Washington 1 Ago (Notimex).- El Departamento estadunidense de Justicia presentó hoy una demanda para bloquear la ley de migración de Alabama HB 56, al argumentar que la ordenanza interfiere con una responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
La dependencia alega que varias previsiones de la legislación entran en conflicto con las leyes federales en la materia, y “socavan el balance en la aplicación y objetivos de las leyes de migración”.
“Aunque el gobierno federal valora la asistencia y cooperación de los estados respecto al cumplimiento de las leyes de migración, un estado no puede establecer su propia política de migración, mucho menos pasar leyes que contravengan el papel federal”, precisó la petición.
Promulgada en mayo pasado, la ley obliga a los agentes de policía de Alabama a “determinar el estatus migratorio de una persona que se sospeche sea un extranjero no autorizado a estar en el país”.
De igual forma, requiere a las escuelas públicas determinar la situación migratoria de sus alumnos, y criminaliza la interacción entre residentes e indocumentados.
En su demanda ante la Corte Federal de Distrito del Norte de Alabama, el Departamento explicó que su acción responde a las mismas preocupaciones generadas por la ley de migración de Arizona SB 1070.
Aludió a la posibilidad de que la ley “resulte en hostigamiento y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y aún ciudadanos estadunidenses que no pueden demostrar con prontitud su estatus legal”.
El procurador general de Justicia, Erick Holder, dijo que la acción de este lunes deja en claro que el reto que presenta el ineficiente sistema migratorio nacional no puede enfrentarse con “remedos” de leyes estatales.
“El Departamento está comprometido a evaluar cada una de las leyes de migración y tomar decisiones basadas en hechos y en la ley. Cuando encontremos que leyes estatales interfieren con el gobierno federales, vamos a demandar como lo hicimos en Arizona”, dijo.
Por separado, la secretaria de Seguridad Interna (DHS) Janet Napolitano consideró que la nueva ley distraerá recursos policiales de las tareas más apremiantes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
“Nosotros continuamos apoyando una amplia reforma de nuestro sistema migratorio a nivel federal, porque este reto no puede ser resuelto con un mosaico de inconsistentes legislaciones estatales”, indicó.
La HB 56 rebasa los alcances de la SB 1070 de Arizona, al dejar a discreción de la policía detener personas para determinar su estado migratorio sin que exista causa probable, sino sólo una “sospecha razonable” de que sean indocumentados.
La norma aprobada en junio pasado en la Asamblea Legislativa obliga a dueños de casas y apartamentos a verificar la situación migratoria de posibles arrendatarios, y prohíbe a los ciudadanos de Alabama albergar o transportar a indocumentados, aunque sean familiares.
