“Estas declaraciones de funcionarios públicos provocan que las víctimas sean vistas como únicas responsables de su destino, sin análisis de contexto de los sitios donde ocurren los delitos, ni de las garantías para salvaguardar sus derechos y en flagrante violación al debido proceso penal y secrecía del mismo”, señalaron activistas.
Por Lourdes Chávez
Chilpancingo, Guerrero, 18 de noviembre (ElSur).- Activistas, asociaciones civiles y colectivos de Guerrero reprobaron la criminalización de cinco integrantes de una familia privada de la libertad y luego asesinada, en la colonia Simón Bolívar, en Acapulco por parte de autoridades.
En una carta dirigida a la redacción de El Sur, expresaron una enérgica protesta contra la violencia social, política e institucional que sufren recurrentemente las víctimas de Acapulco, sin que haya consecuencia alguna.
Respondieron así a las declaraciones del sábado de la Alcaldesa Adela Román Ocampo quien vinculó a uno de los integrantes de la familia asesinada con la delincuencia, de acuerdo con información que obtuvo del Fiscal Zuriel de los Santos Barrila, como señaló textualmente.
Con 30 firmas de activistas y 13 colectivos y organizaciones, primero recriminaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya filtrado información a otros funcionarios de Gobierno sobre la investigación del paradero de la familia, que fue sacada de su casa el 15 de octubre, y luego hallada asesinada el viernes pasado.
Aseguraron que cuando trasciende esta información lo único que se consigue es la criminalización de las víctimas y la revictimización de la familia; “situación que es necesario subrayar dado el entorno de violencia e impunidad que impera en la ciudad y sus instituciones”.
Señalaron que en distintos momentos, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña, y la Alcaldesa Adela Román citaron a la Fiscalía General del Estado cuando dieron declaraciones a la prensa sobre la familia, aludiendo que una de las víctimas realizaba actividades ilícitas.
“Estas declaraciones de funcionarios públicos provocan que las víctimas sean vistas como únicas responsables de su destino, sin análisis de contexto de los sitios donde ocurren los delitos, ni de las garantías para salvaguardar sus derechos y en flagrante violación al debido proceso penal y secrecía del mismo”.
Los activistas recordaron que en los últimos 15 años se ha repetido el patrón de criminalización, y como referencia señalaron que en los estados del norte “la autoridades estatales crearon la famosa locución de narcofosas, vulnerando el principio de presunción de inocencia y como una salida fácil para decir que las víctimas estaban involucradas de alguna manera con la delincuencia organizada. La palabra extendida en el país fue combatida y busca ser erradicada por los familiares de las víctimas”.
Aunque los colectivos de familiares de desaparecidos siguen luchando por erradicar estas prácticas, “la política de criminalización se sigue repitiendo con autoridades de los tres niveles de gobierno”.
Exigieron “justicia profesional e imparcial apegada a la ley, además de consecuencias legales contra todo aquel servidor o funcionario de Guerrero que haya violentado el derecho de las víctimas y vulnerado el Estado de derecho” para las víctimas de la colonia Simón Bolívar, entre ellas un niño de 11 años y un adolescente de 16 años; e Hiram Josué Almazán Gutiérrez, de 19 años, hijos de Adriana Gutiérrez Rendón, de 34 años, asesinada con ellos, y Honoria Rendón Ríos, de 70, madre de Adriana.
Recriminaron que a las autoridades les duela más la pérdida de presupuesto “que la pérdida de los nuestros, debido a la tardanza de la diligencia”, ya que los cuerpos fueron localizados en la colonia donde vivían.
Firmaron la carta de solidaridad con los deudos, las activistas Martha Idalia Obezo Cásarez, María Luisa Garfias Marín, Alejandra Cárdenas Santana, Marisol Alcocer Perulero, Maribel Nicasio Gonzalez y Yolitzi Martínez Corrales.
Entre las asociaciones: Revolución Violeta Red Feminista Acapulco; Red Macuilxóchitl de la Montaña, Movimiento Identidad Acapulqueña, Mujeres de Éxito en México, Mexfam, ObVio Guerrero, Organización Ecológica Constructiva por un Mejor Planeta, Foro Guerrerense de Abogados, Observatorio Hanna Arendt, Colectivo Raúl Trujillo Herrera por los desaparecidos de Guerrero, Aliadas por la justicia, RZZch promotoras de cultura con perspectiva de género y Camino con Alas.
ACTIVISTAS PODRÍAN RETIRARSE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE VIOLENCIA
Por otro lado, se tuvo información de que en solidaridad con la activista Viridiana Gutiérrez Sotelo, familiar de las víctimas, representantes de asociaciones civiles revisaban la posibilidad de separarse del Sistema Municipal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Consultadas por separado, de la asociación Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, María de Jesús Martínez, y de la organización Caminando Juntas, Cristina Rebolledo, anunciaron que se saldrían del sistema porque el Ayuntamiento tampoco hace mucho para prevenir y atender las violencia hacia las mujeres.
Por otro lado, la exsecretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra, y la presidenta de la Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano, Rosa María Aguilar Miranda, coincidieron en que la Presidenta Municipal hizo declaraciones que criminalizan a las víctimas, pero señalaron que es necesario seguir en el sistema porque se necesitan contrapesos en las instituciones.
