Las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso de Guatemala despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito, también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unas 400 violaciones tipificadas en ley. Los 107 diputados acordaron en secreto y votaron, algo muy, pero muy común en México.
Las redes sociales y la prensa han jugado un papel crucial en la presión contra los políticos. El jueves 14 de septiembre, casi como si se hubieran puesto de acuerdo, todos los medios se lanzaron en contra de los 107 diputados que votaron a favor de los cambios al Código Penal que favorecen la impunidad de los corruptos.
El movimiento Poder Ciudadano, organizaciones de mujeres, pueblos campesinos, de jóvenes y sociales anunciaron que tienen previsto movilizar a unas 100 mil personas para exigir la inmediata renuncia del Presidente Morales por “corrupto y ladrón” y que enfrente a la Justicia por financiación electoral ilícita.
Los empresarios también se unieron al movimiento #YoNoTengoDiputados y prohibieron la entrada de los diputados a sus comercios “como apoyo a la lucha contra la impunidad”.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– Ciudadanos, organizaciones sociales y campesinas de Guatemala se unieron en una respuesta inédita y exigieron la renuncia del Presidente del país, Jimmy Morales, y de los 107 diputados del Congreso a los que se acusa de corruptos o, al menos, de complicidad con los corruptos.
No es la primera vez que Guatemala le pone el ejemplo al mundo. Los ciudadanos lograron meter a la cárcel a su Presidente, Otto Pérez, y a varios de los miembros de su familia. ¿Las acusaciones? Corrupción, un mal que se ha extendido en los países de la región y sobre todo, en México y Brasil.
Ahora, el movimiento ciudadano ha logrado algo inédito: que restaurantes, hoteles, tiendas e incluso barberías pongan anuncios en los que prohiben el acceso a los diputados y a cualquier político señalado por corrupción.
El pasado lunes, el Congreso rechazó levantar la inmunidad al actual Presidente Morales para que fuera investigado por supuesta financiación ilícita electoral, delito en que habría incurrido durante la campaña que le llevó al poder, según señaló el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Congreso también aprobó de forma sorpresiva dos reformas al Código Penal, una decisión que debieron anular apenas horas después debido al rechazo generalizado de la población y de las instituciones, incluidos los empresarios.
Una de las reformas eximía a los secretarios y candidatos de partidos políticos de su responsabilidad por la financiación electoral ilícita y la otra elevaba de cinco a diez los años las penas susceptibles de conmutación.
Las reformas al Código Penal despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley.
Las redes sociales han jugado un papel crucial en la presión contra los políticos. Y la prensa. El jueves 14 de septiembre, casi como si se hubieran puesto de acuerdo, todos los medios se lanzaron en contra de los 107 diputados que votaron a favor de los cambios al Código Penal que favorecen la impunidad de los corruptos.
“Miércoles negro”, dijo Prensa Libre. “Pacto de corruptos”, señaló Soy502. “Miércoles de impunidad /No más tolerancia a los abusos de los corruptos y ladrones”, fue la cabeza de elPeriódico. “Día Infame, Congreso elimina leyes anticorrupción”, agregó La Hora.
Uno de los diarios publicó las 107 fotos de los legisladores que aprobaron una ley contra la sociedad civil, para que la gente pudiera reconocerlos. “Con su voto, estos diputados fueron quienes aprobaron las reformas en favor del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas, iniciativas que se presentaron entre secretismo y contubernio de las bancadas”.
El viernes los manifestantes celebraron las fiestas patrias exigiendo la renuncia de todos los diputados, a los que acusaron de corrupción. Ciento treinta parlamentarios se quedaron encerrados durante nueve horas en el Congreso debido a las protestas, y denunciaron estar secuestrados. Los manifestantes, en su mayoría, eran familias en un pacífico plantón. Hay otro paro convocado para el miércoles. La crisis guatemalteca se trasladó a las calles.
Miles de manifestantes rodearon durante 12 horas las instalaciones del Congreso el viernes 15 de septiembre y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos al Código Penal.
