La supuesta “consulta ciudadana” fue convocada sin ningún sustento legal y carente de rigor técnico. No tuvo el aval ni la supervisión de alguna autoridad electoral o al menos una entidad autónoma. No hubo cabal difusión sobre la ubicación de las escasas mesas de votación, que estuvieron manejadas por partidarios del propio promotor del “ejercicio”. Ellos mismos se encargaron de recoger la votación en urnas improvisadas, de custodiarla y de contarla.

Las preguntas estuvieron evidentemente sesgadas, a modo de inducir a los votantes hacia la opción que a los organizadores importaba. No se contó por supuesto con una lista nominal de electores y los que acudieron pudieron votar dos, tres y las veces que quisieran en diferentes casillas, o en la misma, según constataron y documentaron diversos medios de comunicación. Tampoco se respetó el secreto del voto, claro.

Al final, el cómputo favoreció abrumadoramente a la propuesta preconcebida, aunque el índice de votación haya sido ridículo: menos del 1.2 por ciento del padrón electoral. No obstante, y a pesar de impugnaciones sin cuento, se consideró que el pueblo sabio se había expresado y se actuó en consecuencia.

No me refiero a la farsa montada por el Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para tratar de avalar con otra “consulta ciudadana” el atraco que pretende perpetrar para ampliar su mandato a cinco años, aunque legalmente fue electo para gobernar solamente dos, a fin de “empatar” las elecciones estatales con las federales.

Flaca memoria: los datos comprobados y publicados que anoté arriba se refieren a la “consulta” que promovió Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente electo, para justificar con la opinión del pueblo sabio su decisión de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en octubre del año pasado, que costó al país más de 130 mil millones de pesos. “La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos”, dijo el tabasqueño muy orondo. “De modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía”.

Las similitudes son todas.

Bonilla Valdez siguió el guión al pie de la letra. Aplicó la receta como si tuviera a la vista un libreto. Las mismas tácticas tramposas. Las mismas anomalías, carencias y omisiones. Las mismas mentiras. No en vano es discípulo amado, fiel seguidor del hoy Presidente de la República.

Acaudalado empresario tijuanense de los medios de comunicación de 69 años de edad y con antecedentes más oscuros que sus anteojos infaltables, es amigo muy cercano del residente de Palacio Nacional. Los une no sólo su mutua afición por el beisbol, sino un compromiso político de tiempo atrás, cuando menos desde que el bajacaliforniano fue diputado federal por el PRD (2012-2015).

El tabasqueño lo puso primero como dirigente estatal de Morena y luego lo nombró coordinador de su campaña en la región. Lo impuso también como candidato a senador en la elección federal de 2018, cargo que alcanzó, aunque a poco pidió licencia para convertirse en “súper delegado” del Gobierno de López Obrador en la entidad fronteriza y dos meses más tarde candidato a Gobernador.

La identidad entre ambos es plena, obvia, pública.

Lo más grave, y para muchos harto significativa, ha sido la actitud omisa de López Obrador ante las tropelías de su ahijado. Una y otra vez se ha resistido a deslindarse de la reforma constitucional urdida para burlar a la ciudadanía bajacaliforniana, que eligió un Gobernador para dos años. Y ahora lo hace ante la “consulta gansito” del domingo pasado, remedo de la suya propia. Y todo eso no parece nada casual. Aguas.

En vez de aceptar la responsabilidad del autor obvio de la reforma a la Constitución de Baja California, perpetrada el 8 de julio pasado, recurre a las ambigüedades y pide a quienes la aprobaron, o sea los diputados locales que según se supo recibieron sobornos millonarios, “retractarse y pedir disculpas”.

Ha dicho lo mismo que le da “pena” el tema, sin precisar cuál es el motivo concreto de su sentimiento o que es una “chicanada” que la llamada Ley Bonilla no se publique (lo que por cierto ocurrió ya este jueves), sin explicar tampoco el sentido de su crítica. También y finalmente que el caso ya lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación…
Resulta sin embargo que uno de los actores que tienen facultades para presentar ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad una vez que sea publicada la Reforma, es precisamente el Presidente de la República. No obstante, Andrés Manuel descartó promover acciones legales al respecto. “No quiero intervenir en el caso”, dijo. Así, o más claro. Válgame.

@fopinchetti 

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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