Diputados piden procesos más cuidadosos para evitar arrestos injustos

18/04/2013 - 9:53 pm

México, 18 Abr. (Notimex).- Diputados federales se pronunciaron por un trabajo más cuidadoso en los procesos penales para evitar detenciones injustas como las del general en retiro Tomás Ángeles Dauahare y el ex director de la antigua SIEDO, Noé Ramírez Mandujano.

El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, respaldó el trabajo del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, en la liberación de Ángeles Dauahare y consideró altamente injusto que se manipulen los procesos y la acción de la justicia con testigos protegidos.

Murillo Karam es “un hombre muy talentoso y muy bien formado en la disciplina del derecho”, que está haciendo “una revisión exhaustiva de todos los procedimientos” de la PGR, destacó en entrevista el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La acusación contra el militar, quien salió libre ayer tras permanecer 11 meses en prisión, se basó en declaraciones de un testigo protegido “que estuvo en todos lados y en todas partes, y que sirvió de base, creo que, para 70 procesos”.

A su vez, el vicecoordinador del PAN, Jorge Iván Villalobos Seáñez, recordó que de acuerdo con los reportes periodísticos, suman tres los casos en que se ha liberado a personas por no tener un debido proceso.

“Según leo en los medios, está el caso de Florence Cassez; nosotros en su momento y también el partido emitimos un comunicado no compartiendo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia”, apuntó.

En el caso de las dos personas liberadas, se deberá analizar si su acusación se sustenta solamente en la declaración de testigos protegidos o si hay otra documentación y pruebas que hayan sustentado la acusación en virtud de las cuales fueron aprehendidos, precisó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

A juicio del coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, la liberación del Ángeles Dauahare y de Noé Ramírez Mandujano denotan que hay deficiencias en el sistema de justicia en el país.

Consideró necesario pedir cuentas a los impartidores de justicia que aceptaron fincar responsabilidades que ahora se dice no existían.

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