Sin duda, hablar de democracia nos obliga de cierta forma a pensar en ciencia política, y no cualquier ciencia política sino no la moderna ciencia política.
Hace 2,500 años se acuñó la palabra “democracia” connotada y utilizada en múltiples sentidos y calificativos, pero como diría el maestro García Maynez, quien me hace recordar mis tiempos de estudiante en la Libre de Derecho: ni los juristas ni los tratadistas se habían logrado poner de acuerdo en el género próximo, ni en la diferencia específica, por tanto en el tema que nos ocupa existen una gran variedad de definiciones y académicamente se puede pertenecer a dos corrientes puras y duras.
La primera es la llamada objetiva o procedimental: centran su teoría en las elecciones justas, a regímenes duraderos y con elecciones periódicas; sus principales exponentes son Schumpeter, Riker o Schmitter. Por otra parte tenemos la corriente sustantiva: sus exponentes no comparten una definición común, pero se distinguen por pensar en la democracia no sólo como un procedimiento electoral, sino que incorporan valores y fines que la propia democracia debería perseguir; ellos establecen que no puede haber democracia en lugares donde hay violación masiva a los derechos humanos, corrupción masiva y con un estado de derecho débil.
Por tanto podemos imaginar en este tenor un país en el cual la ingeniería electoral funciona a la perfección, pero el estado de derecho no funciona del todo bien. O imaginemos un país en donde las desigualdades extremas hacen imposible la presencia y representación de la sociedad civil, esto indica que existen democracias en distintas tonalidades y que al final son denominadas democráticas, algo que desde la academia denominamos distintos grados de desarrollo democrático. Por lo tanto, partiendo de las definiciones procedimentales, éstas nos permiten establecer un umbral mínimo y distinguir qué países son y cuáles no son democráticos, y las definiciones sustanciales serán una herramienta para analizar el desempeño de los estados democráticos y diferenciar los distintos grados de la calidad de la democracia.
Por tanto la pregunta es: ¿podemos medir la calidad de la democracia? Podemos generar la escala que propone Schmitter a partir de la rendición de cuentas o de acuerdo a Morlino medir la democracia en tres niveles en la calidad del procedimiento, es decir, que el ciudadano verifique si el gobierno o sus instituciones trabajan libres e iguales, si aplican y promueven leyes en relación con las demandas de la sociedad civil. Calidad de la democracia desde el estado de derecho en donde se presume la igualdad de la aplicación de la ley, en donde ninguna área debe estar dominada por el crimen organizado, inexistencia de corrupción en áreas política, administrativa y judicial. O desde la mirada de la rendición de cuentas vista desde la información y su acceso, la justificación y el castigo o recompensa. Esta rendición de cuentas puede ser vertical u horizontal: la primera es aquella en la que el elector demanda a sus gobernantes electos, o los gobernados a los gobernantes para aclarar sus actos, mientras que la horizontal es la responsabilidad que tienen los gobernantes de responder a otras instituciones o actores colectivos que tienen la capacidad de controlar la conducta de los gobernantes. Imagine la corte, las auditorias, bancos centrales etc. Y por último y no menos importante la Calidad en Términos de Contenido y Resultados en donde la democracia se mide en el grado de compromiso que se tiene con los ciudadanos, asociaciones y comunidades que la compone, así como el grado de libertad e igualdad, el resultado dependerá del grado de apoyo y respaldo de los ciudadanos hacia las instituciones.
Bajo este panorama, seguro que todos los ciudadanos día a día inconscientemente evaluamos la calidad de nuestra democracia, que con éste breve panorama resulta desolador el intentar poner una calificación a nuestra democracia o siquiera pensar en conceptos de calidad, cuando nuestras instituciones se encuentran atrapadas por el poder. En donde la transparencia, la objetividad, la certeza y la legalidad es sólo un discurso de las instituciones, en donde la rendición de cuentas es casi nula, en donde existe corrupción desde un agente de tránsito hasta al nivel político más alto. En donde tenemos no sólo áreas cooptadas por el narcotráfico, sino estados completos, en donde el Estado de Derecho se convierte cada vez más en el Derecho del Estado, poca o muy poca representatividad de la sociedad civil. En donde nuestra Carta Magna es violentada por la firma de un Pacto Nacional. En donde el IFE es rehén de los diputados y caprichos de los líderes de bancada y de partido, en cuanto a los nombramientos de los Consejeros. En donde el Congreso es poco transparente y mantienen un rezago legislativo increíble y en donde la producción de leyes se da sólo en congruencia con el partido en el gobierno y los intereses alineados.
Debemos dejar atrás la debilidad de las instituciones y la inhabilidad de nuestros políticos, insisto en que es tiempo de que los ciudadanos alcemos la voz y propongamos modificaciones importantes, que formemos parte del debate de la reforma político-electoral, en vía de tener una verdadera democracia, en donde los partidos se ganen el voto y no sólo las prerrogativas, en donde los políticos ganen con voto y no con dinero, en donde se tenga un órgano electoral nacional para todas las elecciones, en donde se gaste menos y se haga más, en donde la transparencia y la rendición de cuentas sea la carta de presentación en el mundo político, que sirva como medio de accountability, en donde los millones de pesos que se gastan en campañas políticas se conviertan en millones de pesos contra el hambre y la pobreza.
¿Usted qué nota le pone a nuestra democracia? Nos vemos la próxima semana.
