La suspicacia acompaña permanentemente el funcionamiento del Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas. Hace algunos años se criticó la opacidad del manejo del presupuesto de esa partida y que no abonaba al combate a la pobreza.

Hoy, de cara a la investigación que el estado de Chihuahua inició al priista César Duarte Jáquez por corrupción y desfalco al erario de la entidad, vuelve a salir a cuento por ser, de acuerdo con el Gobernador Javier Corral Jurado, un instrumento político para castigar el intento de transparencia y justicia que realiza el Gobierno de esa entidad, y para tratar de frenar los  alcances que ésta pueda tener entre personajes clave del PRI y la administración federal.

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero que se desprende del Ramo 23, se creó en 2016 para promover acciones de desarrollo regional. Funcionó dos años y para 2018 desapareció, pero absorbió en ese periodo 95 mil 064 millones 129 mil 860 pesos.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– El Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) perteneciente al Ramo 23, funcionó solamente en 2016 y 2017; en el primer año se le aprobaron mil 481 millones 010 mil 478 pesos y se ejerció una cantidad 41 veces mayor: 62 mil 258 millones 129 mil 860 pesos.

En 2017 se le aprobaron 3 mil 244 millones 754 mil 300 pesos y, hasta el cierra de septiembre pasado, se habían ejercido 35 mil 064 millones 129 mil 860 pesos, de acuerdo con México Evalúa. Esto es, 911 por ciento más de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión.

En total, el presupuesto del que gozó el Fondo de Fortalecimiento Financiero fue de 95 mil 064 millones 129 mil 860 pesos.

Como quedó establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016 –entregado todavía al Congreso por el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y negociado por su sucesor José Antonio Meade Kuribreña– dicho fondo se creó para promover acciones de desarrollo regional y se ejecutaría a través del Ramo 23, que es el único que se maneja con una lógica diferente al resto y cuya operación ha sido señalada por diversas organizaciones de transparencia como “opaco” y “discrecional”.

Un estudio de México Evalúa expone que para 2017, el monto aprobado en el PEF para el Fortafin fue de 3 mil 244 millones de pesos, tuvo un incremento de 108% por ciento real respecto a los aprobado en 2016. Y con la última información disponible, se sabe que a través de Fortafin se habían gastado 32 mil 806 millones de pesos.

Chihuahua fue el estado que menos recursos recibió, solo 61 millones de pesos, cuando en promedio los estados recibieron mil 023 millones.

De acuerdo con Paulo Díez Gargari, abogado encargado de la estrategia legal del Gobierno de Chihuahua en el conflicto con el Gobierno federal, el Fondo de Fortalecimiento Financiero es uno que la Secretaría de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad.

La entidad que más dinero recibió del Fortafin fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017.

“Que no nos digan que no hay un castigo a un pueblo. No al gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno”, sostuvo Díez Gargari.

El PEF 2018 ya no consideró recursos para dicho fondo y tampoco para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programas Regionales, Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México, Fondo para Fronteras y Fondo de Apoyo a Migrantes, mismos que en 2017 se les aprobaron recursos hasta por un monto total de 17 mil 592.3 millones de pesos.

El problema de fondo sería el manejo del dinero del Ramo 23.

Un estudio elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) plantea que el Gasto Federalizado propuesto en el PEF 2018 a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ascendió a 14 mil 940.7 millones de pesos, lo que en términos nominales significó un decremento de 35 mil 094.2 millones de pesos respecto al monto aprobado en 2017, y en términos reales representa una caída de 71.5 por ciento.

REGULAR EL RAMO

En entrevista con SinEmbargo, el doctor Kristóbal Meléndez Aguilar, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que el Ramo 23 se maneja a una lógica diferente de otros ramos y se colocan ahí ciertos programas que varían de forma sustancial año con año.

Destacó que en el Ramo 23 hay dos conceptos importantes: uno, el gasto federalizado, que son los recursos que van principalmente a los estados, y el que no es federalizado, en el cual el Gobierno federal toma control de ello.

Y esa naturaleza del Ramo, continuó, es la que hace que sea normal el aumento del presupuesto ejercido frente al aprobado.

“Depende de si hay recursos mayores que se puedan distribuir; en los últimos años la recaudación que tuvo el Gobierno federal fue mayor a lo presupuestado, entonces hay excedentes de los cuales se pueden distribuir a los estados o que el mismo Gobierno federal decida qué hacer. Uno de esos fue utilizarlos en el Fortalecimiento Financiero, que algunos Estados han tenido justamente problemas financieros, por su nivel de endeudamiento.  Entre los más endeudados a nivel nacional, está Chihuahua y se podría pensar que se le debería de dar prioridad a estados más endeudados, como es el caso, pero no ocurrió”, comentó.

 

México Evalúa denunció que existen “riesgos” en el manejo del Ramo 23 asociados al crecimiento excesivo del gasto de este Ramo en condiciones de discrecionalidad, ya que puede facilitar el uso del dinero público para fines políticos, así como para la corrupción. “Una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos”, se concluye en el estudio antes citado.

Para Meléndez Aguilar, un punto de inicio es la transparencia, “se podría empezar con fijar reglas de operación claras, en las que se establezcan los mecanismos con los que se van a distribuir todos esos recursos, dado que es un fondo de reciente creación y que no se presta a mucha ambigüedad, firmar convenios en los que cada estado se pone de acuerdo con el Gobierno federal y la Secretaría de Hacienda. Con reglas claras de cómo se distribuye, quiénes tienen prioridad y a qué conceptos se va a distribuir”.