A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que la acción se logró gracias al diálogo y debate con organizaciones, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos de protección y defensa de derechos humanos, a nivel nacional e internacional.
Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de algunos de los artículos de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre, por vulnerar los derechos y libertades básicas de los mexicanos.
La Comisión señaló que además estos artículos afectan el diseño, equilibrio y las facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
A través de un comunicado detalló que la acción se logró gracias al diálogo y debate con organizaciones, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos de protección y defensa de derechos humanos, a nivel nacional e internacional.
En la acción de inconstitucionalidad, la CNDH destaca la subordinación de las autoridades civiles a militares, lo que contradice, señala, criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Resalta que la Ley de Seguridad Interior no transparenta la acción de las fuerzas armadas y no precisa la intervención que tendría el Ejecutivo Federal en el uso de la fuerza.
La Comisión indica que la Ley de Seguridad no reporta ningún beneficio directo “ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas”.
Por todo lo anterior, la CNDH llama a la necesidad de que se lleve a cabo una revisión integral y un replanteamiento de sus políticas en materia de seguridad y justicia para dar una respuesta “real y afectiva” respecto a la inseguridad que se vive en el país.
“La CNDH ratifica su convicción sobre la necesidad de que en México se lleve a cabo una revisión integral y un replanteamiento de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia que permita dar una respuesta real y efectiva a la problemática que enfrentamos en ese ámbito, con pleno respeto a la dignidad de las personas y al orden constitucional vigente”.
Por último aclara que no busca “atacar a las instituciones”, sino preservar la integridad del sistema constitucional y los derechos humanos.