El caso es emblemático de la violencia de género contra mujeres periodistas. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

El 16 y 17 de diciembre se cumplieron 15 años de la detención arbitraria y tortura de la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro. La razón radicó en la publicación de Los demonios de Edén, libro en el cual se exhibe una red de explotación sexual infantil protegida y auspiciada por empresarios poderosos y altos funcionarios estatales y federales. El caso es emblemático de la violencia de género contra mujeres periodistas. También es un botón de muestra de la desviación del poder punitivo del Estado contra las personas que trastocan intereses políticos y económicos oscuros.

Por ello, es necesario mostrar el carácter paradigmático del caso en términos de la impunidad y su causas estructurales. En un tuit publicado recientemente por Lydia, sintetiza claramente lo que ha significado este camino: una lucha contra la justicia.

Primer acto: ser periodista y mujer es un doble riesgo

El empresario Kamel Nacif Borge denunció a la periodista ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla por los supuestos delitos de difamación y calumnias. Con celeridad inusitada se integró la averiguación previa y ordenó la detención de Lydia. Lo que pasó después quedaría registrado como una historia infame y dolorosa de la justicia mexicana.

El 16 de diciembre de 2005, policías judiciales de Puebla, apoyados por agentes de Quintana Roo y agentes privados de Nacif, detuvieron a Lydia a las afueras del Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún. Desoyeron las peticiones de no llevarla por tierra debido a que recién se recuperaba de una bronquitis. Acto seguido la llevaron a Puebla. En el trayecto de 20 horas la periodista sufrió amenazas, agresiones físicas, verbales e intimidaciones sexuales por parte de dos policías. Uno de ellos expresó que era parte de un grupo que le hacía “chambitas” al Gobernador Marín.

Ante la presión desplegada por amistades y organizaciones solidarias, las autoridades poblanas pretendieron engañar a la opinión pública. En la caseta de entrada al estado de Puebla, introdujeron al automóvil a policías judiciales mujeres con la intención de simular que fue custodiada por ellas. En los separos de la Procuraduría poblana y después en el CERESO sufrió nuevas agresiones físicas.

En este primer acto, se revelaban dos condicionantes para el ejercicio de derechos fundamentales. Ser periodista implica que según datos de ARTICLE 19 estar susceptible a sufrir agresiones cada 10.75 horas. Si esa persona comunicadora decide denunciar formalmente la posibilidad de alcanzar justicia es casi nula: el 98.5 por ciento de los crímenes contra periodistas se mantienen impunes.

También ser mujer en este país es una condición de profunda discriminación y riesgo. Cada día se asesinan a 10 mujeres por el hecho de ser mujeres. El 80 por ciento de las mujeres detenidas son torturadas por agentes del estado que las tienen bajo su custodia, 30 por ciento de ellas torturadas sexualmente. Estos casos extremos de vulneración de la vida y la integridad personal de las mujeres también encuentran como correlato una impunidad prácticamente absoluta.

La primera pregunta es: ¿Por qué se agrede a una periodista?, ¿por qué se tortura sexualmente a una mujer bajo custodia del estado? La respuesta es, porque se puede, porque es normal para las autoridades policiales y militares y porque nunca hay consecuencias para los perpetradores. En el caso de Lydia se suma otro factor. Porque así se ordenó desde las altas esferas del poder público poblano en 2005.

Segundo acto: la conspiración desde el poder

La indignación social suscitada en los meses siguientes a la detención y tortura sexual de Lydia alcanzaría su máximo nivel cuando en febrero de 2006 se dieran a conocer las sórdidas conversaciones telefónicas entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Kamel Nacif. Ambos personajes se regodeaban con patéticos halagos mutuas (“eres mi héroe”, “mi gober precioso”) y se ufanaban de haberle “dado sus coscorrones a esa vieja cabrona (sic)”.

Se mostraba con toda su crudeza y como nunca antes el uso faccioso del aparato de justicia penal y el imperante pacto de impunidad, vigente hasta nuestros días.

En marzo de 2006, Lydia Cacho denunciaría ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sin resultados y bajo fuertes amenazas en su contra. A este frustrante periplo se añadiría la resolución desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el marco de la investigación de violaciones graves a derechos humanos. Decía el más alto tribunal de justicia, después de votación dividida y polémica de sus ministras y ministros, que no se acreditaban violaciones graves a derechos humanos pese a la evidencia que les gritaba a la cara.

Mientras tanto, pocos avizoraban una larga estela de asesinatos, tortura y desapariciones en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”. Todas ellas atrocidades escondidas y protegidas por intereses oscuros en distintos niveles del poder político y económico. El caso de Lydia anunciaba, en tiempos de supuesta transición democrática, la persistencia del pacto de impunidad que sostuvo al régimen priista.

Sin embargo, después de un procedimiento en Ginebra, Suiza que tomaría 4 años (2014-2018) el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió que los derechos de Lydia habían sido vulnerados gravemente. En efecto, con una resolución del organismo internacional se corroboró que  en este país se persigue penalmente a quien dice la verdad; que la tortura como una práctica generalizada para obtener información o de castigar y; que las mujeres son violentadas sistemáticamente en todos los ámbitos de la vida pública y privada, en especial cuando están bajo custodia de agentes estatales.

Tercer acto: la lucha contra el aparato de justicia

Lo expuesto antes resume un tortuoso camino para alcanza justicia a cuenta gotas. Debido a la presentación del caso ante la ONU en 2014, la PGR reactivó el caso después de 6 años sin hacer nada. Consignó el expediente ante el Poder Judicial de la Federación y logró -ahora sí- órdenes de captura contra  dos policías que ejecutaron directamente tortura. El agente José Montaño fue detenido de inmediato mientras que el policía Pérez Vargas continúa prófugo.

Tres años después Montaño sería sentenciado a 6 años de prisión. Una pena raquítica para un acto tan grave como la tortura. En México es más penado robar gasolina que violentar la integridad de una persona. El policía ya recuperó su libertad el 9 de diciembre pasado.

Gracias a la decisión final del Comité de Derechos Humanos de la ONU (adoptada en julio 2018) se detonó lo que parecía imposible: la persecución de la cadena de mando que participó en las violaciones a derechos humanos de Lydia.  A finales de ese año, un juez federal en Quintana Roo libró órdenes de aprehensión contra los policías de menor rango y las negaría contra los autores intelectuales. Otra vez a pelear contra la justicia. Hasta abril de 2019 una Magistrada revocaría la decisión inicial de no girar órdenes. Vendría otro pelea.

En efecto, en julio del año pasado los autores intelectuales Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam se encontraban en calidad de prófugos. El día 21 unos sujetos allanaron la casa de Lydia, mataron a sus mascotas y robaron material periodístico sensible que contenía investigaciones de las redes de pederastas. El mensaje de los perpetradores fue claro, el pacto de impunidad se defenderá con uñas y dientes a través  más amenazas contra Lydia y los suyos.

Mientras se tramitan amparos por parte de los agresores y la periodista está en el exilio, se opera la maquinaria de corrupción judicial que persiste en estos tiempos. Las órdenes se cayeron en los tribunales y se volvieron a girar recientemente en la acostumbrada danza agónica por la justicia. A la par, con paso cansino y pasmoso, la FGR dice perseguir a los autores intelectuales y les permite ganar tiempo para ganar recursos judiciales. Nada nuevo bajo el manto de oscuridad que teje la impunidad en nuestra vida pública. Nada nuevo para Lydia quien con la dignidad incólume mantiene una lucha de 15 años, como miles de sobrevivientes de la violencia en México.