Por Óscar Arredondo Pico, Investigador de Fundar.
En teoría, el diseño de políticas públicas debería considerar laboriosos estudios sobre la realidad del país para así implementar acciones que impacten en el desarrollo integral de la población. Sin embargo, en la práctica son el resultado de ocurrencias de un pequeño grupo de personas que tienen el privilegio y la obligación de gastarse los recursos públicos sin considerar a la sociedad y sus necesidades, pero con la previsión de asegurar sendos beneficios para los ejecutores del gasto y sus proveedores.
Un ejemplo del despropósito en el que puede caer una política pública es la cruzada contra el hambre, que en su implementación consideró la firma de un convenio de concertación de acciones con la empresa Nestlé, con el fin de que el emporio de comida implemente, lo que dice ser un proyecto productivo para mujeres emprendedoras denominado “el dulce negocio de Nestlé”. Proyecto apoyado con subsidios federales otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social.
En resumen el dulce negocio de Nestlé que se explica en el convenio de concertación mencionado, consiste en un proyecto productivo para mujeres emprendedoras, mediante el cual pretende dar cursos de cocina a 1,500 mujeres de las comunidades más pobres del país, para lo cual entrega kits de productos Nestlé y recetarios para que con ayuda de chefs aprendan a cocinar, lo anterior a fin de que cada una de las “beneficiadas” pueda transmitir sus conocimientos a otras 10 mujeres, un esquema piramidal de consumo de comida chatarra.
Evidentemente en un país en donde la mitad de la población habita en viviendas con piso de tierra y espacios inadecuados, lo último que se necesita son cursos de cocina con recetarios de productos Nestlé. Este despropósito además de representar un nulo beneficio a la nutrición de los mexicanos, boicotea la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, quizá el más grande problema de salud pública en México.
Es importante destacar que una política pública enfocada a combatir la desnutrición y la pobreza alimentaria debió en principio reconocer los usos y costumbres de las comunidades, los productos que se desarrollan en esas zonas, la riqueza nutrimental y los beneficios de sus huertas, además de apoyos a esquemas de producción, distribución y almacenamiento. De igual forma tratándose de poblaciones indígenas, debió mediar una consulta pública – conforme al artículo 6° del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-.
La Sedesol pudo simplemente enfocarse en impulsar programas para alcanzar una alimentación inteligente, que incentive el consumo y el comercio local en cada comunidad y a la par coadyuve a la solución de otros problemas públicos como la obesidad, el sobrepeso que requieren de un enorme presupuesto para atenderlos – el 7% de los recursos destinados a la salud-. Es de destacar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, somos el primer lugar mundial de niños con sobrepeso y el segundo en adultos, por lo que en vez de enseñar a las mujeres más pobres del país a hacer pastel de tres leches y crepas de cajeta, tal vez deberíamos enfocarnos en enseñarlas aprovechar al máximo sus propios recursos, la potencialidad de sus tierras y sistemas de intercambio de productos con otras comunidades.
Este convenio de concertación entre Nestlé y la Sedesol, suscrito el 9 de abril de 2013 señala que los proyectos que se lleven a cabo se ejecutarán con apoyo de subsidios entregados por la Secretaría, sin embargo en la Cuenta Pública de 2013 no se desagrega en detalle el programa de apoyo alimentario y siendo más de 4 mil 400 millones los integrados en el rubro de subsidios no es posible conocer cuántos recursos ha recibido Nestlé, u otras organizaciones y empresas que han firmado este tipo de convenios con el gobierno, como la Pepsi. Desgraciadamente tampoco es factible conocer el resultado de las auditorias que se han realizado pues no será hasta febrero de 2015 que la Auditoría Superior de la Federación, publique su informe sobre la revisión de la cuenta pública 2013.
No obstante basta con ver el gasto público para atender problemas relacionados con la obesidad y las razones que impulsaron las reformas fiscales para grabar los alimentos azucarados y de bajo contenido nutrimental, para reconocer que mi dulce negocio es una de las más claras muestras de la insensatez gubernamental que impera en este país.
