Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- A sus 32 años y siendo el sostén de sus tres hijos, Karla Nayeli Corrales Portillo pasó de ser una defensora de las personas desplazadas forzadamente a una víctima de desplazamiento forzado. Si la gente a la que ayudaba había salido huyendo de sus ranchos en la sierra sinaloense a causa de la violencia, a ella lo que la ahuyentó de Choix –el municipio donde residía y ayudaba a los desplazados– fueron las amenazas de muerte que comenzó a recibir desde marzo o abril y que, aún en el exilio, no han cesado.

De hecho, la última que recibió le llegó la semana pasada, como una nota dejada en su automóvil, estacionado dentro de su casa. El papel decía, llanamente, “soplona”.

Ni ella ni Axel García, el coordinador de Protección a Defensores de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) que acompaña su caso, comprenden la razón de las amenazas en su contra, pues el trabajo que desde finales de 2013 ha realizado con las familias de desplazados ha sido meramente de apoyo humanitario: conseguirles alimentos, agua, medicamentos y, quizá, un lugar para vivir.

Denunciar las omisiones de las autoridades –que sí existen– o seguir la pista de quienes han aterrorizado a los habitantes de rancherías como La Culebra, El Corral Quemado o Bacayopa, al punto de hacerlos abandonar sus tierras, no son parte de su trabajo con los desplazados, como lo hace notar García.

“Aquí lo triste es que una persona defensora que busca agua es amenazada. Ella no denuncia, ella no señala a nadie, ella no está peleada con el gobierno”, dice.

El también defensor señala que precisamente esa circunstancia hace que el de Karla sea emblemático entre los casos de agresiones a defensores de derechos humanos en el país, quienes generalmente son atacados porque en su trabajo de defensa afectan intereses o hacen denuncias públicamente.

Y eso no hace sino plantearle dudas a García:

“¿Por qué una persona que da asistencia humanitaria, que no afecta intereses, por qué es amenazada? ¿A quién le afecta que esté ella pidiendo agua para la gente que no tiene que tomar, que tiene sed? ¿A quién le afectaría y por qué le tendría que afectar? ¿O qué es lo que están difundiendo como para pensar que les está afectando?”.

Las amenazas, cuenta Karla, comenzaron entre marzo y abril pasados. Primero fueron llamadas telefónicas para hostigarla preguntándole quién le ayudaba en la Ciudad de México o pidiéndole información sobre las personas desplazadas.

Luego fueron a través de la red social Facebook, en donde era etiquetada en publicaciones de personas que ella sabía eran delincuentes.

A eso se sumó el atentado que sufrió el Presidente municipal de Choix, Juan Acosta Salas, junto con su esposa, una de sus hermanas y parte de su gabinete el 6 de marzo, en la carretera Los Mochis-El Fuerte.

Organizaciones civiles vincularon el atentado contra el Alcalde con las amenazas y hostigamiento que vivían quienes apoyaban a los desplazados. El 27 de abril, esa postura fue respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su resolución 14/15 concedió medidas cautelares a dos defensoras de los desplazados. Una de ellas fue Karla; la otra fue Esperanza Hernández Lugo, desplazada forzada y líder de un grupo de familias desplazadas.

El atentado contra Acosta Salas fue una llamada de alerta para Karla, quien entonces salió huyendo de Sinaloa. Con la ayuda de la CMDPDH logró que tanto la CIDH como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictaran medidas cautelares para protegerla a ella y a su familia. También fue acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una instancia de orden federal en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Tras dos meses en ese primer exilio forzado y con todos los sistemas de protección como respaldo, Karla regresó a su estado natal.

Pero las agresiones no cesaron. Recientemente, dice, nuevamente ha recibido llamadas telefónicas para amenazarla. En una de esas, recuerda, le dijeron que se fijara lo que iba a pasar en el río.

Lo que ocurrió fue que apareció muerta una joven con cinco meses de embarazo.

Las autoridades, en tanto responsables de su seguridad, están enteradas de las amenazas en su contra, dice. Pero pareciera como si no, porque nada pasa.

Mientras tanto, para ella la vida cambió. Ya no puede salir libremente, dice.

“Porque ya no sabes de quién nos vamos a cuidar. Tenemos personas que sabemos que están cuidando los movimientos que hacemos, a dónde vamos. Es difícil […] Es la incertidumbre que te levantas, te acuestas, y andas con lo mismo porque no sabes […] Nosotros cuando regresamos a Sinaloa, es el mismo hoyo en el estómago, es lo mismo que si escuchas un ruido afuera, es lo mismo no duermes. Es algo bien angustiante”, explica.

