Ciudad de México, 18 de oct (sinembargo.mx) – El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Guanajuato dio a conocer supuestos fraudes ocurridos durante el sexenio de Juan Manuel Oliva.
El ex gobernador panista dejó la administración de Guanjuato para unirse a la campaña de Josefina Vázquez Mota por la presidencia de la República.
Tras una auditoría realizada a la Secretaría de Salud del año 2010 -terminada hace cuatro años, pero presentada hoy, el órgano de fiscalización detalló que la empresa “Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V.” recibió contratos por 294 millones de pesos por concepto de equipo médico.
Con el reporte se dio cuenta que la empresa falsificó documentos documentos de un corporativo con sede en Nueva York, además presentó domicilios falsos para acreditar su capacidad.
Ante el caso, el Órgano fiscalizador del Congreso del Estado ordenó una denuncia penal por presuntos delitos cometidos por la empresa “fantasma”. Asimismo se pidió sancionar a los funcionarios, en ese entonces estaba como titular de la Secretaría de Salud, Jorge Armando Aguirre, que toleraron que se otorgaran contratos multimillonarios a la proveedora.
La empresa beneficiada vendió más de mil 200 equipos médicos a hospitales, la mayoría jamás utilizado.
UNA DENUNCIA PREVIA
De acuerdo con una investigación del diario a.m., en abril de 2011, una integrante del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud denunció que altos funcionarios de la dependencia operaban una organización con perfil delictivo, que repartía contratos a cambio de comisiones.
La funcionaria anexó a su denuncia ante la Gestión Pública documentos que detallaban compras irregulares por 238 millones realizadas a la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo’, misma que se descubrió consiguió siete licitaciones con información falsa.
Al hacer una revisión de los domicilios que presentaron no se autentificó la información, pues las direcciones correspondían a otras empresas. La Secretaría de Salud alegó que no se pudo corroborar la autenticidad de los documentos presentados ni la capacidad de la empresa proveedora, porque “no contaba con una estructura de apoyo” para realizar una investigación.
La denunciante aseguró que altos funcionarios de la Secretaría de Salud incurrieron en posibles delitos como Ejercicio Indebido del Servicio Público, Concusión, Cohecho, Enriquecimiento ilícito, Peculado, Abuso de Autoridad, Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Tráfico de Influencias, Ejercicio Indebido del Propio Derecho, Asociación Delictuosa y Delincuencia Organizada, indica a.m.
De acuerdo con la denuncia, uno de los directivos de la Secretaría citaba a los proveedores en el restaurante Campo Viejo, ubicado en la capital del Estado, para negociar contratos y el pago de comisiones a “la organización”, cita.
“Les presentan el listado de lo que pretendía comprar el Isapeg (Secretaría de Salud) y que escogieran lo que pudieran surtir, obviamente con un porcentaje para la organización”, narró en el escrito que presentó a la Gestión Pública.
Según la denuncia, en la licitación 40056001-014-10 el alto funcionario de Salud ordenó a los miembros de “la organización” que las compras más fuertes fueran dadas a la Empresa Mantenimiento Preventivo y Correctivo S.A. de C.V.
PRODUCTOS COMPRADOS A PRECIOS INFLADOS
Entre los ejemplos de los artículos comprados se encuentran un electrocardiógrafo multicanal con accesorios pediátricos que fue cotizado por una empresa en 40 mil 600 pesos, pero que el Gobierno pagó en 107 mil pesos a la empresa “fantasma”.
Un cardiotocógrafo, utilizado para medir el ritmo cardiaco fetal, fue cotizado por la empresa Fisher Medical Group en 57 mil pesos. Y pese a que fue la propuesta más económica, se decidió otorgarle el contrato a una empresa que cotizó cada equipo en 92 mil pesos.
En total, se adquirieron 82 ‘cardiotocógrafos’, con un desembolso de 7 millones 609 mil pesos, señala a.m.
Las propuestas más bajas fueron descalificadas con el argumento de que no cumplían con las bases de la licitación, pero tampoco cumplieron las ganadoras, por lo que de acuerdo con la licitación nacional 40056001-014-10, los equipos especializados para atención en cardiología se compraron a un precio hasta 2.6 veces más caros.
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