El 22 de octubre, Gutiérrez Sotelo, promotora de la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado, y presidenta del Grupo Local de Referencia de la Sociedad Civil en la iniciativa Spotlihgt México, denunció la desaparición de sus familiares ante funcionarios estatales, de la ONU y de Unicef, en el arranque oficial del programa de cooperación internacional para erradicar la violencia contra niñas y mujeres en Chilpancingo, que opera en cinco ciudades del país.
LA FEMINISTA CERRÓ SU CUENTA DE FACEBOOK
En consulta telefónica, Cristina Rebolledo, de la organización Caminando Juntas, aclaró que varias integrantes de organizaciones sociales consideraban renunciar al sistema, porque no hay una ruta clara del Gobierno municipal para cumplir prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
“Sabemos que el papel del Ayuntamiento es sumamente preventivo en el tema de violencia hacia las mujeres, pero no hay nada orgánico que permita ver una ruta clara”, señaló.
Consideró irresponsable que la Alcaldesa diga que la familia estaba vinculada con la delincuencia: “es una salida fácil del gobierno y justifican actos de este tipo. Mi solidaridad está con Viridiana, que es una compañera activista que le hecha todas las ganas en este tema”.
Informó que anunció su retiro de los sistemas municipales de violencias y de igualdad entre hombres y mujeres en un grupo de redes sociales, y llevará la renuncia por escrito al Ayuntamiento, porque así recibió la invitación para ser parte del mecanismo.
De Mujeres y Hombres y Avanzando Juntos, María de Jesús Martínez, también vía telefónica denunció las inconsistencias, desinterés y omisiones de los municipios en el estado, incluso Acapulco, para cumplir la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y el programa de la Alerta de Violencia de género que se declaró en 2017.
REPUDIÓ LAS DECLARACIONES DE ROMÁN OCAMPO
Cuestionó el descuido en sus declaraciones “que violentan la presunción de inocencia, con todo el conocimiento de la ley porque es magistrada con licencia. Puso a las víctimas y familiares en estado de vulnerabilidad, exponiéndola a la violencia comunitaria en el entorno donde ellas viven”.
Recordó que la sociedad tiene pánico generalizado, y a esto se suma la violencia institucional por declaraciones irresponsables.
También cuestionó que en las sesiones del sistema sólo entretienen a los actores de la sociedad en mesas de trabajo, porque el municipio no tiene dinero para aplicar un programa claro de acción.
La feminista Rosa María Gómez Saavedra confirmó que fue desafortunada la declaración de la Alcaldesa y políticamente incorrecta.
Explicó que su no es de juzgar a las personas “estén en lo que hayan estado, se tiene que preservar el derecho de todas y de todos”.
Coincidió en que las integrantes de la sociedad civil en el sistema deben manifestarse públicamente, sin separarse del mecanismo de seguimiento a las acciones de gobierno.
Ratificó la necesidad de mantener y dar la discusión interna en las instancias con los mecanismos que las mujeres han ganado, la la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida sin violencia, la Ley 553 de Acceso a la Mujeres a una vida libre de violencia del estado de Guerrero, y el Sistema para atender, prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Subrayó que es un logro que estén las organizaciones en el sistema y se planteó desde que se aprobaron los lineamientos.
Gómez Saavedra confirmó que en Guerrero, “donde las estructuras están sumamente debilitadas, los gobiernos son los que menos deben hacer son declaraciones que lejos de fortalecer el Estado de derecho lo debilitan”.
Y la presidenta de la Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano, Rosa María Aguilar Miranda, desaprobó la actuación de la Presidenta Municipal y aclaró que se mantiene en el sistema.
Vía telefónica, confirmó que a la Alcaldesa no le corresponde dar informes de una investigación judicial: “el fiscal es el que tiene que dar la información, se me hace muy a la ligera (su posición), ahí murieron dos mujeres, es algo muy delicado y cosas que no se hablan a la ligera”.
Estimó que los funcionarios municipales no están a la altura del proyecto nacional de la Cuarta Transformación; “sienten que llegaron al poder y que serán eternos, no están respondiendo a la actualidad, tampoco están atendiendo las propuestas que presenta la población”.
EXTRAÑA POSICIÓN DE LA ALCALDESA
En una llamada a la redacción de El Sur, la representante del colectivo Buscando Cuerpos, Margarita López Pérez, reprochó que la Alcaldesa haya señalado a una de las víctimas de la familia asesinada de pertenecer a la delincuencia.
De acuerdo con las declaraciones de Román Ocampo, el fiscal Zuriel de los Santos Barrila le proporcionó información sobre una línea de investigación, y la activista añadió que el funcionario estatal no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.
Consideró indignante el señalamiento tan directo en la prensa, que revictimiza a los familiares e incurre en una falta muy grave.
Expresó un extrañamiento porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador “siempre dijo que las víctimas al frente al centro, para priorizar sus necesidades”.
Consideró “muy delicado que acuse a personas que perdieron la vida, y si acaso, tuviera prueba de vínculos con la delincuencia, los familiares no son responsables de los actos de los hijos, ni los hijos son responsables de los actos de los padres”.
López Pérez indicó que las madres del colectivo son rastreadoras, y para ellas es indispensable que la autoridad trabaje en las primeras 24 y 48 horas para localizar a las personas desaparecidas y recuperarlas con vida.
Lamentó que la autoridad no haya hecho lo necesario para salvarlos, pues los cuerpos fueron localizados un mes después en las inmediaciones de la colonia donde vivían.
