En México, todo mundo reconoce la existencia de corrupción y coincide sobre la gravedad de sus efectos. Sigue vigente la tradición de negociar políticamente la ley y esto se magnifica en los gobiernos estatales y municipales. De acuerdo con el más reciente Informe del IFE sobre la Calidad de la Ciudadanía en México: ”la cultura de la legalidad se basa en la diferencia aceptada por los gobernados entre la normatividad jurídica y las prácticas políticas reales, lo que contribuye a una cultura de la permisividad, la aceptación, y la complicidad de los gobernantes con los gobernados, y la discrecionalidad”. Este tipo de “pacto social disfuncional” incide directamente en la explosión de violencia que padecemos diariamente.
El estudio será presentado el próximo 29 de abril a las 11 am, en el MIDE. Es un informe sin precedente, que ofrece un diagnóstico profundo sobre el estado que guarda la ciudadanía en México. Es una extraordinaria herramienta para entender nuestra construcción del colectivo. Retomaré algunos de los datos reveladores sobre el capítulo de cultura de la legalidad.
El costo de la inseguridad en México es inmenso en vidas humanas, en deterioro del tejido social y, cada vez más en términos de costos económicos. La cifra estimada va de 1.34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el INEGI a 15.6% del PIB según el Institute for Economics and Peace (IEP). De manera inédita, el impacto económico fue reconocido por el secretario de hacienda Luis Videgaray, lo que nunca Calderón ni sus tres secretarios aceptaron.
La parálisis urbana ante la violencia no miente. Las grandes empresas pueden operar, pero sus costos van en aumento. Mientras, la economía de los ciudadanos de la calle se asfixia. El crimen y la creciente percepción de vulnerabilidad paraliza al sector económico que genera 60% del empleo. La pequeña y mediana empresa, y los pequeños comercios son los más vulnerables a la extorsión, secuestro, robo a la vez que son quienes menos acceso a la justicia tienen.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2013, del INEGI, 68% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. A esto se suma la sensación de falta de protección ante la violación de derechos humanos y de abuso de la autoridad.
Según los datos del IFE, 1 de cada 4 mexicanos ha sido víctima de la violencia y 36.5% han padecido robo con violencia. Ante este escenario, los mexicanos no ven quien los puede ayudar. Predomina la incredulidad respecto a la importancia la utilidad de las instituciones: 66% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco o nada. De hecho, 61% de las víctimas dice no haber hecho nada ante el delito, es decir no denunció.
Al preguntar sobre la razón de la inacción, resulta que 63% considera que la denuncia no sirve de nada, 52% afirma desconfiar de la autoridad y 40% afirma haber tenido malas experiencias con las autoridades en el pasado. Por su parte, de los que denunciaron al Ministerio Público sólo el 23% reporta que sirvió de algo, mientras 54% considera que no sirvió de nada. Los mexicanos nos sentimos a la deriva ante el crimen.
Para el ciudadano promedio, la procuración de Justicia se percibe como ausente. Las autoridades locales se consideran mucho más débiles que las nacionales. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2013, del INEGI, 66.7% piensa que las autoridades estatales y municipales no son efectivas.
A lo largo de los 8 años que lleva la guerra contra el narcotráfico, se ha insistido en la necesidad de reforzar a las instituciones locales. Sin embargo, los avances en la materia son marginales. El inicio de la crisis de inseguridad no sirvió para alertar al resto de las entidades lo que facilita el contagio y expansión del fenómeno a un mayor número de estados. Cada año brotan nuevos escándalos de desvíos de recursos, opacidad, e incapacidad de los estados y municipios para cumplir con sus obligaciones en todos los ámbitos: desde endeudamiento público, obras no realizadas, mala distribución de medicinas o falta de atención médica, pésima infraestructura educativa, hasta la ausencia de persecución del delito o de defensa de los derechos humanos. Cada escándalo queda consistentemente sin consecuencias.
El federalismo mexicano esta en crisis pero el Gobierno Federal se resguarda en su falta de competencia legal para actuar en los gobiernos subnacionales. Solo en casos extremos como Michoacán interviene. Los gobiernos subnacionales son, en su mayoría un desastre y no hay quien les ponga un alto. Ni la disciplina priista que antaño los alineaba parece funcionar.
Es tiempo de que las autoridades encuentren mecanismos serios e innovadores de control al abuso de los recursos públicos y la aplicación de la ley más allá de la mera centralización del gasto. Las cifras no mienten. Si los cambios no empiezan desde lo local, y se acercan al ciudadano, no habrá presupuesto que alcance para revertir el dañino avance de la descomposición social.
