La justicia de Estados Unidos acusa al ex Gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, de lavar al menos 30 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Pero él, en México, anda libre y sin cargos y además tiene todos sus derechos intactos en el PRI, partido que lo hizo mandatario y del que sigue siendo miembro.

En 2015, siete de sus propiedades en ese país fueron aseguradas, igual que otras 10 en Quintana Roo en 2012, cuando la PGR inició una investigación en su contra… que no prosperó. Le dio “carpetazo”.

A pesar de que hace dos años una Corte de Texas emitió una primera orden de captura sigue libre en México. Las autoridades mexicanas argumentan que no han recibido ninguna solicitud de detención provisional.

Hoy se ha dado a conocer que del pasado 8 de febrero, la misma Corte texana reiteró las acusaciones y solicitó de nueva cuenta la detención del ex mandatario de Tamaulipas por los cargos de lavado de dinero y fraude bancario.

De acuerdo con Breitbart –medio ligado al gobierno de Donald Trump–, el priista formar parte de una red que usó los sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas para comprar bienes inmobiliarios en Mc Allen y Austin.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- “El ex Gobernador de Tamaulipas está acusado de conspirar para lavar dinero y de ayudar a facilitar operaciones ilegales de transferencias de dinero”, se lee en el encauzamiento judicial por parte de las autoridades de Texas, Estados Unidos, con fecha del 27 de mayo de 2015. El inculpado: Eugenio Javier Hernández Flores.

El político, aún miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es, junto con los también ex mandatarios tamaulipecos Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, preso en Italia, y Manuel Cavazos Lerma, actual Senador de la República, investigado en Estados Unidos –y supuestamente también en México– por sus presuntos nexos con el crimen organizado, en específico con Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Hoy martes 16 de abril, justo en medio del escándalo provocado por el arresto de Tomás Yarrington y de Javier Duarte de Ochoa, ambos del PRI, la prensa de Estados Unidos dio a conocer que una corte de Texas ha ordenado una nueva orden de aprehensión en contra de Hernández.

De acuerdo con Breitbart –medio ligado al gobierno de Donald Trump–, el priista formar parte de una red que usó los sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas para comprar bienes inmobiliarios en Mc Allen y Austin.

Hernández Flores, de 57 años de edad y conocido como “Geño”, incursionó en la política gracias a las relaciones que estableció su padre, un prominente empresario y miembro de los gabinetes de Emilio Hernández Manatou (1981-1987) y Américo Villarreal (1987-1993), así como por su formación de ingeniero civil en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que lo llevó a asumir la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El ingeniero se afilió al partido tricolor en 1997 y dos años después fue designado como secretario general del Comité Ejecutivo del PRI en Tamaulipas, al mismo tiempo que coordinaba la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el estado. En el año 2000 fue electo Diputado federal por el V Distrito Electoral, periodo en el que también formó parte de las comisiones de Vivienda y de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, en ese mismo año pidió licencia para buscar la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, la cual ganó con el 57.54 por ciento de los sufragios, asumiendo el cargo en el 2001.

Para entonces, el Cártel del Golfo, que desde los años 30 y al mando de Juan Nepomuceno Guerra tomaba parte de las decisiones políticas de Tamaulipas, ya se disputaba la entidad con su brazo armado:  Los Zetas, cuya organización, se dice, financió la candidatura de Eugenio Hernández y su administración.

En la Ciudad Victoria de Hernández Flores incrementó la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada, mientras el entonces Alcalde se jactaba del “impulso” que dio a la industria y obras hidráulicas.

En 2004, a unos meses de concluir su gestión, Hernández Flores volvió a pedir licencia a su partido, entonces dirigido por Roberto Madrazo y la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, para contender por la gubernatura del estado.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, desde que era Edil de su natal Ciudad Victoria, Eugenio Hernández recibió dinero de Los Zetas para dejarlos operar, un negocio con el que presuntamente financió su candidatura para el Gobierno del estado y de la cual salió victorioso con el 58.26 por ciento. Así, la violencia en la entidad que el PRI gobernó durante 86 años se recrudeció.

TAMAULIPAS, “EN CALMA Y TRANQUILIDAD”

Recién asumida la gubernatura, Hernández Flores, quien gustaba de liderar las cabalgatas anuales en la entidad, aseguró que “la calma y la tranquilidad habían retornado a Tamaulipas” gracias a la presencia del Ejército y a la estrategia de seguridad implementada por los gobiernos municipales, estatal y federal, según consta en un comunicado de prensa con fecha del 1 de febrero de 2005 difundido en su sitio oficial.

Las cifras oficiales apoyaron al Gobernador. Al final del sexenio de Tomás Yarrington (1999-2005) sumaron mil 292 homicidios dolosos y durante esa administración las ejecuciones no superaron las 253. Mientras que en el Gobierno de Hernández Flores los homicidios repuntaron 34.54 por ciento (mil 977). En diciembre de 2010, el último mes de su gestión, se registraron 721 asesinatos, la cifra más alta desde 1997, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al recibir críticas por el repunte de violencia y la latente operación de los grupos delictivos, el tamaulipeco argumentó que la ejecución de policías federales y estatales durante supuestos enfrentamientos “reflejaban” que el combate a los cárteles era “real”.

“Estamos ante una cadena delictiva de gran alcance. Nos duele y nos lastima la magnitud que ha alcanzado la violencia en algunas de nuestras comunidades”, expresó Eugenio Hernández Flores en su Sexto Informe de Gobierno, en el que, ante unos 2 mil asistentes, destacó que cumplió con su responsabilidad “sin reservas y hasta el límite de sus posibilidades y atribuciones, con el compromiso de garantizar la seguridad del estado”.