DESPLAZADOS E INVISIBLES

Una consecuencia buscada de las agresiones a defensores de derechos humanos suele ser inmovilizarlos de su trabajo de defensa. En el caso de Karla la estrategia resultó, pues tuvo que exiliarse forzadamente de Choix, donde residía y donde había comenzado su trabajo humanitario con los desplazados.

La mujer de grandes ojos y voz queda relata que su trabajo a favor de los desplazados forzadamente comenzó cuando apoyó a dos familiares que, como tantos, tuvieron que salir huyendo de sus lugares de origen por la violencia.

La ayuda que les dio fue la misma que siguió dándoles a los demás desplazados, que fueron apareciéndosele porque sus familiares empezaron a hablar de ella con otros desplazados. Y así su red se fue ampliando hasta contar 459 familias de exiliados forzados.

Cuando habla de las personas a las que ha ayudado y las condiciones en las que viven, Karla no oculta su pesar ni su indignación. Cuenta que muchos viven bajo lonas o en casas hechas de palos; duermen sobre el piso, soportando los moscos y el calor, que puede alcanzar los 48 grados centígrados. Hay personas que ni siquiera tienen un abanico para refrescarse y por las noches tienen que dormir mojados para mitigar el calor y a los moscos. Eso incluye a niños y a ancianos.

Hace 15 días, continúa Karla, un hombre murió de insolación. Había ido a recoger leña para vender y falleció en el monte. Tenía 54 años. Su esposa y sus cuatros hijos quedaron en el desamparo.

Como ese desgraciado, hay quienes se dedican a recolectar y vender madera para sobrevivir; otros salen de madrugada –a las dos o tres de la mañana– a los campos agrícolas a cortar chile o tomate o sembrar calabazas. Les pagan de 60 a 100 pesos por día y regresan hasta la tarde. Sus hijos se quedan solos todo el día.

Entre los desplazados hay quienes no saben leer ni escribir o personas que ni siquiera hablan español, porque son rarámuris. “Es muy difícil para ellos”, dice Karla.

Ella ha dedicado su último año y medio de vida a “hacerles un poquito más liviano lo que estaban llevando”. Más concretamente eso ha significado que junta ropa, zapatos y alimentos y los lleva a las familias de desplazados. También ha gestionado con las compañías refresqueras de Pepsi y Coca-Cola donaciones de agua embotellada, tan escasa como necesaria en esa región del Norte del país.

Incluso, dice, consiguió –por consejo de un funcionario del Infonavit– que unas familias de desplazados pudieran usar, temporalmente, viviendas abandonadas. Ese esfuerzo, sin embargo, parece amenazado, pues el jueves pasado una de las mujeres que se benefició de esa posibilidad, le informó que los querían desalojar.

Pero ahora, con el exilio forzado, el trabajo de Karla se ha visto  obstaculizado. “Me quedé varada” dice, y atribuye esa limitación al temor que tiene ante las amenazas que ha recibido.

De parte del gobierno estatal, señala, no ha recibido ninguna ayuda, aunque lo ha solicitado. Del gobierno municipal, hubo una época en la que encontró apoyo para tener un espacio para realizar juntas con los desplazados y para llevar a cabo el censo de familias. Pero ahora, asegura Karla, esos apoyos no existen más.

Dice que a ella la han “ayudado” con tres despensas en cinco meses. Dichas despensas consisten en frijol, pasta, lentejas, que le alcanzan para unos 15 días para una familia de cuatro personas. Mas ella insiste:

“Yo la ayuda la quiero para la gente, ahorita no le han llevado ni una botella de agua”.

DEL GOBIERNO, NINGUNA REACCIÓN

García refiere que Karla se ha reunido con el presidente de la CNDH, con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob. Con todos ha llevado el mismo mensaje: que se reconozca a los desplazados y se les apoye.

Hasta ahora, dice García, la respuesta ha sido, por lo menos, insuficiente, amén de los pendientes en cuanto a la protección de la defensora.

El integrante de la CMDPDH agrega que el reto principal es que las autoridades se hagan responsables, en los tres niveles de gobierno.

“Nunca olvidar que el trabajo que hace un defensor suple lo que no hace la autoridad, lo que no hace el Estado. Entonces en la medida en que la autoridad, los tres niveles de gobierno asuman su autoridad y atiendan a la población desplazada, en esa medida también Karla no será quien estará tocando la puerta y arriesgándose por algo que ella, en lo particular, no tiene un beneficio de nada, lo hace por humanidad, por ser diferente”.