Si fuera solo por el terreno discursivo y simbólico, podríamos decir que a esta nueva administración le preocupan bastante las personas desaparecidas. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.

Por Ángel Ruiz @ruizangelt*

¿Cómo se puede decir que un Gobierno está preocupado por la crisis de derechos humanos en México que ha adquirido una crudeza especial desde el 2007? O bien, ¿cómo se puede decir que un Gobierno muestre que las más de 40 mil desapariciones en el país son algo que quiere solucionar con urgencia, en términos de verdad y acceso a la justicia? ¿O que quiera realmente erradicar la tortura y los malos tratos de todas las esferas en las que se comete en el país?

Si fuera solo por el terreno discursivo y simbólico, podríamos decir que a esta nueva administración le preocupan bastante las personas desaparecidas, por ejemplo: este año se nombró a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SNB) el cual presentó un informe a los tres meses presididos por el Presidente de la república, además de que hace unos días se aceptó la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada para la revisión de casos en el país. Por otro lado, todo este año se ha trabajado en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura con una amplia convocatoria en la que hay instancias públicas involucradas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, Fundar entre ellas.

Todas esas son muestras de una voluntad política por atacar los problemas. Pero ningún problema público se elimina solo con voluntad política. Para superar el terreno simbólico y discursivo, es necesaria la creación de institucionalidad, la articulación de políticas públicas y una dotación presupuestaria suficiente y adecuada.

Hace unas semanas, desde Fundar publicamos varias propuestas para que el presupuesto público sirviera para todas las personas de cara al Proyecto de Egresos de la Federación 2020 (PEF2020). Posteriormente, analizamos colectivamente el PEF2020 y nos encontramos con varios aspectos (algunos positivos y otros preocupantes) que son necesarios destacar para evaluar si la erradicación de las violaciones graves a derechos humanos es una prioridad de la actual administración.

Búsqueda de personas desaparecidas

En primera instancia, nuestra propuesta inicial en materia de desaparición se centraba en que el Presupuesto 2020 debe mostrar claramente la prioridad de la búsqueda en vida de personas desaparecidas, pues veíamos cómo existía una tendencia a la baja del presupuesto de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), adscrita a la Fiscalía General de la República. Este patrón era repetido a nivel local, dejando de lado tanto las diligencias de búsqueda llevadas a cabo por dichas instancias, como una desarticulación con las Comisiones de Búsqueda (Nacional y Locales). Este hecho provoca que la sinergia positiva que debe existir entre búsqueda y acceso a la justicia se transformara en una suerte de competencia presupuestal. Para eliminar dicha competencia tendría que existir un aumento presupuestario proporcional y suficiente a nivel de fiscalías y comisiones de búsqueda para que el SNB hiciera lo que lo toca hacer: encontrar a las personas desaparecidas garantizado la justicia.

¿Qué propone el PEF 2020? Aumentos presupuestarios de más del doble de presupuesto para las Comisiones Locales de Búsqueda (114 por ciento) y del 14 por ciento para la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (39 por ciento para el gasto operativo). Dichos elementos son positivos, pero ante la realidad a la que se enfrentan, siguen siendo insuficientes. ¿Por qué?

La búsqueda de personas desaparecidas tiene dos facetas: la búsqueda en vida y la identificación de personas en materia forense; aunque ambas son igualmente importantes, las labores de búsqueda en vida representan la mayor esperanza de verdad y justicia para familiares de personas desaparecidas, además de ser el estándar internacional que debe seguir[1]. Por tanto, el presupuesto para búsqueda en vida no puede ser a costa de la atención de la emergencia forense del país. El aumento presupuestal para la Comisión Nacional de Búsqueda debe ser aún mayor, pues el presupuesto de 700 millones de pesos debe servir para financiar las diez medidas anunciadas en materia forense como parte del Informe de Trabajo del SNB y, al mismo tiempo, para las labores de búsqueda en vida de personas desaparecidas.

Por otro lado, al venir de un descenso presupuestario de casi 30 por ciento en 2019 y con la constante de desapariciones en el país (traducido en un aumento en las carpetas de investigación y mesas de trabajo con colectivos de familiares) el aumento de dinero a la FEIDDF resulta aún insuficiente para poder realizar las labores de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, por mucho.  Si se mira al anterior de la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos ni la Fiscalía Especializada en Investigación los delitos de Desaparición Forzada son prioridad, pues representan tan solo el 36 por ciento y el 3.5 por ciento del presupuesto asignado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Investigación del delito de tortura

Para que la investigación y erradicación del delito de tortura en México sea un hecho requiere de un presupuesto adecuado y suficiente. Sin embargo, el PEF 2020 nos muestra que la recién creada Fiscalía Especial para la investigación del Delito de Tortura cuenta con tan solo 750 mil pesos para gasto operativo y no cuenta con personal adscrito a la misma. Este hecho (presupuesto mínimo y falta de personal operativo) se había dado ya el año anterior, cuando tan solo era Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. Con esta realidad es improbable cumplir con la investigación y todas las labores derivadas de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, máxime cuando muchas de las acciones derivadas del Plan Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura recaerán en la Fiscalía Especial, adscrita a la recién creada Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

La redistribución del presupuesto se hace urgente, pues, como en el caso de la desaparición, las prioridades presupuestarias están claras en el PEF: por poner una comparación, el presupuesto de la Fiscalía Especial para la investigación del Delito de Tortura representa tan solo el 0.1 por ciento del presupuesto de SEIDO. La Guardia Nacional –cuyos elementos con adscripción militar son aquellos que más cometen el delito de tortura, según la evidencia recabada– fue dotada con 3.8 mil millones de pesos lo que representaría tan solo el 0.02 por ciento del presupuesto de la Fiscalía Especial.

Un análisis con perspectiva de derechos del PEF 2020 muestra que, en términos presupuestarios, aún falta mucho para que el compromiso discursivo de la actual administración para prevenir y erradicar graves violaciones a derechos humanos se materialice. Aunque existen movimientos presupuestarios importantes para erradicar problemas como la desaparición en México, dichos esfuerzos no son suficientes y están focalizados a tan solo un aspecto de la problemática, haciendo que la búsqueda en vida de las personas desaparecidas entre en competencia presupuestal con otros aspectos –todos ellos relevantes– la implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Por otro lado, la dotación presupuestaria para la investigación del delito de tortura es tan mínima que la hace inviable, mostrando al mismo tiempo que la prioridad presupuestaria en las instancias de investigación y procuración de justicia sigue siendo el “combate” al crimen organizado. Revertir esta estrategia implica no solo cambiar el discurso y hablar de que la estrategia de seguridad y justicia ya cambió, sino que este viraje reoriente el gasto hacia el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas.

*Ángel Ruiz es investigador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar.

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[1] Es el primer Principio de Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas – Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.