoral que ha sostenido estos días, con singular ahínco, al contravenir las recomendaciones sanitarias que su propio Gobierno da a la población, como si mostrarse invulnerable no fuese un peligroso mensaje para quienes lo siguen, muchos de ellos adultos mayores, por cierto.

No, no parece haber una cabeza sensata dentro el Gobierno mexicano, que se encamina a enfrentar una crisis de salud sin precedentes. No hay nadie capaz de corregir el diagnóstico así como la estrategia para enfrentar la epidemia de COVID-19. No cerrarán fronteras, no impondrán cuarentenas a visitantes, persistirán en la terrible irresponsabilidad de no adoptar la medida esencial que la misma OMS recomienda enérgicamente y que ha demostrado ser el pilar en el combate al virus; la implementación de pruebas masivas de detección, indispensables para evitar que el sistema de salud colapse y la letalidad se eleve descontroladamente.

Ante esto hay que decir con claridad que la razón por la cual la Secretaría de Salud no adopta la vigilancia epidemiológica a través de pruebas es una y solamente una: la enorme carga financiera que implica. Esta determinación, política, no obedece a razones científicas médicas, ni a un Subsecretario, sino a la voluntad del Presidente López Obrador por ahorrase dinero.

Las vidas que se pierdan si colapsa nuestro sistema de salud, pudiendo evitarse, serán su responsabilidad. En esta hora decisiva hay que decir que la historia se encargará de juzgarlo.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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