La promesa de campaña del gobernador del Estado para el puerto no sólo fue incumplida, sino que el Congreso pedirá indagar en el procedimiento y pagos millonarios que se hicieron. Según información del Congreso del Estado, desde 2015 se han invertido 161 millones 348 mil pesos en la compra del predio al panista José Antonio de los Santos Egozcue. La Diputada Claudia Agatón cuestionó al ex titular de SIDUE por eliminar la “garantía de seriedad” que libró al consorcio de un pago por no continuar la obra.

Por Lorena Lamas

Tijuana, 19 de febrero (Zeta/SinEmbargo).- El Gobierno del Estado de Baja California hizo del Aeropuerto de Ensenada, en la delegación Ojos Negros, un “elefante blanco” en el que ejerció una inversión pública por 217.9 millones de pesos.

La promesa del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid fue que antes de concluir su sexenio vería el aterrizaje de la primera aeronave de carga y posteriormente de vuelos comerciales. Sin embargo, falló el acuerdo para la conformación de una Asociación Público Privada (APP) con el consorcio Visión Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV.

Según el trato, el consorcio invertiría el 49 por ciento del costo total del proyecto que rondaba en mil 212 millones de pesos, mientras el resto del dinero lo pondría el Estado.

Durante el proceso de licitación, conformación de la APP y ejecución del proyecto hubo una serie de irregularidades documentadas en su momento por ZETA.

La promesa del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid fue que antes de concluir su sexenio vería el aterrizaje de la primera aeronave de carga y posteriormente de vuelos comerciales. Pero el proyecto no ha avanzado. Foto: Gobierno de BC

El 6 de marzo de 2018, seis meses después de ganar la licitación, Visión Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV renunció a firmar los contratos definitivos.

Posteriormente en agosto del mismo año, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) modificó sorpresivamente las bases de licitación, de modo que el licitante ganador libró pagar 52 millones de pesos.

Sobre este asunto, la Diputada estatal, Claudia Agatón Muñiz ha girado una serie de oficios solicitando al Gobierno del Estado la justificación por haber removido este punto, cinco días antes de que se cumpliera el plazo para pagar la penalización.

Por último, el 5 de enero de 2019, la empresa Control de Protección y Custodia, SA de CV, que prestaba seguridad con circuito cerrado, abandonó los servicios por órdenes de Oficialía Mayor del Estado.

LA RENUNCIA DEL CONSORCIO

En marzo de 2018, Feliciano Campos Herrera, representante legal, notificó al titular de la SIDUE, Alfonso Padrés Pesqueira, su retio del proyecto:

“Al realizar un análisis exhaustivo por los miembros de este consorcio respecto de las exigencias de dicho proyecto para mi representada; tomando en cuenta las implicaciones de precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, y no obstante que contamos con la experiencia y capacidad (…) nos vemos imposibilitados para continuar en el procedimiento para consolidar y construir la sociedad mercantil”.

A la par, firmaron su deserción los asociados All Proyecto y Obras, Arca del Pacífico, Constructora RJ Ingeniería, Constructores y Trituradores Pacnor y Operador Sr. Antonio Santillán.

SIDUE “JUEGA” CON BASES DE LICITACIÓN

En la circular 02/2017, el entonces titular de la SIDUE, Manuel Guevara Morales, eliminó el inciso A, en el que se hace mención a la “garantía de seriedad” que protege la inversión pública.

Por quitar esta cláusula, Visión Desarrollos Inmobiliarios se libró de pagar 52 millones 246 mil 945 pesos por abandono del proyecto. La penalidad era del 5 por ciento del costo total de la obra.

Esto ocurrió el 23 de agosto de 2018, un día antes que se cumpliera el plazo de 180 días para celebrar el contrato constitutivo de la empresa de participación estatal mayoritaria para administrar, operar y construir el aeropuerto.

La Diputada Claudia Agatón Muñiz presentó un acuerdo económico que fue rechazado por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), donde pidió la comparecencia del titular de SIDUE y, entre otras cosas, cuestionar sobre el retraso de la obra, así como el motivo de eliminar la “garantía de seriedad”.

El hecho de haber jugado con las bases de la licitación dañó la Hacienda pública al destruir la garantía y protección para el Estado. Las bases de la licitación 01/2017 tuvieron un costo por 400 mil pesos.

La suma del costo de la construcción de las obras, permisos, estudios, licencias y proyectos, seguros y fianzas, gastos de supervisión y medidas de mitigación -contando el Impuesto al Valor Agregado- fue de mil 212 millones de pesos.

Según información del Congreso del Estado, desde 2015 se han invertido 161 millones 348 mil pesos en la compra del predio al panista José Antonio de los Santos Egozcue. Foto: Enrique Botello, Zeta

ESTADO EVADE PAGO A GUARDIA DE SEGURIDAD

Federico Sámano, un hombre de 60 años de edad, mantiene la seguridad del terreno, una estación meteorológica y una planta generadora de energía eléctrica; el 5 de enero fue notificado de que la obra quedó suspendida.

