La semana pasada captó la atención mediática la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. La respuesta del Presidente, estridente y lamentable, nos metió a la acostumbrada espiral informativa y de polarización de los últimos años.

Sobre la resolución del Parlamento y la respuesta se ha comentado mucho. Basta decir que la primera no miente en cuanto al diagnóstico y el sentido de gravedad de lo que estamos enfrentando; y que la segunda logra el cometido de convertir a los mensajeros (eurodiputados) en mensaje (borregos, golpistas, injerencistas) para perder foco sobre la crisis de violencia contra la prensa.

Siete periodistas asesinados por motivo de su labor informativa en 11 semanas es inaceptable, como lo siguen siendo las muertes de miles personas en este contexto de guerras criminales. Pero insistiremos que el diferencial de los asesinatos de periodistas es que informaban a la sociedad sobre las dinámicas de poder local y por eso les mataron. Y cuando esos poderes recurren a la manera más extrema de censura y no se mueve el aparato de justicia para atajarlos, es que algo anda muy mal. Ahí, con perdón del Presidente, sí hay responsabilidad de Estado.

Sin embargo, en este contexto tan viciado, el pasado martes 16 de marzo se abrió un espacio interesante que, me atrevo a decir, fue una bocanada de oxígeno. Desde la Embajada de Noruega en México y Articulo 19 organizamos un foro de libertad de expresión. Pensado en el marco de la “Estrategia para promover la libertad de expresión en la política exterior y de desarrollo de Noruega” el espacio puso énfasis en el tema más apremiante para nuestro país en la materia: la violencia contra la prensa.

Por ello se pensó que fuera un diálogo de múltiples partes. Periodistas (víctimas de la violencia), organizaciones de la sociedad civil, cuerpo diplomático en México y gobierno federal convergieron en la embajada del país nórdico para poner sobre la mesa muchas y muy profundas preocupaciones. En el panel, moderado por Carmen Aristegui, estuvieron Alejandro Encinas (Subsecretario de Derechos Humanos y Migración), Marcela Turati (periodista e integrante de Quinto Elemento Lab), Ismael Bohórquez (director de Río Doce), Lucia Lagunes (periodista, directora de CIMAC y consejera del Mecanismo) y Paula Saucedo (Oficial de Protección y Defensa de Artículo 19).

En el público periodistas víctimas de la violencia, en su mayoría mujeres; y familiares de periodistas asesinados. Podríamos contabilizar al menos 50 agresiones cometidas en diversas latitudes, momentos y gravedades. Ellas y ellos pusieron en esa residencia diplomática su realidad de violencia: asesinados por ejercer el periodismo, amenazas, desplazamiento forzado, golpes, bloqueos informativos, discriminación, despidos injustificados, espionaje, acoso judicial y criminalización. Todas esas vivencias convergiendo en un mismo lugar. Todas cargando consigo dolor, miedo, rabia. A eso habría que sumar la indignación causada por los compañeros y compañera asesinados en el año.

De hecho un día antes del evento fue asesinado Armando Linares, director de Monitor Michoacán, segundo integrante del mismo medio asesinado en mes y medio. El primero fue Roberto Toledo. Todo sucediendo bajo el manto de la negligencia y la impunidad. Todo ocurriendo pese a que las víctimas mortales avisaron que podían llegar a serlo si las autoridades no tomaban cartas en el asunto.

Me quedo con una nota distintiva a dos días de distancia. Hubo protestas y reclamos para Alejandro Encinas pero en realidad para el gobierno. La protesta la encabezaron compañeras periodistas que reivindicaron su quehacer como mujeres periodistas que enfrentan también múltiples agresiones dentro y fuera del gremio. Los periodistas varones echaron un paso atrás. Uno de ellos me comentó que también iba alzar la voz pero de inmediato comprendió que era el espacio de ellas. Más bien ayudó a acomodar los carteles con duros mensajes sobre la falta protección del Estado a las periodistas. Ahí fueron vivo testimonio del periodismo construido sobre los “pactos de caballeros”, los techos de cristal y el acoso. Le dijeron al estado que también sufren violencia de las autoridades por acción u omisión y que mucha de esa violencia es doble: por ser mujeres y por ser periodistas.

Otro dato a destacar. En este contexto de preguntas y respuestas duras; de protestas y reclamos al Estado que en ese foro representaba Alejandro Encinas, también hubo una lección de la autoridad. El Subsecretario aguantó y respondió con calma, como un funcionario lo hace con camino recorrido y talante democrático. La intolerancia a la crítica es el signo de los tiempos, pero en este espacio no fue así. El siguiente paso es dar pasos concretos, la desesperación carcome a la prensa que está en la línea de fuego.

Finalmente, el foro también nos da una lección sobre la importancia del multilateralismo, la observación de derechos humanos y la cooperación internacionales. Para salir de este problema México no puede cerrarse a la colaboración internacional bajo manidos discursos chovinistas. Al contrario es cuando más se requiere del apoyo externo. Por ello hay que valorar que la embajada de Noruega, como país comprometido con la libertad de expresión y el desarrollo, haya puesto las condiciones para un diálogo que a veces se siente imposible con este gobierno.

Que no se nos olvide que la crisis ya está aquí. Toca que todos los actores políticos y niveles de gobierno asuman sus responsabilidades. Ya estamos cansados que se avienten las culpas entre ellos. Por eso necesitamos muchos espacios más como el realizado en la embajada de Noruega, con ese marco de respeto y tolerancia. Con múltiples actores como la comunidad internacional, gobierno, sociedad civil, y sobre todo con las víctimas, que en este caso fueron periodistas. Urge el diálogo en un país roto por la desconfianza y la polarización.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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