El 14 de agosto el Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, especializado en competencia económica, concedió la suspensión definitiva ante el amparo conjunto por las implicaciones en la salud y las emisiones de gases efecto invernadero.
El 23 de junio, Greenpeace México obtuvo la suspensión por parte del Juez Segundo de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) y Greenpeace México ganaron la suspensión definitiva del Acuerdo Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener) en materia de generación de eléctrica, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El 14 de agosto el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, concedió la suspensión definitiva ante el amparo conjunto pues consideró que las modificaciones realizadas por el Cenace y la Sener carecen de justificación técnica y tienen implicaciones muy severas para la salud, así como para el ambiente por las emisiones de gases efecto invernadero.
En un comunicado conjunto el Cemda y Greenpeace aseguraron que con la decisión “será posible que sigan avanzando los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados, siempre y cuando cumplan en todo momento con el marco legal vigente, y respeten los derechos humanos de las personas en las comunidades donde pretenden instalarse”.
Antes de este fallo, el 23 de junio, Greenpeace México obtuvo la suspensión por parte del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro.
Hasta ahora, el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que el Cenace emitió el 29 de abril y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, de la Sener el publicada en el DOF el 15 de mayo.
La suspensión se da mínimamente por lo que dura 2020 o el total del tiempo en que se lleve a cabo el juicio.
“Sabemos que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático y tienen consecuencias negativas sobre la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas”, expresó Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Cemda.
“Esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población, que ayude a abatir la pobreza energética”, agregó María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México.
AMLO SE INCONFORMA
Apenas el 30 de julio el Ejecutivo federal presentó dos recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impugnan la decisión del Ministro Luis María Aguilar Morales, tomada el 29 de junio, para suspender la nueva política de la Sener.
La promoción del recurso de inconformidad con la política energética fue promovido por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
De acuerdo con medios nacionales, las impugnaciones entregadas por el Ejecutivo en contra de los recursos de inconformidad y de facultad de atracción que la Cofece y el Gobierno de Tamaulipas interpusieron ante la Segunda Sala del tribunal supremo, aseguran que ninguna de las dos entidades se han visto afectadas por la nueva política de confiabilidad de la Sener.
Un mes antes, el 30 de junio, el Presidente López Obrador expresó que la SCJN “le dio entrada a un recurso de las empresas particulares que generan energía eléctrica”, debido a que “no aceptan las nuevas condiciones que se están estableciendo para defender el interés público”.
El Presidente sostuvo que “las hidroeléctricas generan energía con agua y es la energía más barata y más limpia, pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas públicas o son plantas públicas y como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están subutilizadas”.
“Vamos a respetar lo que decidió la Corte y vamos a defender el interés público. No le hace que nos lleve tiempo. Un año, dos, los cuatro años que estemos aquí si es que así lo decide el pueblo, pero no vamos a ser cómplices de corrupción. Fue mucho el saqueo, una cosa realmente exagerada”, finalizó.
FALLO DE LA SCJN
La decisión de la SCJN fue que se suspendieran todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de la Sener. Esta fue la primera vez que la Suprema Corte reaccionó a las impugnaciones interpuestas.
Durante junio, jueces federales suspendieron de modo indefinido este acuerdo y el del Cenace, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Cemda.
Con el argumento de garantizar la “confiabilidad” y “estabilidad” del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas “intermitentes” para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Cofece, el organismo antimonopolios de México, impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.
-Con información de EFE