El guardia cumplió tres años viviendo en un angosto baño expuesto a temperaturas extremas, pero hace tres catorcenas, Control de Protección y Custodia, SA de CV trasladó la responsabilidad laboral del empleado al Gobierno del Estado que no le ha pagado 18 mil pesos de su sueldo por cuidar el lugar y el equipo.

Una vez que la empresa de seguridad se retiró, Oficialía Mayor del Estado quedó de visitar el lugar el 6 de enero para sacar el equipo, pero a la fecha no se ha presentado.

Ahora el hombre está cautivo dentro del terreno, sin sueldo y cuidando bienes públicos valuados entre 300 mil y 400 mil pesos, y asegura que si se marcha, serán vandalizados porque ha habido varios intentos de intromisión.

“La empresa con la que estaba trabajando me dijo que dejaron de prestar servicio al Gobierno del Estado, que me quedara si quería y me pagaban ellos, pero nadie se ha parado por aquí, ya me quiero ir, pero que me paguen lo que me deben”, manifestó.

DERROCHE DE DINERO

Según información del Congreso del Estado, desde 2015 se han invertido 161 millones 348 mil pesos en la compra del predio al panista José Antonio de los Santos Egozcue.

Posteriormente, un millón 486 mil pesos para cubrir el coste de recuperación al organismo descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, “por la elaboración de una base de datos de los estudios climatológicos aeronáuticos del sitio”, más 54 millones 717 mil pesos de siete terrenos en Mexicali y uno en Tijuana, autorizados por la anterior Legislatura en septiembre de 2016 “… como pago en especie para cubrir los honorarios de los trabajos de terracería en las hectáreas destinadas al aeródromo”.

AEROPUERTO A INVESTIGACIÓN

Armando Reyes Ledesma, presidente de la Subcomisión Aeroportuaria en la Comisión de Infraestructura en el Congreso de la Unión, detalló que pese a que la empresa renunció al proyecto, debe pagar por su incumplimiento en la primera fase.

“Es una APP y lo que tengo a la mano, es que todos han faltado al compromiso”, y recalcó, es posible que este caso se asemeje a lo que sucedió en Texcoco, Estado de México.

Corresponderá a la siguiente administración dar seguimiento al proyecto, ya que el dinero no se puede desperdiciar como hasta el momento lo ha hecho el Gobierno del Estado.

Reyes advirtió que pedirán una investigación ante la Auditoría Superior del Estado para verificar en qué se ejerció cada peso del erario público.

IP TENÍA UNA “CORAZONADA”

De acuerdo con Jorge Cortés Ríos, titular del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), el posicionamiento de los empresarios siempre fue que primero se resolviera la operación del aeropuerto civil de El Ciprés y después pensar en otro más grande.

“Aunque nadie se opone al desarrollo, siempre expusimos la necesidad de echar a andar el de El Ciprés para atraer turismo en avionetas, y conforme se den las cosas, hacer uno internacional en Ojos Negros”, declaró respecto al estatus del proyecto.

Lamentó que la propuesta impresa y firmada por la Iniciativa Privada no haya sido tomada en cuenta por el gobernador.

En ella, dijo, se pidió realizar las dos obras en paralelo, no perderla de vista y “meterle dinero al aeropuerto pequeño que tenemos, con pistas y pavimentado, con oficinas de migración, así como una aduana. Queremos cosas posibles, independientemente de las prioridades”.

Y argumentó, éste es un ejemplo de que en el CCEE han tenido razón en varios planes, como en el tema del agua, “dijimos a las autoridades que en 2013 íbamos a tener problemas con el agua y así fue, nos quedamos sin agua porque tenemos gobiernos omisos”.

Cortés entregará a la próxima gubernatura estatal la misma carta con las obras pendientes para Ensenada, en la que no incluyen el Aeropuerto de Ojos Negros.

PREDIO DE AEROPUERTO, “PATRIMONIO DE BAJACALIFORNIANOS”

En la última visita de Francisco Vega de Lamadrid, se le preguntó directamente, pero omitió hablar de los avances del aeropuerto, sólo se desvió e hizo mención de otras obras pendientes que han sido descuidadas por el Gobierno Federal, como el Libramiento Oriente y la ampliación del Bulevar Costero.

“Ya compramos ahí más de 700 hectáreas, ya son parte del patrimonio de los bajacalifornianos. Están los permisos para que esto sucediera, mediciones de viento, neblina y cosas técnicas”, resumió sobre la mega obra prometida en campaña.

Aunque cuentan con los permisos, se abstuvo de dar fechas, “pasa mucho tiempo, sobre todo por las mediciones que tienen que hacer de los vientos, de las neblinas y de muchas cosas técnicas que he aprendido en el periodo de la gubernatura”, fueron las últimas noticias de “Kiko” Vega respecto al mega proyecto que incluyó en el Plan de Desarrollo 2014-2019.

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