Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto prepara una nueva reforma: la agraria. Busca fortalecer los derechos de las empresas privadas que hacen negocios con los propietarios de tierras rurales, “en un intento por atraer la inversión y levantar la economía”.

La legislación se está redactando para dar más certezas a la Reforma Energética, que el año pasado dio al Gobierno federal más poder para actuar a favor de los inversionistas en las disputas con los propietarios de tierras comunales, dijeron a la agencia Reuters dos funcionarios del Gobierno y miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permanecieron en el anonimato.

La reforma, sin embargo, llegará después de una serie de escándalos de posible corrupción y con una economía debilitada, lo que, dicen los analistas, ha mermado el capital político de la administración Peña Nieto. Esto haría que la Reforma Agraria fuera llevada hasta después de las elecciones, cuando el Gobierno pueda medir su caudal político.

Peña Nieto tampoco goza de una gran popularidad y aceptación. En marzo de este año, hace apenas dos meses, el nivel de aceptación del mandatario nacional registró su nivel más bajo desde el inicio de su gestión, al obtener un 57 por ciento de desaprobación de la ciudadanía y un 82 por ciento por parte de los líderes de opinión, de acuerdo con una encuesta publicada cada trimestre por el diario Reforma.

El reportaje de Reuters, firmado por Gabriel Stargardter y Dave Graham, indica que este proyecto parte de una Reforma Agraria más amplia, que ya está en manos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Busca, al menos en el papel, crear un equilibrio legal más firme para los inversionistas “sin encender protestas de los propietarios de tierras”, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.

Esta reforma revivirá a uno de los miembros más cercanos al Presidente Peña: Jesús Murillo Karam. La Sedatu está en sus manos desde el 27 de febrero del 2015. El ex Procurador General de la República ha sido sometido a fuertes cuestionamientos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y sobre todo por su “verdad histórica”, como suele llamarse a la investigación que encabezó.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), dijo la semana pasada a SinEmbargo que los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” con la que la PGR concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos fueron asesinados y cremados, confesaron que fueron torturados.

“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegaciones de tortura le pone un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: las de ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’; de ahí se desprende todo el caso de la PGR, y su ‘verdad histórica’ se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, expuso Patrón Sánchez.

Hace apenas una semana, el 11 de mayo, el último informe realizado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajó una de las afirmaciones que sustentan la “verdad histórica”: que los 43 normalistas iban a boicotear un acto del matrimonio Abarca. El informe dice que no es así.

Además, expuso ante la opinión pública que los estudiantes estuvieron siempre bajo los ojos de las agencias policiacas del Gobierno mexicano. Y que de allí, mientras eran vigilados, “desaparecieron”.

De acuerdo con la información divulgada por los expertos, los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 no iban a “boicotear” el evento político de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. Los estudiantes llegaron tiempo después de concluido el acto público. En su momento, el entonces Procurador aseveró que las investigaciones apuntaban a que los muchachos “iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre. Pero se los llevaron directo a Iguala. En el camino les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político”.

OTRA REFORMA A LO SALINAS

Reuters indica que casi la mitad de la población mexicana vive en la pobreza –una gran parte en zonas rurales–; los derechos de los ejidatarios han sido protegidos durante mucho tiempo y Peña Nieto podría enfrentar gran oposición al proyecto, especialmente de los grupos de izquierda.

En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó una reforma similar. Se modificó el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar por finalizado el reparto agrario y otorgar “certidumbre jurídica al campo y a la tenencia de la tierra”; se crearon tribunales federales agrarios autónomos, integrados por magistrados propuestos por el presidente de la República y designados por el Senado.

En la reforma salinista se reconoció la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como los derechos de ejidatarios sobre sus parcelas, y se les facultó para decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos productivos. También tenía como propósito crear condiciones favorables para que los campesinos se beneficiaran tanto de la posesión de sus tierras, como de su propiedad y explotación.

Ahora, 23 años después, Peña Nieto y su Gobierno quieren darle más poder a los grandes empresarios y disminuir el de los ejidatarios. Reuters asegura que quienes apoyan la Reforma Agraria de Peña dicen que México pierde empleos e inversión al no dar suficientes garantías a los inversores, a quienes les preocupa que bajo la ley actual puedan ser forzados en cualquier momento a renegociar acuerdos con los ejidos.

Peña Nieto apostó por una Reforma Energética para reactivar la debilitada economía de México, pero la caída de los precios del petróleo ha hecho menos atractiva la inversión. Reuters señala que el Gobierno priista espera que una nueva reforma agraria pueda acelerar el crecimiento fomentando la inversión en sectores como la minería, el turismo, la generación de energía, la agricultura y el transporte.

Creados bajo un programa de redistribución masiva de la tierra en la primera mitad del Siglo XX, y tras la Revolución Mexicana, los ejidos tienen derechos de superficie en vastas zonas del país. Por ello, si la “gran” reforma agraria de Peña Nieto es aprobada como está previsto, podría ser la más dramática revisión de los derechos de tierras rurales desde 1992, pues hasta antes de la reforma salinista existía la obligación del Gobierno de dar tierra a todo el que la solicitara.

La propuesta de reforma deberá ser enviada al Congreso durante el próximo período de sesiones que comienza en septiembre, dijeron a la agencia los funcionarios familiarizados con el plan.

Aún así, es incierto si el Presidente tenga momentum. Según la última encuesta de Mitofsky, cuando falta un mes de campañas, las preferencias electorales siguen favoreciendo al PRI como primera minoría con el 22 por ciento de ciudadanos votando por él, seguido del 17 por ciento de panistas. Pero Mitofsky equivocó con enormes márgenes su encuesta presidencial de 2012, que daba enormes posibilidades al PRI aunque al final no resultó así.

Aún así, las cinco encuestas nacionales coinciden en el orden en el que aparecen los partidos en las preferencias ciudadanas: El PRI-PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un empate casi técnico del número de escaños en el Congreso. Después, peleando el cuarto lugar se encuentran el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

Los verdes o los del PANAL son organizaciones pequeñas pero votan siempre en bloque con el PRI y le dan mayoría simple en las aprobaciones de leyes.

Con un gran capital político al comienzo de su administración, Peña Nieto concretó el Pacto por México, un acuerdo inédito entre las principales fuerzas políticas que le permitió lograr la discusión y aprobación de 11 reformas de fondo en un tiempo récord de veinte meses, lo que ha sido considerado histórico por ser el primer mandatario en lograrlo.

Entre las aprobaciones destacan la Reforma Energética, la Reforma en materia de Telecomunicaciones, la Reforma en Competencia Económica, la Reforma Financiera, la Reforma Hacendaria, la Reforma Laboral, la Reforma Educativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Reforma Política-Electoral y la Reforma en materia de Transparencia.