CUANDO EUGENIO “TRAICIONÓ” AL PRI

Siendo Gobernador, Eugenio Hernández operó en 2006 en contra de su partido al dar la espalda al candidato presidencial tricolor Roberto Madrazo Pintado, quien lo apoyó en cada postulación, y respaldó al panista Felipe Calderón Hinojosa por órdenes de Elba Esther Gordillo, como reveló la grabación de una llamada que la maestra y el tamaulipeco sostuvieron el día de la elección.

El 2 de julio de ese año, previo al cierre de la votación, la líder sindical le hace saber a Hernández Flores que, según los números en su poder, el PRI se había desplomado y el triunfo estaba entre Felipe Calderón y el candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador.

La ventaja, según Gordillo Morales, la llevaba el panista con menos de un punto porcentual sobre López Obrador. Por eso, le pide al mandatario tamaulipeco ordenar a su estructura votar por Calderón Hinojosa, a lo que Eugenio Hernández accede, igual que cuando el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Ciresola y Weber, le pide convencer a más “amigos” [gobernadores] para “echarle la mano” al PAN.

INVESTIGACIÓN CONTRA EUGENIO

En enero de 2012, el todavía Presidente Felipe Calderón pareció olvidar el apoyo que Hernández Flores le dio durante la contienda electoral y abrió una investigación en su contra– y contra Tomás Yarrington y Manuel Cavazos–. La noticia fue confirmada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que aunque no precisaron que la indagatoria era por presunto lavado de dinero, narcotráfico y delitos fiscales, como aseguraron funcionarios de las dependencias, sí desmintieron que se haya solicitado una alerta migratoria en contra de los ex gobernadores tamaulipecos.

En junio de ese año, elementos de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) catearon propiedades de Eugenio Hernández en Tamaulipas y en Quintana Roo, entidad a la que supuestamente se mudó al concluir su administración y la cual era gobernada por su amigo Roberto Borge Angulo, también investigado por presuntamente encabezar una red de lavado de dinero.

A pesar de haber incautado 10 propiedades que el priista adquirió de forma irregular, las investigaciones no prosperaron y en 2013 la PGR dio “carpetazo”, exonerando a Hernández Flores y a Cavazos Lerma.

En agosto de 2013, Guillermo Flores Cordero, originario de Coahuila, fue detenido en San Antonio, Texas, y declarado culpable de lavado de dinero. El inculpado señaló que Eugenio Hernández “utilizó [sus] empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas en el Valle del Río Grande a nombre de terceros, para encubrir la procedencia de los fondos”, según los fragmentos de la audiencia publicados por el medio San Antonio Express News.

De acuerdo con la declaración, entre 2009 y 2012 Flores Cordero ganó dos millones y medio de dólares en comisiones por blanquear 30 millones provenientes del narcotráfico. La autoridades de Estados Unidos incautaron millones de dólares de las cuentas bancarias que el tamaulipeco tenía en ese país, así como su casa en el condado de Bexar.

En octubre de 2014, un Juez de Ciudad Victoria decretó la inmovilización definitiva de las cuentas bancarias de Óscar Manuel Gómez Guerra, esposo de Elsa Hernández Flores, hermana de Eugenio, al ser señalado como el principal prestanombres del ex mandatario.

“Ambos son considerados fugitivos de la ley [de Estados Unidos] y se mantiene una orden de arresto contra ellos. Cualquier persona que tenga información de su paradero, se les pide contactar a la Administración Federal Antidrogas (DEA) al teléfono (713) 693-3000”, señaló la Corte federal de Texas al dar a conocer, en junio de 2015, la oficialización de los cargos contra Hernández Flores y su cuñado.

“[Hernández es probable responsable de] transferir y tratar de trasmitir instrumentos y fondos relacionados con el producto de actividades ilícitas.

“[Hernández y su cuñado] realizaron transacciones que involucraron ganancias específicas procedentes de actividades criminales. Llevaron a cabo transferencias ilegales de dinero procedente de negocios ilícitos aun sabiendo el origen de todo ello”, refiere el acta criminal, que también incluyó un aviso de confiscación penal de cuatro propiedades, tres en McAllen y otra en Austin.

Desde el 2014, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) había señalado a Eugenio Hernández de recibir, durante su administración, sobornos de un grupo criminal que operaba en la zona.

De inmediato, el ex Gobernador emitió un comunicado en el que se deslindó de todas las acusaciones “falsas” y aseguró estar “limpio”.

“Estamos tranquilos, estoy trabajando con mis abogados apar ver la mejor forma de aclarar esta situación con el Gobierno de Estados Unidos”, declaró posteriormente en entrevista con Radio Fórmula.

A pesar de ser buscado por la justicia estadounidense, el PRI se negó a quitarle los derechos partidistas al asegurar que el proceso en su contra no se había presentado ante instancias judiciales o civiles.

Hernández Flores emitió su voto en Ciudad Victoria en junio de 2016 para elegir al próximo Gobernador. También fue visto en los actos del último mandatario priista en la entidad, Egidio Torre Cantú, así como de otras administraciones locales. Antes, en junio de 2015, recién emitida la orden de la DEA, el ex mandatario se dejó ver, en compañía de una mujer y tres hombres, en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

En tanto, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR dijo el pasado 10 de abril no tener conocimiento de una orden de aprehensión contra el ex mandatario. Incluso, descartó que en la investigación estadounidense sobre Tomás Yarrington esté incluido su sucesor.

Eugenio Hernández, requerido por la justicia estadounidense, sigue libre y moviéndose en el país sin preocupación alguna.