Si a los discursos nos atenemos, el Presidente Enrique Peña Nieto ha dicho, desde el día uno de su gobierno, que quiere un país con mayor apertura y rendición de cuentas. Pero si nos centramos en los hechos es claro que el Jefe del Ejecutivo, o quienes están detrás del él y le susurran al oído, busca que este país siga siendo considerado el reino de la opacidad.

La historia del país, a partir del surgimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la pseudo democracia que impulsó, revela que ese instituto político se ha alimentado, y muy bien, de la corrupción y la impunidad. Los que vinieron después, y que han ascendido al poder tanto en la Presidencia de la República, como en los gobiernos de los estados y los ayuntamientos, han copiado esas técnicas y estrategias para, también, aprovecharse de la falta de mecanismos legales que los obliguen a transparentar presupuestos, personales y públicos.

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por mencionar a los más grandes, son corresponsables de que hoy México se ubique en los primeros lugares de corrupción y falta de transparencia en el mundo y, lo peor, que esos actos criminales emanen de funcionarios y políticos, en perjuicio del dinero público, el que debiera usarse para impulsar la prosperidad de los mexicanos.

No obstante la crisis de desconfianza a niveles nacional e internacional en la que está sumida la clase política en México y, en especial, la administración federal, ni el Jefe del Ejecutivo, ni sus colaboradores más cercanos, ni los miembros de la élite priista parecen dispuestos a enfrentar este problema, que claramente está afectando la marcha del país.

La redacción de la nueva Ley General de Transparencia, que actualmente se discute en el Senado de la República, muestra que el Presidente y su equipo no están dispuestos a abrir de capa las cuentas de la administración pública y menos los patrimonios de los funcionarios. Pero, además, tampoco permitirán que la sociedad mexicana conozca a fondo la cloaca en temas de seguridad nacional –los crímenes de Estado y de lesa humanidad, por ejemplo– para que, en el ejercicio de investigaciones pulcras, sean castigados con todo el peso de la ley.

Ayer, los senadores del PAN anunciaron que harán público el documento enviado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, cuyo titular es Humberto Castillejos Cervantes, en donde se promueven 80 cambios importantes a la iniciativa para crear la Ley General de Transparencia.

Los panistas, como lo hizo el PRD la semana pasada, adelantaron algunas de las “observaciones” que se enviaron desde Los Pinos al Senado, para dotar al Consejero Jurídico de facultades extraordinarias en materia de impugnación a resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

“El documento es de escándalo, lo que allí se plantea son auténticas regresiones en materia de prueba de daño, en materia de fideicomisos, en materia de declaraciones patrimoniales o acciones públicas, ambigüedades, hay falta de definiciones fundamentales, hay una merma a  las obligaciones de transparencia”, afirmó el Senador Javier Corral Jurado.

El legislador acusó que los 80 cambios promovidos por Humberto Castillejos es la voz del Presidente Peña Nieto y pinta de cuerpo completo lo que el mandatario piensa en materia de transparencia.

Entre los cambios propuestos a la legislación secundaria están la reducción a las facultades del IFAI para resolver impugnaciones, carece de obligación de los entes para generar información y no contiene sanciones contundentes para aquellos que se resistan a la transparencia. Tampoco promueve la transparencia efectiva de gastos en el Congreso de la Unión, ni de los partidos políticos.

Además plantea como información reservada casos de corrupción en el Gobierno federal, violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, así como los recursos que integran los fondos y fideicomisos públicos.

La aparición de este documento, por supuesto, es una muy mala noticia para los mexicanos y la sociedad civil organizada, que desde hace años ha dado una lucha ejemplar para transparentar el ejercicio de los poderes públicos en México.

El que el Presidente y su equipo hayan dado este “manotazo” a esa Ley, justo cuando la imagen de la actual administración atraviesa por su peor momento, en un sexenio que no ha cumplido ni la mitad de su existencia, es grave, preocupante y desalentador para los mexicanos.

Además, lo hace con alevosía y ventaja, según los expertos, pues sabe que los votos de los legisladores del PRI y los de los que pertenecen a sus partidos rémoras –como el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal)– son suficientes para apabullar a la oposición e imposibilitar que ésta interponga acciones de controversia e inconstitucionalidad contra esa Ley.

El Senador Corral Jurado lo dijo crudo y duro: “En mal momento Peña Nieto envía un proyecto como éste, como si su imagen estuviera muy fortalecida en términos democráticos o transparentes. En medio de una corrupción que lo enloda y frente a la mayor debilidad en imagen pública que ha tenido un Presidente de la República es un absurdo que Peña mande este memorándum de reversas a la legislación secundaria”.

Pero lo hizo, sin rubor alguno y con la marca de la casa: al más puro estilo de la imposición priista, que no oye ni escucha ni ve.

El dilema de Peña Nieto es que dice que quiere la transparencia, pero no trabaja para ello. No se sabe si porque no puede, no le apetece o, simplemente, no lo dejan.

Redacción/SinEmbargo

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