Quien tiene el poder en un país donde no se respeta el derecho, tiene la opción de elegir sobre la vida o muerte de aquellos que considera sus enemigos. En las naciones donde existe el Estado de Derecho, las autoridades no pueden decidir estas cosas sin poner en riesgo su futuro político.
Cuando un gobernante declara su adversario a cualquier grupo o persona y puede decidir si las autoridades lo detienen y lo enjuician, o si lo ejecutan, tiene en sus manos una herramienta para enviar mensajes duros a sus oponentes, lo que para personalidades sociopáticas es un placer.
En la época de Maquiavelo, cuando el príncipe podía decidir sobre la vida de sus antagonistas, él aconsejaba “eliminar a toda la estirpe del príncipe derrotado” y respetar a las demás familias para que así, los salvados entendieran que el príncipe les había perdonado la vida y les aterrorizara volver a estar en circunstancias de perderla. El efecto era profundo y lograba “generar un temor tan grande que ni siquiera se atrevan a pensar en tomar venganza”.
El mensaje de quien tiene el poder debe ser claro y contundente, y el de los gobernantes de Guerrero lo fue: no vamos a tomar prisioneros ni dar lugar a que se realice un juicio que podría tener un alto costo político. Deben saber que con el estado no se puede.
En Tlataya, los militares a cargo del operativo estuvieron frente a la misma disyuntiva con sus adversarios: detener y entregar a la autoridad judicial o ejecutar en el sitio; el resultado fue el fusilamiento de por lo menos 10 personas, apoyado por el Gobierno estatal. En Michoacán van más de tres eventos donde el mensaje es “no vamos a tomar prisioneros” y en Sao Paulo, Brasil, policías se convirtieron en verdugos al asesinar a 19 presuntos delincuentes en represalia por dos agentes acribillados.
Con esos antecedentes no nos debe sorprender que para los oficiales de Tabasco la consigna de no tomar prisioneros, y de paso, saldar cuentas con los presuntos asesinos de sus compañeros, esté vigente, con la protección garantizada del Estado.
Estás son sólo las crónicas de los casos que testigos y vídeos han evidenciado; ejecuciones extrajudiciales que las autoridades pretenden presentar como muertes en enfrentamiento o resultados incidentales de un accidente. Después de estos hechos, los delincuentes adversarios del gobernante en turno tienen muy claro que si no juegan con el equipo en el poder está en riesgo de perder la vida.
En febrero de 2011, recibí en mi oficina de Derechos Humanos a dos mujeres que, con lágrimas en sus rostros, me explicaban que días atrás agentes municipales detuvieron a dos familiares y dos amigos, y que tenían miedo porque no sabían dónde estaban ya que esa mañana apareció abandonada la camioneta donde se transportaban.
Iniciamos la búsqueda en delegaciones de Policía y agencias del Ministerio Público, pero los resultados fueron infructuosos; logramos ubicar testigos presenciales de la detención dispuestos a declarar y seguimos presionando a los municipales. Ya cuando sabíamos los números de las unidades y teníamos ubicados a 20 oficiales involucrados, muchos de los cuales usaron pasamontañas, se inició la investigación por desaparición forzosa. Unos 15 días después se encontraron los cadáveres de los muchachos con la garganta cercenada.
Nunca supimos de qué los acusaban, ni por qué los habían detenido, sólo que todas las familias estaban en riesgo. Aunque conseguimos asilo para ellas en el vecino país, donde ahora viven en Nuevo México y Texas, aquí no se ha avanzado más en la averiguación y los policías acusados todavía no son sentenciados.
Cuando fui director del Cereso de Ciudad Juárez, entre 1995 y 1998, aprendí un poco sobre quienes decidieron hacer su vida mediante actividades ilegales y conocí a una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, que sabían que se jugarían la existencia en su acción.
El comandante de vigilancia, un hombre extraordinariamente inteligente que sólo tenía cursados tres años de primaria, me explicó una serie de códigos de alarma, de los cuales uno en particular me impresionó y se relaciona con este análisis:
“Cuando estas gentes –me advirtió él, Erasmo– deciden jugársela, se dicen una frase, como una oración que les da el valor para salirle al peligro; antes de hacerlo la piensan y, aunque muchos se devuelven, los que finalmente deciden seguirle de frente, licenciado, acostumbran decir: Esto ya se lo llevó la chingada”. Me explicó que debíamos tener cuidado y capacitar a los custodios para que advirtieran cuando un interno que estaba desesperado, deprimido o muy nervioso, repentinamente empezaba a repetirse a sí mismo: esto ya se lo llevó la chingada.
Esos reos debían ser detenidos de inmediato y pasados al área de alta seguridad, donde serían entrevistados con mucho cuidado para entender qué estaba sucediendo y por qué el interrogado estaba decidiendo jugarse la vida. Afortunadamente yo terminé mi periodo frente al penal con escasos incidentes.
Esto viene a colación porque hay un grave error en las autoridades que piensan que ordenando la muerte en caliente de los delincuentes detenidos van a atemorizar a los que se encuentran en activo, ya que cada vez que los grupos delictivos van a realizar una acción con riesgo de muerte, se persignan y dicen “esto ya se lo llevó la chingada”, así ya la muerte no los amedrenta y van a hacer lo que van a hacer.
Cada vez que noticias como las de Tabasco, Iguala, Tlataya, Michoacán o el caso de los cuatro jóvenes de Juárez, se dan a conocer en el mundo civilizado, la gente de esos países voltea a vernos arrugando la frente y piensa que México todavía está pendiente de ser una nación civilizada.
Por eso no debe sorprendernos que un imbécil como Donald Trump esté despotricando contra nosotros, contra nuestro Gobierno y los migrantes. Las decisiones de nuestros líderes políticos nos han puesto, ante los ojos del norteamericano promedio, como un país que vive en la barbarie, donde todavía no se inaugura el Estado de Derecho.