A la media noche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar.
A su salida, la Diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador, hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de éstos.
Los bomberos atendieron a varios civiles intoxicados con el gas lanzado por la policía.
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El mecanismo para derogar se conoce como Precedente Legislativo y sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto.
Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas públicas “por el error” cometido.
Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos impulsores de la reforma, fue una de las legisladoras que aseguró que aprobó las reformas con conocimiento de causa.
“Por eso pido perdón”, dijo.
“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!”, eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes a las afueras del Congreso.
La Diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas dijo al pleno: “Ojala que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.
Con 130 votos (el total de los asistentes) a favor de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal.
Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el Presidente Jimmy Morales –un comediante de televisión con poca experiencia política que ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”- fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.
El próximo miércoles se realizará un paro nacional, el cual fue convocado por el movimiento Justicia Ya, que surgió en 2015 a raíz de las denuncia de supuesta corrupción que le costaron el gobierno al Presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien está en prisión preventiva y procesado por ese delito, al igual que la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti.
El movimiento Poder Ciudadano, organizaciones de mujeres, pueblos campesinos, de jóvenes y sociales anunciaron este fin de semana en un comunicado que tienen previsto movilizar a unas 100 mil personas para exigir la depuración en los organismo Ejecutivo y Legislativo.
La entidades exigieron la “inmediata” renuncia del Presidente Morales por “corrupto y ladrón” y que enfrente a la Justicia por financiación electoral ilícita.
Las organizaciones sociales también exigieron la renuncia de los diputados por haber aprobado de forma sorpresiva dos reformas al Código Penal, una decisión que debieron anular apenas horas después debido al rechazo generalizado de la población y de las instituciones, incluidos los empresarios.
Las organizaciones sociales solicitaron a la CICIG y al Ministerio Público (MP) que investiguen a los diputados que aprobaron las reformas penales finalmente abortadas.
Además, solicitaron la destitución del Ministro de la Defensa, Wiliams Mansilla, por el bono extraordinario de responsabilidad que su cartera asignó a los altos mandos militares, entre ellos el del comandante general, el Presidente Morales.
El Mandatario devolvió el pasado jueves los 450 mil quetzales (61 mil 728 dólares) que había recibido del Ejército por ese bono desde diciembre pasado.
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LOS COMERCIOS SE UNEN
La reconocida firma gastronómica Saúl Bistro anunció en sus redes sociales que “como apoyo a la lucha contra la impunidad, no atenderán en sus instalaciones a ninguno de los 107 diputados del Congreso de la República, que votaron a favor de reformar el Código Penal para blindarse de futuras investigaciones por financiamiento electoral ilícito”.
“Hoy Guatemala nos necesita más unidos que nunca. #YoNoTengoDiputados”, escribieron en su cuenta de Facebook seguido de una fotografía donde se observa a un grupo de trabajadores con banderas en las manos y un anuncio en el que se lee: “En Saúl no aceptamos a personas que alimentan la impunidad en el país”.
La publicación, que se viralizó al instante por las redes sociales, fue comentada por cientos de usuarios.
“Es un buen ejemplo de apoyo a nuestro bellos país”, escribió Karina Escobar.
Mientras que Brenda Enríquez, anotó, “Bravo, me quito el sombrero. Mis Respetos”.
Ta’Cool fue otro de los restaurantes que se sumaron al #YoNoTengoDiputados.
La Toscana, restaurante italiano ubicado en La Antigua Guatemala, también “se reserva el derecho de servir diputados”.
Rayuela hizo lo propio escribiendo “¡No queremos sus disculpas, queremos su renuncia!”.
Las barberías Mister Barber Shops, anunciaron que no atenderían a los parlamentarios en sus instalaciones.
“Non gratos. Los diputados corruptos no los atenderemos en ninguna sucursal. #DepuracióndelCongreso #YoNoTengoDiputados #RenunciaYa”, fue el mensaje de la firma de servicios de belleza para caballeros.
A la protesta también se unieron los mercados públicos y pizzerías.
–Con información de EFE y AP
